El nuevo incremento del salario mínimo de 50 % es otro golpe para el sector privado, que actualmente opera a medias.
Caracas. Omaira González es administradora de una zapatería del centro de Caracas que, tras la orden de rebajas de la Superitendencia de Precios Justos (Sundde), quedó con poca mercancía. Ante la menor cantidad de productos, contó que el propietario del negocio decidió reducir el personal y de tres empleados solamente quedará ella porque el dueño no puede pagar todos los salarios. El anuncio del presidente Nicolás Maduro de subir en 50 % el sueldo mínimo aceleró la decisión.
González comentó que hasta ella “está guindando, porque el jefe me dijo que si no logra reponer la mercancía, cerrará”. La situación de esta zapatería se repite en otros comercios, así como en las industrias. La actividad privada opera a medias porque la producción ha caído debido a la menor cantidad de insumos y los controles. Al bajar la fabricación de artículos se contraen las ventas, de manera que no hay ingresos suficientes para mantener el personal, y los aumentos de salarios impactan en las cuentas.
Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio, señaló que “el Gobierno está obligando a subir los salarios cuando no hay ingresos y muchos están trabajando al mínimo”.
Por la falta de productos y los costos, gran cantidad de comercios han bajado las santamarías y aquellos que se mantienen en pie tienen menos empleados. Esta situación se complica. “Nuestro debe es mantener las santamarías arriba, pero el Ejecutivo lleva a cerrarlas”, agregó Ramos.
El Jefe de Estado aprobó el pasado domingo otro incremento del salario mínimo, con lo cual pasa de 27.092 a 40.638 bolívares a partir de este mes. En esta oportunidad, el aumento del bono de alimentación estará sujeto a la revisión de la Unidad Tributaria (UT), cuyo nuevo valor todavía no ha sido definido por las autoridades. Una vez hecho esto, vendrá otro impacto.
El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, dijo en Unión Radio que “el aumento perjudica en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas que ven menos posibilidades de cumplir con sus compromisos salariales, lo que puede traducirse en pérdidas de puestos de trabajo y cierre de empresas, lo que implica mayor desabastecimiento”.
En un comunicado, el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, dijo que “con una actividad económica reducida, cada vez hay menos puestos de trabajo, se producen menos bienes que a la vez tienen precios más altos y, por tanto, los consumidores dejan de tener capacidad de compra. Si no hay demanda de bienes, las pocas fábricas que quedan operativas tienen que ir disminuyendo su producción. Y esto genera un círculo vicioso dramático”.
Las datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) mostraron que entre abril de 2015 y abril de 2016, el número de patronos bajó 27 %, lo que se agudizó a lo largo del ejercicio.
La encuesta de coyuntura de Conindustria reveló, por ejemplo, que en el tercer trimestre de 2016, 54 % de los empresarios redujeron los puestos de trabajo, cifra que crecerá.
En los sindicatos hay preocupación. Servando Carbone, coordinador nacional de Únete, dijo que “esto es una desgracia. Suben el salario mínimo, pero no se controla la inflación, de manera que todo lo hacen mal. Es una medida que afectará a las pequeñas empresas y comercios”.
Expresó que “muchos empresarios y comerciantes terminarán cerrando y botarán a la gente”, por tal motivo, apuntó que “los sindicatos tenemos que tomar medidas”.
Pero las revisiones salariales seguirán. El ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, indicó en Radio Nacional de Venezuela (RNV) que “aquí se seguirá aumentando el salario mínimo tanto como sea necesario, porque el gobierno del Presidente Maduro no va a abandonar a su suerte a millones de venezolanos que estamos resistiendo en este combate para derrotar a la derecha”.
En 12 meses, el aumento del salario mínimo ha sido de 320 %, pero la inflación ha estado por encima de 500 % según las estimaciones de las firmas económicas, lo que significa que las revisiones quedan rezagadas frente a los altos precios, y lo que ganan las personas apenas cubre una pequeña porción de la canasta alimentaria, que a noviembre estaba en 381.022 bolívares.
Olalquiaga destacó que “si se compara el ingreso real (salario mínimo más bono de alimentación) de enero 2016 con el de enero 2017 la caída es de 44,36%. Es decir, la población que recibe esta remuneración no tiene capacidad adquisitiva. Esta pérdida del poder de compra hace que sea inviable producir en Venezuela”.
Este incremento del salario y las pensiones también impactará en las cuentas fiscales, debido a que el Gobierno tendrá que gastar más. La firma Torino Capital en su informe de esta semana estima que esta revisión salarial implica un gasto adicional de 2,5 billones de bolívares.
Foto referencial: Mariana Mendoza
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