Las estudiantes fueron apresadas por hombres encapuchados y vestidos de negro dentro de las instalaciones de la universidad, acto que constituyó una violación a la autonomía universitaria. 19 personas presas en el Sebin tienen boleta de excarcelación desde el año pasado y aún están privadas de libertad.
Caracas. “Las cinco muchachas que fueron detenidas en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), denunciaron y declararon ante el tribunal actos lascivos en su contra. Las manosearon dentro de su camisa, les abrieron los sostenes, no les quitaron la ropa, pero trataron de introducir algún objeto a través de la ropa en sus zonas íntimas”, informó Alfredo Romero, director de la organización defensora de Derechos Humanos Foro Penal, acerca de los 27 estudiantes detenidos dentro del gimnasio de esa casa de estudios, el pasado domingo 2 de julio a las 6:30 a. m.
Según Romero, quienes cometieron esos abusos en contra de las cinco mujeres detenidas —Brigitte Herrada, Dayana Martínez, Stefani Quintero, Sarahí Corso y Stefani Altuve— fueron funcionario de la Policía de Aragua, algo que calificó como un “acto de tortura, cruel e inhumano en contra de la mujer venezolana”.
La mañana de ese 2 de julio fueron detenidas 28 personas, pero ese mismo día en la noche fue liberada y remitida al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de la entidad aragüeña, Diana Valencia, ya que presentaba varios golpes en su rostro y, según Romero, estaba embarazada.
De los 27 detenidos, 11 están en la cárcel común de El Dorado en el estado Bolívar, a las chicas les dictaron casa por cárcel y el resto están en el Centro Penitenciaro 26 de Julio en el estado Guárico. Ningún familiar de los alumnos que están en los centros de reclusión ha tenido permiso para verlos.
“Junio se caracterizó por los abusos sexuales”, enfatizó el director de Foro Penal, y añadió que en el contexto de las protestas, específicamente en las que se han desarrollado en los Altos Mirandinos, “se presume que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) también cometieron estos delitos, además de otros dos casos de Poliaragua”.
Romero, a su vez, denunció el encubrimiento por parte de la GNB en los casos en los que han acusado a efectivos de ese organismo en asesinatos durante el desarrollo de las protestas.
[irp posts=”59971″ name=”“El gimnasio de la UPEL estaba destruido y había un charco de sangre””]Hizo referencia a los casos de Toni Canelón —asesinado el 13 de abril— en donde hay 14 militares con órdenes de captura “y la GNB no los presenta”. Así como el asesinato del joven Armando Cañizalez, que fue asesinado en una manifestación el 4 de mayo en Bello Monte. Abogados del Foro Penal han solicitado a la Guardia información sobre los uniformados que estaban en ese lugar reprimiendo las protestas, a lo que la milicia se opone. Hicieron lo propio con el caso de Miguel Castillo, asesinado el 10 de mayo en una movilización en Las Mercedes.
“Es una situación que se repite mucho, el encubrimiento de la GNB de sus agentes que han actuado en represión y que presuntamente han asesinado personas y lo encubren y no entregan información, no hay ninguna persona hasta ahora condenada, en ninguno de los asesinatos” (sic), informó Romero.
El director del Foro Penal añadió a este panorama las detenciones a los testigos de los sucesos en donde han sido asesinados los manifestantes. “A ellos [testigos] los detienen, sin orden judicial, por poco tiempo y los amenazan con volverlos a meter presos”, enfatizó.
Caso polichacaos en el Sebin
El 8 de agosto del año 2016, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una boleta de excarcelación para los 14 funcionarios de Polichacao que están presos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, que se encuentran en huelga de hambre como forma de protesta para exigir su libertad.
“Son 19 personas con boleta de excarcelación privadas de libertad en El Helicoide, 14 de estas son Polichacao, que los mantienen como rehenes. Pero no hay que olvidar que el Sebin depende directamente de la Vicepresidencia de la República, eso quiere decir que el poder de liberarlos lo tiene el Ejecutivo”, aseveró Romero.
El 3 de febrero del año en curso, el TSJ ratificó la boleta de excarcelación para que liberen a los policías. “Es decir, el TSJ los libera, pero el Ejecutivo no lo acata y los mantiene privados de libertad. Ahí se sabe quién tiene el poder de liberar a los presos y quien no”, acotó.
Fotos: Francisco Bruzco
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