Solo durante el mes de marzo se reportaron ocho casos, según el Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género (Ovaceg). En la lista está incluido el asesinato de la adolescente Ángela Aguirre, para el que la Asamblea Nacional exigió celeridad judicial.

Ciudad Guayana. Para el Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de  Género (Ovaceg) la repercusión que ha tenido el caso de la adolescente Ángela Aguirre (asesinada el 23 de marzo en el río Caroní) puede servir para alertar sobre lo que ocurre en la región Guayana: aumentan los ataques letales en contra de las mujeres.

Es una de las conclusiones de su último informe, sustentado por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), en el que detalla que en marzo murieron asesinadas ocho mujeres entre los estados Bolívar y Monagas. Dos de ellas eran menores de edad.

“Fueron 8 femicidios, 3 en grado de frustración y 3 mujeres víctimas de violencia sexual contabilizados en los estados Bolívar y Monagas. Los femicidios activos, como explica el observatorio, son los resultantes de violencia doméstica, asesinato misógino de mujeres, y que se pueden perpetrar en conflictos armados, relacionados con la identidad de género o la orientación sexual. Hubo 2 de estos casos en lo registrado por Ovaceg. En ambos casos las víctimas fueron niñas”.

Una de esas últimas víctimas tenía tres años. De acuerdo con los datos recabados por el Observatorio, fue violada y asesinada en Chirica, San Félix. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a los padres y al tío de la infante por este caso.

El otro femicidio de una menor de edad fue el de una niña de nueve años en El Tejero, en el municipio Ezequiel Zamora, de Monagas. El violador era conocido de la familia.

Culpas estatales

Ovaceg advierte acerca de las fallas estatales: “Ninguno de los aspectos señalados por el Mecanismo de Seguimiento de la implementación de la Convención de Belén Do Pará (Mesecvi) están siendo cumplidos por el Estado: no hay registros, no hay procesos para concienciar sobre las consecuencias de la violencia contra la mujer, y el acceso a la justicia”.

En el informe, la ONG cuestiona la ausencia de una política de desarme y remarca la responsabilidad de los cuerpos de seguridad.

“Las edades de las víctimas en ambos estados rondan entre 3 y 37 años. De todos los casos de violencia armada con enfoque de género, en 8 hubo arma de fuego, 2 con arma blanca y 4 involucran a funcionarios del Estado”, apunta la ONG.

El Parlamento se une al rechazo

La subcomisión de la Mujer y de la Igualdad de Género, perteneciente a la Comisión de Desarrollo Social e Integral de la Asamblea Nacional, exigió, en un acuerdo divulgado este miércoles, que haya celeridad en el proceso judicial por el caso del asesinato de Ángela Aguirre.

A dos meses del homicidio, la comisión, presidida por los diputados Manuela Bolívar y Miguel Pizarro, recordó que el caso ha estado salpicado de irregularidades que han denunciando los familiares de la víctima.

En el acuerdo, la AN rechaza las pretensiones “de las autoridades” para cambiar y ocultar los hechos del 23 de marzo, día del asesinato.


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