Un coronel, un teniente coronel y un capitán también se negaron a comparecer ante el Poder Legislativo, violando la Constitución y la ley vigentes.
Caracas. Desde el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, pasando por generales de división y de brigada, coroneles y capitanes hasta alcanzar la cifra de 8 funcionarios de alto y mediano rango, han rehusado rendir cuentas de sus actuaciones ante la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional (AN) este año. Así lo registra el informe de gestión de la instancia parlamentaria aprobado por la comisión esta semana.
Tal actitud impidió a la opinión pública y a familiares de las víctimas de sus actuaciones establecer responsabilidades del alto mando en la salvaje represión contra las protestas de este año, determinar la idoneidad de directores de cárceles militares que son acusados de violar los derechos humanos de los detenidos, e incluso iniciar un expediente por agresión física de militares contra la autoridad civil representada en los diputados de la AN.
El ejemplo dado por el ministro de la Defensa a sus subalternos viola lo establecido en la Exposición de Motivos y en el texto de la Constitución de 1999, que señalan taxativamente la subordinación del poder militar al poder civil: “Para la mejor ejecución de los altos fines que le han sido encomendados por la Constitución, la Fuerza Armada Nacional es una institución esencialmente profesional, sin militancia política alguna, subordinada a la autoridad civil. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes”.
Esa subordinación tiene varias expresiones prácticas, entre ellas, el sometimiento de los militares a la contraloría de la Asamblea Nacional sobre sus funciones y actuaciones (artículos 222 y 223 de la Constitución) e incluso la gestión de sus recursos por la vía de la aprobación del presupuesto del Ministerio de la Defensa.
[irp posts=”75304″ name=”Presos políticos y familiares de los caídos quieren sentarse con cancilleres en Dominicana”]Sin embargo, en el mes de marzo de 2016, una serie de decisiones orquestadas entre el Ejecutivo (decreto de Estado de Excepción) y el Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia 9 de la Sala Constitucional y modificación de la Ley de Comparecencias) buscaron la eliminación del control político de la Asamblea Nacional sobre la Fuerza Armada y sobre otros organismos públicos.
El decreto de Estado de Emergencia dictado por Maduro eximió a los funcionarios públicos de comparecer ante el Poder Legislativo. Mientras, el TSJ ordenó desaplicar los artículos 3, 11, 12 y 21 al 26 de la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios Públicos o particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, liberando de sanciones a quienes no atendieran a un llamado del Parlamento para rendir cuentas o informar de los asuntos bajo su responsabilidad.
Padrino López y sus subalternos no acudieron a las citaciones de la AN ni respondieron los cuestionarios escritos, acogiéndose a tales decisiones a todas luces inconstitucionales.
Golpean diputados
En el informe de gestión se reporta que la comisión de Defensa citó en tres ocasiones (01 de marzo, 8 de marzo y 15 de marzo) al mayor general Antonio Benavides Torres, comandante general de la GNB; al general de división Fabio Zavarce Pabón, comandante de la zona de orden interno 43 de la GNB; y al coronel Bladimir Humberto Lugo Armas, comandante de la Unidad Especial Palacio Federal Legislativo de la GNB.
Ninguno de los altos funcionarios asistió a la citación que tenía como finalidad determinar las responsabilidades en la agresión de la que fueron objeto los diputados Juan Requesens (MUD-Táchira) y José Brito (MUD-Anzoátegui) el 2 de febrero de este año, cuando acudieron al CNE a consignar el acuerdo parlamentario que exhortaba al Poder Electoral a convocar las elecciones pendientes para esa fecha. Ante la inasistencia de los uniformados, la comisión les remitió las preguntas por escrito, pero tampoco respondieron.
Carcelero de Ramo Verde
Para el 22 de marzo, y luego de haber recibido una denuncia de Antonieta Mendoza, madre del preso político Leopoldo López, la comisión citó al capitán de navío José Ramón Boston Silva, Director del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Mendoza responsabilizó a Boston Silva de la violación de los derechos humanos de su hijo y de vejaciones a su familia los días de visita. El capitán de navío no asistió a la comparecencia.
Prontuario en Lara
Para el 31 mayo, la comisión esperaba la comparecencia del general de brigada José Rafael Torrealba Pérez, jefe de la Zona de Defensa Integral del estado Lara, para interrogarlo sobre la presunta violación sistemática de los derechos humanos y del debido proceso contra civiles que participaron en protestas contra el Gobierno en esa entidad.
Dice el informe de gestión que la citación obedecía “a presuntos hechos de reiterada violación de derechos fundamentales, abuso de poder, desacato a las decisiones del Ministerio Público, privación ilegítima de libertad, tratos crueles, violatorios e inhumanos en instalaciones militares, uso de armas indebidas, actuaciones arbitrarias e ilegales, evidenciadas en el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares, planificación para la utilización de francotiradores contra marchas pacíficas que se han realizado para la activación de los derechos políticos y garantías constitucionales”, entre otros. El militar no acudió.
10 días antes de la citación, el diario estadounidense Nuevo Herald había publicado un audio en el que se escucha presuntamente a Torrealba Pérez instando al uso de francotiradores en las manifestaciones. El uniformado nunca desmintió la publicación.
El mal ejemplo
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, fue reincidente en su desacato a la convocatoria del Parlamento. El 14 y el 21 de junio era esperada su presencia junto con Antonio Benavides Torres, comandante general de la GNB, “por la presunta reiteración de violación de derechos fundamentales, abuso de poder, desacato a las decisiones del Ministerio Público (MP), privación ilegítima de libertad, tratos crueles, vejatorios e inhumanos en instalaciones militares”, perpetrados contra los manifestantes que protestaban contra el gobierno de Nicolás Maduro desde abril en todo el país. Ni Padrino ni Benavides respondieron a la citación.
Crimen en La Carlota
El 22 de junio, la opinión pública nacional vio con horror, en transmisión en vivo de medios digitales, cómo un efectivo militar venezolano uniformado, apostado dentro de la Base Aérea La Carlota en Caracas, le disparaba a escasos metros de distancia a un joven desarmado. La víctima, David José Vallenilla, murió casi instantáneamente al haber recibido tres impactos de esferas metálicas en su cuerpo. Tenía 22 años.
La comisión de Defensa citó para el 28 de junio al general de brigada Arturo José Táriba Guillen, comandante de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda y al teniente coronel José Freitas Gómez, comandante del Grupo de Policía Aéreo de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda para que respondieran ante la opinión pública y ante la autoridad civil de la Asamblea Nacional por estos hechos. Ninguno de los dos acudió.
El 19 de octubre pasado, el MP informó que por este crimen había sido acusado el sargento primero de la Aviación Militar Bolivariana, Arli Cleiwi Méndez Terán, pero el padre de José David, que participó recientemente en una consulta pública en la Asamblea Nacional, exigió que los mandos superiores sean castigados.
Reincidente
El comandante de la Unidad Especial de la GNB para la custodia del Palacio Federal, coronel Bladimir Humberto Lugo Armas, fue citado nuevamente por la comisión los días 12 y 19 de julio para que respondiera por sus actuaciones en otro caso de agresión contra los diputados de la Asamblea Nacional.
En esta oportunidad se trató de la agresión física y verbal perpetrada por Lugo contra el presidente del Poder Legislativo, Julio Borges, a quien sacó a empujones de su comando, y los golpes propinados por varios efectivos de la GNB contra varios diputados del Parlamento el 27 de junio anterior. Ese día los diputados acudieron al comando de la GNB dentro del Palacio para solicitar información sobre el ingreso irregular de unas cajas del CNE y fueron empujados y vapuleados por los uniformados.
Lugo no acudió a la comisión. Dos días después del incidente en la AN, Nicolás Maduro condecoró al militar con la orden Cruz de la Guardia Presidencial.
Fotos: Cortesía | Archivo Crónica.Uno
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