Los vendedores informales también están en medio de este conflicto por el control del mercado municipal y acusan a la policía de ser la que dificulta las labores en el lugar. Para quienes habitualmente compran en el centro de alimentos portocruzano, lo único inexplicable es la existencia de personas que deambulan por los alrededores del recinto con fajos de billetes ofertando la compra de dólares y ofreciendo avances de efectivo.

Puerto La Cruz. Un conflicto. Así puede calificarse la situación que desde julio de 2018 mantiene enfrentados a la Alcaldía de Puerto La Cruz, comerciantes junto con la Asociación de Trabajadores del Mercado Municipal (Asotram) y vendedores informales que hacen vida en las afueras del mercado municipal los cuales, según la alcaldesa Herminia García Ron, permiten la proliferación de mafias y los más perjudicados son quienes acuden al lugar en busca de alimentos.

Adjudicatarios y comerciantes informales se defienden argumentando que cuando se habla de mafias, se describen asuntos ocultos que se realizan a espaldas de las autoridades y que, en el mercado de Puerto La Cruz, todo está prácticamente a la vista de las mismas.

El equipo de Crónica.Uno se adentró en las calles Venezuela, Dividive, Paseo Miranda y en el propio mercado y constató dos realidades: la primera, un mercado persa que funciona en los alrededores del establecimiento en donde se consigue de todo, con precios por debajo de los que se ven en los establecimientos comerciales formales y la segunda, una estructura colapsada pero que tiene un orden en el que los únicos vendedores informales son un grupo de minoristas de quesos y hortalizas. La alcaldía los ubicó en el estacionamiento, por medio de una ordenanza, y generan más caos.

Maritza García, residente de Barcelona, sostiene que pese a que no hay donde estacionar y las calles están llenas de aguas residuales, prefiere acudir al lugar porque, en comparación con el bulevar capitalino, los precios de los productos son más accesibles al punto que la harina de maíz se puede conseguir entre Bs. 6000 y Bs. 9000 cuando su precio en los comercios es de Bs. 11.900.

Aquí puedo estirar un poco lo que gano, mientras en Barcelona un kilo de azúcar te puede costar 7000 bolívares, aquí, dependiendo de lo que camines, lo puedes comprar entre 5600 y 6000 bolívares, el queso lo venden en 15.000 el kilo. Lo único malo de esto es que estos precios son todos en efectivo, pero vale la pena hacer un poco de sacrificio para conseguirlo y así rendir la plática, afirma.

Mientras más se camina el centro de alimentos, se comprueba que las políticas que rigen la economía venezolana son dictadas por quienes se encuentran en las calles, ya sea con ofertas que van desde sobres de bebidas instantáneas hasta fajos de dinero para hacer avances de efectivo y compra de dólares.

Julio Castañeda, residente en Guanta, habitualmente visita el recinto y para él es inexplicable cómo abundan los “bachaqueros de dólares”.

Aquí no tienen ningún tupé en decirte ‘compro dólares, hago avances de efectivo’ todo eso ocurre con policías y demás enfrente. Los bancos aún siguen dando los billetes de 100 y 500 bolívares y aquí ya tú ves gente que te pasa por el lado con pacas de billetes de 10.000. ¿De dónde los sacan? obvio que tienen que ser mafias que operan aquí porque en otros tiempos nadie en su sano juicio mostraba semejante cantidad de billetes en público porque era un robo seguro, dice.

Castañeda respalda a García al indicar que tanto el interior como los alrededores del mercado “son un total desastre, aquí parece que hubiese ocurrido un bombardeo”.

Describe que las cloacas corren libremente por las calles que están alrededor del mercado y adentro la diferencia no es mucha. Es un espacio que lo hicieron pensando en pocos habitantes porque los rincones para caminar son pequeños y sobre todo lo que es el área donde están ubicados los camioneros que venden hortalizas y verduras, también está colapsada por las aguas negras.

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Las aguas residuales abundan en las inmediaciones del mercado. Foto: José Camacho.
El rescate que no se dio

En julio de 2018, la alcaldesa García Ron dictó una ordenanza que involucraba el desalojo de todos los vendedores informales que colindan con el centro de abastecimiento con la finalidad de disminuir la delincuencia, el bachaqueo y para la recuperación de cuatro colectores de aguas residuales que se encuentran caídos.

La medida se cumplió durante los primeros tres meses pero hoy, ante la vista de funcionarios policiales de Polisotillo y la Policía del estado, los vendedores informales siguen allí y las aguas servidas corren sin parar acabando con la vialidad, todo esto con el agregado develado por la alcaldesa, al admitir que su lucha por poner orden fue cuesta arriba tras comprobar la existencia de mafias dentro del recinto que, en muchos casos, son controladas por funcionarios públicos.

Durante una sesión extraordinaria realizada por la Cámara Municipal el pasado 4 de julio, la máxima autoridad del municipio Sotillo pidió al órgano edilicio ratificar la medida dictada en 2018 y prometió que este año “el mercado lo regirá la municipalidad”.

La mandataria local ratificó las denuncias del año pasado sobre servidores públicos como policías y militares que operan mafias en el mercado municipal. El esfuerzo emprendido el año pasado fue revertido por personas que estaban en esta cámara y tienen las manos metidas en el mercado. Unos pocos usan a miles para evitar que pongamos orden en ese sitio. Solicitamos a esta cámara una nueva ordenanza con la que se revierta definitivamente el mercado al municipio Sotillo, asumo todas las consecuencias que ello tenga.

La presidenta del órgano edilicio, Marcia Silva, apoyó la solicitud de la alcaldesa y también sostuvo que: “Reconocemos que existen dos mercados en Puerto La Cruz, el que maneja la mafia de Asotram y el que está en la calles, el cual se nos escapó de las manos”.

Informales se defienden

Quienes venden mercancías en las afueras del mercado municipal dicen que se “tiraron a las calles” porque la situación económica que atraviesa el país los obligó a ello, al punto de dejar sus trabajos formales.

En la calle Venezuela, Petra Yaguaramay sostiene que dejó su trabajo en una guardería hace 2 años para vender cubitos, pañales y cigarros, con la finalidad de llevarle el sustento a sus 3 chamos.

Fui una de las personas que desalojaron el año pasado y me tuve que regresar porque tengo que darle de comer a mis hijos. Los sueldos en los trabajos formales no alcanzan para nada y esta es la única solución que veo para medio comer. Nosotros le decimos a la alcaldesa que queremos trabajar, si hay que organizarse estamos dispuestos a hacerlo, hay que pagar impuestos, lo hacemos, pero no pueden venir como el año pasado a sacarnos sin darnos solución alguna, si ella quiere recuperar los colectores de aguas negras, nos podemos organizar para buscar un espacio y que ellos hagan el trabajo.

En medio de la conversación con Yaguaramay, otro vendedor informal de nombre José González refirió que quienes dificultan las labores en los alrededores del mercado son precisamente los policías, quienes, según dijo, los agreden “cada vez que les provoca”.

Hace un mes se presentó un problema porque uno de los policías de Sotillo agredió con el casco a un buhonero y hubo 2 heridos porque dispararon a la multitud. Ellos vienen y nos roban la mercancía, por ejemplo, nos dicen que hoy tienen ganas de comer pasta y si la tenemos, se la llevan y no nos pagan, a la alcaldesa le decimos que queremos trabajar, pero de buena manera. Aquí la estamos esperando para sentarnos y hablar con ella.

Desde 1992, tras un decreto dictado por los concejales, se otorgó el manejo del centro de alimentos a la Asotram, ente que en un principio agrupaba a quienes laboraban en el lugar y luego pasó a gerenciar todo lo concerniente al otorgamiento de puestos y mantenimiento del establecimiento.

Luis Villarroel, adjudicatario del mercado y  presidente de Asociación, afirma que la máxima autoridad del municipio Sotillo lo que busca es quitarle la concesión por lo espacios del mercado a los actuales adjudicatarios para ellos tener el control.

Nosotros le decimos a la alcaldesa que una decisión administrativa no puede estar por encima de una de un tribunal que fue la que nos otorgó el derecho de gerenciar el mercado. Nosotros le decimos a la alcaldesa que estamos dispuestos a trabajar juntos, el año pasado ella nos metió a esa gente en el estacionamiento y la respaldamos porque nos dijo que la medida era por 3 meses y ya llevan un año. Esto nos creó problemas con el incremento de la basura y que ahora no contamos con estacionamiento, dice.

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Los vendedores informales “invadieron” los estacionamientos. Foto: José Camacho.

Villarroel afirma que el conflicto ha escalado a tal magnitud que como medida de presión la alcaldesa ordenó a Coservas (empresa que recolecta la basura en el municipio) no recoger los desechos sólidos en el recinto.

Eso nos creó un problema porque se acumuló tanta basura que comenzaron a proliferar alimañas y esto es un expendio de alimentos. Hablamos en Coservas para pagar una tarifa y lo que ellos nos dijeron es que nos brindaban el servicio si pagábamos 4000 dólares mensuales, eso es una locura, decidimos contratar camiones para nos apoyen en ese tema.

Tanto la alcaldesa García Ron y la presidenta de la Cámara Municipal, Marcía Silva, acusaron a Villarroel de ser uno de los operadores de las presuntas mafias del mercado. Esta acusación la rechazó y aseguró que precisamente han sido ellos quienes han concertado reuniones con las autoridades del Zodi y la Guardia Nacional para intervenir el mercado.

Es una lástima que ellas digan eso, tenemos aquí las pruebas de todas las reuniones que hemos tenido con las autoridades del Zodi, Guardia Nacional, Polianzoátegui para que brinden seguridad en el mercado. Nosotros impulsamos la primera intervención que se hizo y no entiendo cómo ellas [Silva y Ron] nos acusan de mafiosos cuando hemos respaldado las acciones de los cuerpos de seguridad en el sitio. No nos corresponde asumir lo que pasa fuera de los muros del mercado, sin embargo, actuamos para que sea un sitio seguro en la medida de lo posible.

En el ínterin, quienes acuden a comprar alimentos al lugar continúan sorteando las aguas residuales y a los informales que  otra vez  invadieron las calles para ofertar sus productos.


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