El anuncio hecho por el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, fue confirmado por el Ministerio Público.
Caracas. Catorce efectivos de la Guardia Nacional pasarán hoy la noche en un calabozo por las sospechas de ser los responsables del asesinato de Grusney Antonio Canelón, ocurrido el pasado 10 de abril durante las protestas opositoras que se registraron en Barquisimeto (Lara).
La decisión la adoptó el Tribunal 7 de Control de Lara, el cual atendió las peticiones que el fiscal José Martínez y la Defensoría del Pueblo le formularon para detener preventivamente a los uniformados.
Con estos ya suben a 17 el número de uniformados detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de tres de los ocho venezolanos que han perdido sus vidas durante la represión a la ola de manifestaciones que se ha registrado en el país, debido a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de despojar al Parlamento de las últimas competencias que tenía y de arrebatarle a los diputados opositores de su inmunidad.
En 2016, la Fiscalía imputó a 2441 funcionarios sospechosos de violar Derechos Humanos, pidió detener preventivamente a 225 y acusó a 635, según consta en el informe anual que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó a finales del mes pasado.
Más cifras
Horas antes de este anuncio, el Ministerio Público informó que 312 personas fueron detenidas por la policía y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) bajo sospecha de participar en los disturbios en los que degeneraron muchas de las protestas opositoras celebradas el pasado 19 de abril.
La información la suministró el despacho dirigido por Ortega Díaz en un comunicado de prensa, en el cual precisó que 30 de los aprehendidos fueron en Caracas, 3 en Anzoátegui, 14 en Aragua, 33 en Barinas, 85 en Bolívar, 15 en Carabobo, 15 en Cojedes, 11 en Falcón, 2 Lara, 17 en Monagas, 42 en Nueva Esparta, 21 en Portuguesa, 3 en Táchira, 7 en Trujillo y 14 en Zulia.
Tras informar que los detenidos serán puestos a disposición de los tribunales en las próximas horas para ser imputados, el organismo indicó que durante las refriegas entre manifestantes y policías 62 personas resultaron heridas.
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ONG denuncian excesos
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en un comunicado difundido hoy, informó que el pasado miércoles contabilizó 136 manifestaciones en los 24 estados del país; y aunque aseguró que el grueso se desarrolló pacíficamente, responsabilizó a los cuerpos de seguridad de los hechos de violencia ocurridos.
“Vemos con preocupación el uso de fuerza potencialmente mortal en el contexto de las manifestaciones pacíficas. Y rechazamos el uso sistemático de gases tóxicos para reprimir las protestas pacíficas, así como la permisividad de funcionarios del Estado con el accionar de grupos paramilitares y con grupos de choque que amenazan y agreden a manifestantes. En reiteradas ocasiones hemos alertado públicamente la presencia de estos grupos irregulares, destacando que al menos 71 de estas agrupaciones se encuentran en la región capital, representando un riesgo para manifestantes y terceros”, afirmó la organización no gubernamental.
En similares términos se pronunció el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), el cual en otro comunicado recordó que:
“El Estado está en el deber de mantener el orden público pero bajo el respeto y la garantía de los Derechos Humanos de todos. Los mecanismos de control del orden público pueden contemplar métodos disuasivos permitidos pero nunca pueden ser utilizados para castigar y doblegar el ánimo de los manifestantes por sus ideas o posiciones políticas. Si el propósito es infligir intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, estamos frente al crimen de tortura, tal y como está definido en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”.
Acto seguido, agregó que “tampoco está permitido bajo ninguna circunstancia alegada, ni siquiera en contextos de conflicto armado interno o internacional, que fuerzas de seguridad ataquen zonas residenciales, iglesias, comercios, hospitales, centros de salud, centros educativos y en general sitios donde las personas desarrollan su vida, dado que esto configura crímenes de lesa humanidad”.
En las movilizaciones de la semana pasada, efectivos lanzaron bombas lacrimógenas cerca de una policlínica en Las Mercedes y dentro del Centro Comercial Ciudad Tamanaco.
Tras asegurar que “todos estos hechos están siendo documentados y estamos informando a los organismos intencionales de protección de Derechos Humanos”, el director del OVCS, Marco Ponce, exigió a “Nicolás Maduro poner fin a la represión a manifestaciones pacíficas. Cada día que pasa la violencia va escalando y mueren más personas”.
Foto referencial: Cristian Hernández
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