Ahora es la Contraloría la que acusa a la Asamblea Nacional de desacato

contraloria general de la republica

El organismo dirigido por Manuel Galindo denunció, en un comunicado, que el Parlamento le impidió a la auditora interna que designó de manera de manera temporal la semana pasada.

Caracas. Un nuevo frente de batalla tiene abierto la Asamblea Nacional (AN), pues ahora es acusada por la Contraloría General de la República de desobedecer sus órdenes y con ello ese organismo parece haberse sumado abiertamente a la guerra que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantiene desde que se instaló en enero de 2016.

Tras denunciar que en el Parlamento “obstaculizar(on) el ingreso a su lugar de trabajo” a Mayren Ríos Díaz, a quien la semana pasada designó como interventora de la Auditoría Interna del Legislativo, el despacho dirigido por Manuel Galindo, justificó su decisión en que la misma tiene el propósito de “fortalecer las instituciones del Estado ejerciendo la rectoría máxima del Sistema Nacional de Control Fiscal” y promover “la transparencia al garantizar el correcto funcionamiento del referido sistema”.

Ríos Díaz sustituirá a Néstor Solórzano como responsable de velar por el buen uso de los fondos de la AN; y deberá presentar mensualmente al Contralor General de la República “un informe de su gestión y un informe sobre los resultados de su gestión”; y se mantendrá en el cargo hasta la fecha en que ocurra la designación por concurso público del nuevo titular de la Auditoría Interna.

A lo largo de 2016, las salas Constitucional y Electoral del TSJ dictaron decenas de sentencias donde en la práctica vaciaron de competencias y potestades a la AN, bajo el alegato de que no cumplió sus órdenes de no incorporar a tres de los cuatro diputados elegidos por el estado Amazonas, a los que suspendió mientras se revisa si en su elección hubo irregularidades.

En su sentencia número 7, la intérprete de la Carta Magna solicitó al Ministerio Público y a la Contraloría actuar contra los diputados frente a su constante “rebeldía”.

Desde el Parlamento, por su parte, negaron haberle impedido a Ríos Díaz su ingreso y, por el contrario aseguraron estar dispuestos a colaborar con ella. Sin embargo, rechazaron la manera cómo fue nombrada, por considerar que Galindo incurrió en una “grave extralimitación de funciones”.

“El Contralor General de la República pretende fundamentar la intervención de nuestra Dirección de Auditoría Interna en la demora en la convocatoria del concurso público para la designación del Auditor Interno (…) Sin embargo, ni la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal ni su Reglamento facultan al Contralor General de la República para acordar la intervención de una Contraloría o Auditoría Interna con base en la omisión o demora en la celebración del correspondiente concurso, ya que el artículo 57 de ese Reglamento, al regular la intervención de los órganos de control fiscal se refiere a situaciones en las cuales ‘de las evaluaciones practicadas surgieren graves irregularidades’ que justificaren la intervención”, afirmó el Legislativo en un comunicado.

Tras asegurar que el despacho de Galindo no ha efectuado “ninguna auditoría o fiscalización” en la Asamblea Nacional, en la cual “se hayan constatado ‘graves irregularidades’ que dieran lugar a un procedimiento en el que pudiera luego ordenarse la intervención”, la AN consideró que la medida en nada contribuye a acelerar el proceso para designar como manda la ley al Auditor Interno y lamentó que no hubiera procedido a convocar el concurso público como lo autorizan las normas que ha dictado.

En su informe correspondiente a 2011, la Contraloría ya constató que el titular de la Auditoría Interna del Parlamento “no ha sido provisto mediante concurso público” y ordenó a la directiva del momento “tomar las previsiones pertinentes a los fines de que sea convocado el concurso público”, instrucciones que no fueron acatadas.

Mora chavista

La AN informó que Solórzano, el actual auditor, fue designado temporalmente en 2015 por el diputado Diosdado Cabello, entonces presidente del Legislativo; y que no fue removido en espera de llevar adelante el concurso.

Para el diputado Carlos Berrizbeitia, la decisión de Galindo no es más que la “repetición de la receta del TSJ” y criticó que la misma se produzca ahora.

“Durante los 15 años que el chavismo tuvo la mayoría en la AN no se designó al Auditor Interno por concurso y la Contraloría jamás tomó cartas en el asunto, así como tampoco realizó ninguna auditoría o fiscalización a fondo, pero ahora sí comienza a tomar medidas aprovechando la anarquía institucional y el bloqueo que le han impuesto a la AN”, apuntó.

Por último, la actual directiva anunció que convocará el proceso para elegir al nuevo responsable de velar por el buen uso de los fondos públicos del organismo.

Foto referencial: Angeliana Escalona


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