Además de perseguidos por los cuerpos de seguridad, los dirigentes en las comunidades se saben vigilados por los grupos de civiles armados afectos al Gobierno.

Barquisimeto. La represión y persecución de los cuerpos de seguridad del Estado y los grupos paraestatales ha tocado los niveles más bajos del liderazgo en el país. Ya no son solo los líderes renombrados de la vida política del ámbito nacional, sino que la directriz del Gobierno ha llegado a las comunidades.

En Los Cerrajones, al oeste de Barquisimeto, dos colegios fueron deshabilitados como centro de votación luego de que algunos vecinos protestaran e impidieran que se llevara a cabo el proceso en ese punto.

Un joven dirigente de un partido político —quien prefiere resguardar su identidad por seguridad— relató que cerca de las 9 de la noche del 30 de julio, día de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, fue abordado por sujetos que se trasladaban en un vehículo tipo taxi modelo Orinoco, sin placas.

El conductor de la unidad se bajó de la unidad y lo responsabilizó de lo sucedido ese día en la comunidad y por las protestas de las jornadas previas.

Desde el 2012, el joven ha participado en la lucha estudiantil y dirigido acciones sociales en la comunidad. Aseguró que nunca se había sentido tan amenazado por los grupos paraestatales. Teme por su vida. Según comentó, hay otros dirigentes en la zona que han sido amedrentados.

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En otro sector popular de Barquisimeto, una profesional madre de tres hijos —que durante los últimos años ha participado en todas las protestas organizadas por la Mesa de la Unidad Democrática— ha sido amenazada por los colectivos. Estuvo presente cuando el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo al alcalde Alfredo Ramos y resultó agredida en ese momento. Sostiene que la acción de los grupos de choque tiene que ver con su posición política.

Cuenta que el 12 de Abril de este año llegaron a su casa dos mujeres y un hombre que la llamaron por su nombre y apellido y se identificaron como voluntarios de un censo oficial. A su negativa de responder las preguntas que las dos mujeres le hicieron, estas la insultaron y amenazaron. Estas personas abordaron un taxi marco Orinoco, sin placas. Nunca supo quiénes eran pero afirma que no eran de la zona.

Luego sufrió un segundo amedrentamiento en su casa el 26 de julio: tras el paso de una marcha oficialista arrojaron cohetones a su vivienda. A fines de ese mes, un vehículo se detuvo frente a su hogar y quienes lo abordaban le gritaron improperios y amenazas.

Ninguno de los afectados consultados por Crónica.Uno quiso identificarse por temor a que las amenazas se materialicen. A una dirigente comunitaria le notificaron el día 30 de julio que debía quedarse en su casa, porque estaba dentro de una zona de seguridad —su vivienda está a menos de 500 metros de un centro de votación.

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La increparon y la acusaron de ser la encargada de organizar las protestas en el sector. Indicó que no ha recibido apoyo de parte de ninguna organización política y agregó que no confía en el sistema de justicia venezolano.

En las comunidades, los dirigentes no solo son perseguidos por los cuerpos de seguridad, sino que se saben vigilados por los grupos de civiles armados que viven en la zona; quienes muchas veces parecen ser los encargados, no solo de identificarlos, sino de proporicionar información acerca de su ubicación exacta.

Con información de Rodolfo Primera

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