El parlamentario de la MUD, Armando Armas abrirá la tercera de cuatro audiencias previstas por la Secretaría General de la OEA, para determinar si hay elementos suficientes que comprueben la comisión de crímenes contra la humanidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Caracas. El próximo 17 de octubre tendrá lugar en Washington D.C., sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la tercera de cuatro audiencias públicas programadas por la Secretaría General de ese organismo para determinar si hay elementos suficientes que comprueben la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Estas audiencias se realizan en presencia del secretario general Luis Almagro, el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, un grupo de expertos en Derechos Humanos y representantes de los países miembros de la OEA.

En la próxima audiencia, corresponderá al diputado ante la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, Armando Armas (VP-Anzoátegui), ofrecer su testimonio sobre la persecución política emprendida por el gobierno venezolano contra la disidencia política.

Voy a comparecer. Son unas audiencias históricas. El hemisferio tiene sus ojos puestos en Venezuela. La OEA se ha convertido en el epicentro de ese debate y el secretario general, Luis Almagro, en la conciencia democrática de la región, confirmó Armas.

El integrante de la comisión de Defensa de la AN adelantó a Crónica.Uno el contenido de su intervención: Hablaré sobre el asedio al Parlamento, sobre el ataque sistemático y violaciones a los derechos humanos de los diputados, de cómo hemos sido perseguidos por la dictadura de Nicolás Maduro.

Desde el 5 de enero de 2016 hasta el 30 de septiembre de este año se han contabilizado 85 agresiones contra 75 diputados. Muchos han sido golpeados e incluso heridos por funcionarios de seguridad, pero las agresiones más graves en términos jurídicos son el inconstitucional allanamiento a la inmunidad parlamentaria del disidente del PSUV, Germán Ferrer por parte del TSJ; la ilegal detención y enjuiciamiento de Gilber Caro (VP-Miranda); y la negativa a poner en libertad al diputado electo Renzo Prieto (VP-Táchira). A otros tantos les han anulado el pasaporte impidiéndoles ejercer la representación de la AN en foros internacionales.

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Pero el propio Armando Armas ha sido atacado en tres ocasiones. La última vez, el 5 de julio de este año, cuando civiles armados progobierno ingresaron violentamente al Palacio Federal y agredieron con palos, cabillas, piedras y armas de fuego a diputados y trabajadores de la AN. Armas recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente por varios minutos, requirió sutura y hospitalización.

“Me siento orgulloso de ir a la OEA. Siempre con entereza y con la voluntad de salir de esta tragedia en la que estamos”, aseguró el parlamentario.

La OEA escuchará a jueces y fiscales venezolanos

En la primera audiencia, realizada los días 14 y 15 de septiembre pasado, los expertos escucharon los relatos de Francisco Márquez, director ejecutivo de la organización Visión Democrática; Julio Henríquez del Foro Penal; Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla; y Johanna Aguirre, viuda de José Alejandro Márquez, asesinado en 2014 tras ser detenido por la Guardia Nacional. También rindieron testimonio el capitán retirado Igor Nieto Buitriago, exintegrante del Comando Unificado de la Fuerza Armada; el teniente coronel retirado, José Gustavo Arocha Pérez; y el mayor general del Ejército, Hebert García Plaza, exministro de Alimentación de Maduro.

La segunda audiencia pública se realizó el 21 de septiembre y en ella declararon Lilian Tintori de López; Alfonso Baduel, Mónica Santamaría, Ana Da Costa e Isabela Caguaripano, todos familiares de presos políticos quienes expusieron los casos de tortura y acoso institucional.

La de Armas será la tercera sesión y de acuerdo con el cronograma de la OEA, la última audiencia será para escuchar a jueces y fiscales y determinar cómo funciona el aparato judicial.

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La información obtenida a través de las audiencias públicas será analizada por el panel de expertos que deberán elaborar un informe antes del 30 de octubre, en el cual se determinará si hay suficientes elementos para que el secretario general acuda ante la Corte Penal Internacional y denuncie al gobierno venezolano por crímenes contra la humanidad.

Foto: Archivo



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