A dos meses del 23-E se han ejecutado 45% de las decisiones de Guaidó

juan guaidó

Es en las áreas de diplomacia y protección de activos donde Juan Guaidó ha sido más eficaz. Los llamados a los militares y funcionarios públicos no han caido en saco roto pero tampoco han generado una ruptura significativa en los altos mandos.

Caracas. Este 23 de marzo se cumplen dos meses desde que el diputado y presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó (VP-Vargas), tomó juramento como presidente encargado en un cabildo abierto en Caracas, amparado por los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución.

Desde el 23 de enero hasta la fecha, Guaidó —con el respaldo de la AN y amparado por el Estatuto para la Transición— ha tomado 18 decisiones de gobierno en las áreas diplomática, financiera, administrativa y social. Si a ello le se suman las decisiones adoptadas por la plenaria entre el 8 y el 22 de enero, el total de decisiones Ejecutivas asumidas por el Poder Legislativo y su presidente se eleva a 22.

De ese total, 10 han sido ejecutadas plenamente; 6 no se han cumplido ni han sido acatadas por otros entes del Estado venezolano; 3 se han aplicado parcialmente y otras 3 se encuentran en proceso de cumplimiento.

Antes del 23-E

Previo a la juramentación de Guaidó, la plenaria adoptó 4 decisiones de gobierno. El 8 de enero creó un fondo de recuperación de activos producto de la corrupción cuya existencia y viabilidad ya fue reconocida internacionalmente por los países del Grupo de Lima. En ese contexto, la comisión de Finanzas de la AN ha identificado 72 cuentas bancarias internacionales que reúnen 80 % de los activos líquidos de la nación, por un monto de 3200 millones de dólares.

“Nuestra prioridad es evitar que roben más dinero, que sigan sustrayendo más dinero en efectivo y que sea extraído a través de métodos no convencionales sin que los venezolanos sepan qué se está haciendo con ese dinero. Esos fondos serán usados para la reconstrucción nacional”, dijo el presidente de la comisión, Carlos Paparoni (PJ-Mérida).

El 9 de enero se instaló la comisión especial de seguimiento a los procesos judiciales sobre corrupción y desfalco que se tramitan en el exterior, encabezada por el diputado Sergio Vergara (VP-Táchira) con la tarea de recabar toda la información sobre los litigios contra Venezuela en el exterior, con miras a proteger o recuperar los activos del Estado que pudieran ser producto de actos ilícitos o malversación. A la fechan han identificado 11 litigios en el mundo.

El 15 de enero, la AN inició la cruzada por la protección de los activos de la República con un acuerdo que insta a 46 gobiernos del mundo a no permitir la movilización de activos líquidos y fondos de Venezuela en sus sistemas financieros. La ejecución de este acuerdo se aprecia claramente en las decisiones de gobiernos y organismos extranjeros de impedir la movilización de activos venezolanos o sancionar a entes financieros venezolanos o extranjeros que sirvan a la administración Maduro.

Por ejemplo, el 4 de febrero se logró detener la transferencia de 1200 millones de dólares desde Novo Banco de Portugal al Bandes Uruguay y al Banco República en Uruguay. El 9 de febrero, Paparoni informó que “se detuvo el uso de una casa de bolsa en Bulgaria para sacar dinero venezolano en efectivo”. El 6 de marzo Estados Unidos anunció sanciones contra instituciones financieras que colaboren con las “operaciones fraudulentas del régimen de Maduro”. En consecuencia, el 11 de marzo ese país sancionó a Mosnarbank de Rusia y el 22 de marzo sancionó al Bandes, Bandes Uruguay, Banco Bicentenario, Banco de Venezuela y Prodem.

Por último, el 22 de enero la plenaria acordó anular el proceso de salida de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos (OEA), iniciado por la administración Maduro en 2017, y designó al jurista Gustavo Tarre Briceño como representante especial de Venezuela en la OEA.

El nombramiento de Tarre Briceño fue ratificado por la AN y Guaidó mediante un acuerdo aprobado el 5 de febrero, pero ni la permanencia de Venezuela ni la designación de Tarre Briceño han sido ejecutadas. Por un lado, Maduro mantiene a su representante en la OEA y por el otro, solo existe un precedente en la organización en la que un mismo Estado pida acreditar a dos representantes distintos (Honduras 2009). Según sus estatutos, el organismo debe dar un debate para decidir cuál de las dos solicitudes es procedente, si la de la Asamblea Nacional o la de Nicolás Maduro, y con base en eso reconocer o no a Tarre.

Después del 23-E

Fotos: Luis Morillo

Una vez que se juramentó como presidente encargado, Juan Guaidó dictó su primer acto ejecutivo: una comunicación al cuerpo diplomático para que permanezca en Venezuela y desconozca cualquier instrucción emanada “de entidades sin autoridad legítima”; esto en respuesta al anuncio de Maduro de expulsar a la misión diplomática de Estados Unidos y romper relaciones con ese país. La decisión se mantuvo en stand-by por varias semanas, hasta que finalmente la semana pasada el cuerpo diplomático estadounidense en pleno abandonó el país.

El 25 de enero, durante una rueda de prensa en una plaza pública, Guaidó dejó claro que no habrá un nuevo proceso de diálogo ni negociación que no sea para acordar el cese de la usurpación y abrir la puerta a un gobierno de transición que logre elecciones libres. Pese a la existencia de un grupo de contacto de la Unión Europea, una iniciativa de mediación de Uruguay y México y los periódicos llamados de Maduro al diálogo, esa decisión política de Guaidó se ha mantenido.

El 29 de enero, Guaidó solicitó a la AN autorización para designar 10 representantes diplomáticos y un representante especial ante el Grupo de Lima. Estos 11 funcionarios se encuentran en posesión de sus cargos. Otros tres representantes diplomáticos fueron designados el 5 de febrero y han sido reconocidos por sus países anfitriones. Pero los 17 representantes diplomáticos nombrados el 19 de febrero, así como los 6 nombrados el 19 de marzo aún esperan por el reconocimiento de los países a los que fueron asignados. Aquí puede ver la lista completa y su estatus.

Febrero

ayuda humanitaria
Ayuda Humanitaria. Foto: Cortesía de Carlos Rivero

El 2 de febrero Guaidó anunció la creación de una coalición internacional para la ayuda humanitaria. Esta coalición liderada por Estados Unidos, Colombia y Brasil tendría la tarea de acopiar insumos y donaciones para paliar la crisis humanitaria. La coalición no solo se activó, sino que se amplió el 14 de febrero cuando cerca de 60 países del mundo participaron en la Conferencia Mundial para la ayuda humanitaria, realizada en Washington, y recaudaron 100 millones de dólares en donaciones.

El 8 de febrero, Juan Guaidó designó al abogado y dirigente de Voluntad Popular (VP), Roberto Marrero, como ministro de despacho de la Presidencia. Se trató del primer integrante de su gabinete, quien asumió de inmediato y acompañó activamente a Guaidó hasta la madrugada del 21 de marzo cuando fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

A lo largo de febrero, Guaidó venía anunciando que la ayuda humanitaria recopilada en Colombia, Brasil y Aruba entraría al país en un acto de masas. Ese acto se fijó para el 23 de febrero, pero no se logró el objetivo. Fuerzas estatales y paraestatales lo impidieron, causando incluso la muerte de 7 personas. No obstante, pequeños lotes de ayuda humanitaria han ingresado al país. El 11 de febrero y el 21 de marzo, Guaidó hizo entregas simbólicas a la Asociación de Centros de Salud y a las Damas Salesianas.

El 13 de febrero, la plenaria de la AN autorizó a Guaidó a nombrar una junta directiva ah hoc para Pdvsa con el mandato de que designara a la junta directiva de Citgo. Esto con el propósito de preservar ese activo de la República y recuperar su control, vistas las sanciones y bloqueo de cuentas impuestas por el gobierno de Donald Trump a la administración de Maduro.

El diputado de la comisión de Energía y Petróleo, Elias Matta, confirmó a Crónica.Uno que la junta administradora de Citgo asumió competencias y la empresa está funcionando bajo protección del gobierno de Guaidó.

El 21 de febrero, Juan Guaidó dictó su primer decreto presidencial: ordenó mantener abiertas las fronteras con Brasil y las relaciones con las islas ABC (así respondió al cierre ordenado por Maduro el día anterior). Este decreto no se ha cumplido. A la fecha, tanto la frontera con Brasil como con las islas ABC sigue cerrada. Incluso la frontera terrestre con Colombia se mantiene cerrada desde el 22 de febrero.

A la semana siguiente, el 27 de febrero Guaidó solicitó a la plenaria autorización para designar al abogado José Ignacio Hernández como procurador general especial de la República con el propósito de asegurar la protección de activos. El 19 de marzo fue ratificado.

Hernández asumió su cargo de inmediato y progresivamente se ha venido poniendo al frente de las diferentes demandas contra el Estado, sobre todo en los países que ya reconocen a Guaidó como presidente encargado.

El nombramiento del procurador especial es otra gran decisión que tomó Guaidó pues desde el día uno ha estado atento a cubrir cualquier demanda que haya sobre la empresa Citgo, por ejemplo, ya está atendiendo el embargo solicitado por Cristallex, dijo Matta.

En su cuenta Twitter, Hernández comunica los procedimientos que ha ido llevando adelante, y recientemente informó que las cortes de Estados Unidos ya le reconocen como representante oficial del Estado venezolano.

Marzo

Caracas sin luz. Foto: Luis Miguel Cáceres

El 4 de marzo Juan Guaidó designó al economista Ricardo Haussman como gobernador principal de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a Gina Montiel como directora ejecutiva por Venezuela. Esta decisión se ejecutó el 15 de marzo, cuando los gobernadores del BID aprobaron una resolución en la que reconocen a Hausmann como gobernador de Venezuela.

El 11 de marzo Guaidó dictó su segundo decreto en el que declara el estado de alarma tras apagón nacional de 90 horas. Este decreto consta de tres medidas: primero, insta a la FANB a resguardar las instalaciones y el personal de Corpoelec. Esta medida se ha cumplido pero no en acatamiento al dictamen de Guaidó, sino por órdenes de Maduro.

Segundo, el decreto llama a los cuerpos de seguridad a no reprimir las protestas contra la gestión de Maduro. Ha llamado la atención que los días 12 y el 16 de marzo hubo protestas nacionales contra el apagón que afectó al país y los reportes de represión y detenciones de manifestantes fueron marginales, en comparación con la ola represiva desatada entre el 22 y el 31 de enero que dejó más de 40 víctimas mortales y que fue ejecutada principalmente por las FAES.

La tercera medida de este decreto era ordenar la suspensión del suministro de combustible a Cuba. El diputado de la comisión de Energía y Petróleo, Jorge Millán (PJ-Caracas), admitió que hasta la fecha no han podido confirmar la ejecución de este mandato, pero el mismo 11 de marzo, el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, publicó un alerta en su cuenta Twitter en la que instó a las compañías de seguro y carga a no transportar petróleo venezolano a Cuba: “Están ahora en aviso. Los Estados Unidos no permanecerán ociosos mientras las instituciones financieras extranjeras faciliten transacciones ilegítimas que beneficien a Maduro y sus amigos y perpetúen la corrupción que ha devastado a Venezuela”.

La decisión Ejecutiva más reciente de Guaidó fue la designación de una directiva ad hoc para Pequiven a fin de que nombrara a la directiva de la empresa con sede en Barranquilla Colombia, Monómeros Colombo Venezolanos. Este nombramiento se produjo en la sesión plenaria del 19 de marzo.

Sobre su cumplimiento, el diputado Matta indicó: “La directiva de Monómeros está en proceso de instalación. En Colombia está Humberto Calderón Berti como representante diplomático, que es un hombre conocedor de la materia y ha estado atento para que esta junta dé los pasos necesarios, legales y administrativos para instalarse, con la cooperación del gobierno de Colombia”.

Funcionarios civiles y militares

frontera colombiana
Foto: Luis Morillo

El llamado, exhorto e invitación a los funcionarios civiles y militares para que reconozcan a Juan Guaidó ha sido una constante desde el 23 de enero pasado. La plenaria anunció la discusión del proyecto de ley de amnistía para los presos políticos y garantías para los funcionarios civiles y militares que se plegaran a la Constitución nacional. Además, se han aprobado dos acuerdos en plenaria relativos a este tema.

Desde el 23 de enero, al menos una decena de militares de alto rango que están fuera del país han reconocido a Guaidó. Además, a partir del 23 de febrero, unos 1000 uniformados de mediano y bajo rango cruzaron la frontera hacia Colombia y Brasil para desconocer a Maduro y presentar subordinación ante Juan Guaidó. Sin embargo, es claro que este llamado de Guaidó a la Fuerza Armada aún no ha sido acatado, o al menos lo ha sido parcialmente.

Con respecto a los funcionarios civiles, hasta la fecha ningún ministro, director o funcionario de confianza de la administración pública se ha deslindado de Maduro públicamente. En cambio, trabajadores públicos adscritos a diferentes centrales sindicales sí han mostrado su rechazo a Maduro y simpatía con Juan Guaidó. Muchos de ellos han sido destituidos, sancionados, o suspendidos de sus cargos. Esta semana los trabajadores públicos llevaron a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de garantías laborales que facilite el reenganche y pago de salarios caídos a funcionarios públicos que hayan sido perseguidos por reconocer a Guaidó o pedir un cambio político para el país.


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