Una de las recomendaciones que la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había hecho a la administración de Maduro el pasado 4 de julio era la disolución de las FAES. La propia funcionaria señaló que no solo no se ha dado, sino que inclusive el cuerpo policial ha recibido apoyo “al más alto nivel del Gobierno”.

Caracas. Este 9 de septiembre Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó una actualización de su informe –el cuarto documento producido por su oficina– en relación con la situación de Derechos Humanos en el país. En el mismo, la expresidenta de Chile señaló que la crisis se ha acentuado y que, con contadas excepciones, no se han implementado en general las recomendaciones que presentó en el informe del pasado 5 julio.

Desde Ginebra, Suiza, Bachelet leyó por poco más de 11 minutos la actualización del informe en el que señaló que “la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente”, algo que –destaca el texto– ha restringido “los derechos económicos y sociales de millones de personas”. Alertó que esto pudiera representar “el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región”.

Al día de hoy [9 de septiembre], el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades”, refleja el informe.

El documento destaca que los servicios públicos “han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación”.

El informe señala que, según cifras de la ONU, la cantidad de emigrantes y refugiados venezolanos ya alcanza los 4,3 millones de personas e indica que, aunque han existido esfuerzos por parte de gobiernos en materia de recepción de migrantes, también se han registrado “brotes de xenofobia en países de la región”, algo que empeora la situación de vulnerabilidad de los migrantes, algunos de los cuales han sido víctimas de trata.

“Mi Oficina ha seguido documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados. Las víctimas rara vez denuncian por temor a represalias o a ser deportadas, así como debido a la corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados. Asimismo, se documentó la desaparición de decenas de personas migrantes cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas, aparentemente relacionada con redes de trata y tráfico de personas hacia las islas del Caribe”, refleja el documento.

Otro punto tocado por el informe fue el referente a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, organismo que según el informe de junio presuntamente era responsable de casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, motivo por el que Bachelet recomendó fuese disuelto, algo que indica no solo no ha ocurrido, sino que por el contrario el organismo ha recibido apoyo por parte el Gobierno.

Mi Oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno, refleja el informe.

Lo señalado pudiera referirse, aunque no lo específica, a un acto el miércoles 17 de julio en el que Nicolás Maduro participó en la graduación de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, evento en el que ofreció “todo el apoyo al FAES en su labor por la seguridad”.

El documento presentado por Bachelet también hace referencia al caso de la muerte del capitán Acosta Arévalo, quien falleció estando en custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). De este caso se mencionan los resultados de la autopsia los cuales revelaron “que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo”, ante lo cual se destaca que los dos oficiales detenidos fuesen acusados de “homicidio preterintencional” y no de tortura.

Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición, recomienda el texto.

Críticas a las acciones contra la disidencia política

El informe presentado por Michelle Bachelet también hace mención a lo que la oposición ha calificado como persecución política por parte del Gobierno y las instituciones bajo su control, y en esa línea destacan lo que ha sido el accionar de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), contra diputados de la Asamblea Nacional (AN) a quienes han despojado su inmunidad parlamentaria.

“Desde la presentación de mi informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su Presidente [Juan Guaidó]”, leyó Bachelet.

La expresidenta chilena manifestó su preocupación por información recibida por su Oficina según la cual algunas de las organizaciones de la sociedad civil y sus representantes, quienes colaboraron con datos para la elaboración del informe del pasado 4 de julio, estarían sufriendo “descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios” luego que se conociera aquel informe.

Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención, añadió.

Bachelet además manifestó su rechazo al encarcelamiento de Rubén González, líder sindical del sector minero, quien fue condenado a 5 años y 9 meses por un tribunal militar el pasado 13 de agosto.

En ese sentido, el informe aseguró que González se mantenía en ejercicio de su activismo sindical y que por ese motivo fue detenido. Asimismo resalta que su familia ha sido objeto de “diversas formas de hostigamiento”.

La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, expresó.

Preocupación por pueblos indígenas y daños al ambiente

Otro punto tocado por el informe es el referente al de los pueblos indígenas en suelo venezolano, cuya situación podría verse afectada por “el aumento de presencia militares en el territorio del pueblo indígena pemón, así como casos recientes recibidos de violencia”.

El documento destaca la muerte de dos jóvenes warao en julio “presuntamente por elementos del FAES”, y las muertes de una mujer warao embarazada, una niña de 6 años y un líder curripaco en Amazonas, “cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana”.

En relación con la situación ambiental, Bachelet manifestó en el informe su preocupación por el impacto que la extracción de oro, diamantes y coltán en el Arco Minero del Orinoco esté teniendo en la “forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios”.

Exigen conformar una comisión de investigación

Este mismo lunes, representantes de 110 organizaciones civiles se concentraron frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas, para respaldar la actualización oral del informe de Bachelet y exigir a los ciudadanos que sigan denunciando la crisis humanitaria en el país.

Solicitaron a la alta comisionada que conforme una comisión de investigación en Venezuela, la cual se ha utilizado en otros países para responder a situaciones de graves vulneraciones del derecho internacional humanitario, para promover la responsabilidad por dichas violaciones y combatir la impunidad.

Foto: Gleybert Asencio.

“Pedimos la conformación de esta comisión para que se lleve a cabo un estudio profundo de lo que sucede en el país. Esta actualización oral del informe y los anteriores han reflejado quiénes son los responsables de la vulneración de derechos. Todo el gabinete del Gobierno tiene algo que ver en todo esto. Algunos ciudadanos dicen que los resultados no son rápidos, y lo sabemos, pero esto no debe desmotivarlos. Les pedimos que intensifiquen las denuncias”, expresó Mariela Ramírez, activista de la organización Dale Letra.

Por su parte, Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria, destacó que el monitoreo ciudadano es fundamental para agilizar la toma de acciones ante las instituciones del Estado. Añadió que la oficina de la ONU debe realizar evaluaciones más exhaustivas de las cifras de las víctimas, así como visitas a recintos penitenciarios, hospitales y al Arco Minero del Orinoco para constatar la situación.

Foto: Gleybert Asencio

Además, los manifestantes pidieron a Bachelet que se instale la comisión de investigación a corto plazo.

“Pensamos que para enero podría estar funcionando de ser designada la comisión por la ONU en los próximos días. No podemos dejar que continúen las violaciones de derechos humanos de la población indígena, adultos mayores, y el de niños, niñas y adolescentes. Necesitamos que en el tiempo se vean acciones de justicia”, indicó Reyna.

Reacciones desde Venezuela

Tras conocerse el nuevo informe de Michelle Bachelet, se registraron diversos pronunciamientos por parte de representantes de la oposición y de la sociedad civil venezolana.

El diputado Miguel Pizarro, quien actualmente se encuentra en Ginebra, señaló que la actualización del informe sirvió para evidenciar que “el régimen se niega a acatar las recomendaciones de la alta comisionada de DD. HH.”.

El régimen ha decidido ignorar la mayoría de las recomendaciones realizadas por la alta comisionada. No se ha procurado de ninguna forma las investigaciones relacionadas a la violación de Derechos Humanos en el país, ni en el caso de ejecuciones extrajudiciales, protección a víctimas, amenaza y hostigamiento al Parlamento y a miembros de la sociedad civil, así como casos de tortura en centros de reclusión, dijo.

Pizarro añadió que Venezuela vive una Emergencia Humanitaria Compleja la cual está cobrando la vida de cientos de miles de personas, crisis por la cual responsabilizó a “quienes hoy usurpan el poder”.

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano señaló a través de su cuenta en la red social Twitter, que el informe evidencia cómo han empeorado los DD. HH. desde el mes de julio hasta septiembre, en particular en materia de hambre y desnutrición.

“En su actualización Michelle Bachelet reitera que se incrementa la violación de DD. HH. en Venezuela. Que no se ha disuelto el FAES y ha recibido el apoyo de Maduro. También que el hambre y la desnutrición se incrementan en el país”, expresó en su cuenta.

Solórzano criticó que Bachelet no hiciera suya la propuesta de su predecesor en la Oficina del Alto Comisionado para los DD. HH de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussain, de crear una comisión de investigación para Venezuela, algo que, según ella, “con más fuerza debemos seguir exigiendo”.

Una ONG que se pronunció luego de la presentación del informe fue Foro Penal, quienes, en un comunicado, celebraron que se diera continuidad a la evaluación sobre los DD. HH. en Venezuela.

La organización destaca que, acorde con lo reflejado en el informe, los cuerpos de seguridad, órganos de administración pública y el Ministerio Público se han mantenido como “armas para la intolerancia y la persecución política”. De hecho, destacan que desde la presentación del informe en julio, “se produjeron 12 nuevos arrestos arbitrarios de los cuales dos personas quedaron formalmente privadas de libertad”.

Foro Penal agrega que actualmente existe una negativa “a prestar asistencia médica de calidad y efectiva a los presos políticos recluidos en la prisión militar de Ramo Verde” y que “la impunidad sigue siendo la regla en materia de violaciones graves a los DD. HH”.

El comunicado de la ONG concluye reafirmando que, tal y como se señala en el informe, se ha generado “persecución y hostigamiento contra las diferentes ONG que se ocupan de los temas de DD. HH. en Venezuela”.

«Ese es un informe de Elliott Abrams, Bachelet solo lo firmó»

La primera reacción del gobierno de Nicolás Maduro llegó a través del primer vicepresidente del PSUV y presidente de la ANC, Diosdado Cabello, quien en una rueda de prensa del partido oficial, criticó un presunto sesgo de Bachelet en contra de Venezuela.

«Llama la atención que la señora Bachelet no se dé cuenta en ese informe de ensañamiento, de los más de 600 dirigentes campesinos que han asesinado en Colombia», cuestionó el dirigente chavista.

Cabello también criticó que, a su juicio, Bachelet no emitiera declaraciones sobre lo que pasa en los otros países de la región, sino que «se mantenga con su vista posicionada sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua».

«Lo que diga la señora Bachelet no nos va a quitar el sueño, no nos vamos a dejar chantajear», agregó el dirigente, quien además aseguró que Venezuela ha avanzado en materia de DD. HH. y que prueba de eso han sido las detenciones hechas por Tarek William Saab, fiscal designado por la ANC, contra funcionarios acusados de crímenes contra los DD. HH.

De igual forma, cargó contra el informe diciendo que no lo había realizado Bachelet, sino que más bien «ese es un informe de Elliott Abrams» y que «Bachelet solo lo firmó».

«Firme ese y 20 informes más, pídaselos a Abrams que es quien los hace, nosotros seguiremos avanzando en el respeto de los DD. HH», soltó Cabello.


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