El anuncio de Nicolás Maduro de adelantar elecciones de la Asamblea Nacional, instancia que está en manos de la oposición por la vía del voto popular, no desviará a los parlamentarios de su agenda actual de presión interna y externa para lograr el «cese de la usurpación».

Caracas. El pasado 20 de mayo Nicolás Maduro insistió con un tema que el chavismo ha retomado en varias oportunidades: la posibilidad de un adelanto de elecciones parlamentarias, hecho que acabaría con el funcionamiento de la actual Asamblea Nacional (AN) bajo control opositor.

“Este es el único poder que falta por legitimarse”, aseguró el mandatario en medio de una manifestación de sus seguidores donde se celebró 1 año de la victoria conseguida por el oficialismo en unas elecciones presidenciales en las que no participó la oposición por falta de garantías electorales, y cuyo resultado le permitió asumir un segundo mandato presidencial que recrudeció la crisis política en Venezuela.

Se trata de una posibilidad que el chavismo asomó por primera vez en el año 2016, momento en el que Maduro criticó el funcionamiento del Parlamento e invitó al pueblo a “disolver” la AN. En los años 2017 y 2018, los discursos fueron similares y todos apuntaban a lo mismo: el fin del Poder Legislativo que, desde el propio 2016, dejó de ser reconocido por el chavismo gracias al “desacato” en el que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró a la AN.

Sigue la persecución y la agenda de la AN

La estrategia del chavismo ha tenido como uno de sus ejes los ataques al funcionamiento de la Asamblea Nacional. La persecución contra los diputados que componen la AN inició formalmente en el 2015, cuando los representantes de Amazonas fueron apartados de sus cargos por un fallo del TSJ. Ahora bien, fue en 2019 que esta recrudeció y el número de diputados que se pueden calificar como “perseguidos” alcanzó los 41.

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Para Williams Dávila, parlamentario, lo que ocurre no es motivo de sorpresa, ya que forma parte de un plan del “régimen” para “simplemente liquidar el poder soberano del pueblo legítimo”.

Ya dijeron que tienen una lista de otros diputados a los que van a perseguir con ese tribunal de inquisiciones [TSJ] y la espuria Constituyente. Le decimos al mundo que la intención es acabar con la Asamblea Nacional. No me extrañaría que los siguientes pasos del régimen sean la aniquilación física de nosotros, los diputados, dijo.

Dávila indicó que, independientemente de la estrategia que se desarrolle contra la AN, esta no alterará su plan ni su agenda que se mantiene en una sola ruta definida por el actual presidente del órgano, Juan Guaidó: cese de la usurpación, transición y elecciones libres.

“Aquí hay una ruta: cesar la usurpación, transición y elecciones libres (…) Nosotros tenemos una elección a diputados programada y la AN tiene su fecha de vencimiento para el 5 de enero de 2021, así que aquí no hay ninguna competencia por parte del usurpador, que además es ilegítimo, de estar convocando a elecciones”, apuntó.

En caso de una disolución ilegal de la Asamblea Nacional, él señala que la respuesta opositora sería de “seguir luchando” tanto en el plano nacional como en el internacional.

¿Nuestra respuesta en caso de que se actúe contra la AN? Será seguir luchando y seguir instalando a nivel nacional e internacional todo un movimiento de masa de lucha, nosotros tenemos que seguir adelante. Ir a las bases, mantener la esperanza a nivel del pueblo, e ir hablándole para que no pierda la fe, dijo.

La sexta elección convocada por la ANC

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Si en efecto la propuesta de Maduro se concreta y se hace un adelanto de elecciones parlamentarias, sería la Asamblea Nacional Constituyente la que convocaría a elecciones adelantadas para el Poder Legislativo, estos serían los sextos comicios que ha convocado la instancia supraconstitucional desde que entró en funciones el 5 de agosto de 2017.

La instancia, que en dos años no logró publicar ni un solo artículo del nuevo texto constitucional que se supone debería estar redactando, ha convocado ya cinco elecciones en su período de funcionamiento.

Exceptuando las elecciones regionales del 2017 —donde participaron 11.035.898 electores (61,03% RE)— todos lo demás procesos se llevaron a cabo sin la presencia de los principales partidos de la oposición, los cuales boicotearon los comicios para alcaldes de ese mismo año y posteriormente fueron inhabilitados por el CNE para los demás procesos.

La ausencia de las principales fuerzas de la oposición para los comicios del 2018 tuvo como resultado directo una caída significativa de la participación electoral, la cual, en ninguna instancia posterior a las elecciones a gobernadores del 2017, superó 50 %.

En las elecciones de alcaldes de 2017, proceso boicoteado por los partidos opositores, la participación se ubicó en 47,32 %, lo que equivale a 9.139.564 electores acudiendo a las urnas. Esta tendencia se mantuvo en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 (en las que también se eligieron los consejos legislativos de estado) donde aumentó la cantidad de votantes a 9.389.056, pero siguió cayendo la participación a 46,07 %.

El proceso electoral más reciente de los que ha convocado la ANC es también el que cuenta con menor participación de todos: las elecciones a concejos municipales de 2018. Aquellas elecciones reunieron apenas a 5.673.063 electores, un 27,4 % del padrón electoral.

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Si la cantidad de votos registrados durante una elección es el reflejo del apoyo y de validación para las instituciones de elección popular, entonces no existe ninguna institución más validada que la actual Asamblea Nacional, la cual, en diciembre de 2015, reunió a 13.747.450 electores, logrando la participación más alta de los últimos procesos electorales: 74.17 %.


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