Ambar Marimom, portavoz de los comerciantes de La Hormiga, asegura que 1756 concesionarios podrían perderlo todo si la alcaldía materializa su amenaza: apoderarse de los espacios y repartirlos a supuestos adeptos de Nicolás Maduro.
Caracas. La época de los mercados municipales podría estar cerca de su fin en el municipio Libertador. En un contexto económico de desabastecimiento, aseguran los comerciantes, el Ejecutivo local intenta hacerse con lo que parece el último eslabón de la cadena de distribución: los 14 mercados del Distrito Capital. Un contrato sobre la mesa, enarbolado por Érika Farías, la alcaldesa de Caracas, tiene a más de 12.000 concesionarios alarmados. El gremio asegura que las autoridades pretenden arrebatarles sus puestos que, en muchos casos, son bienes familiares con 20 y hasta 50 años de historia.
A propósito de ello, este lunes los trabajadores de los distintos mercados se reunieron en la Cámara de Comercio de Caracas para rechazar el contrato propuesto por la alcaldía. Entre otros aspectos, el documento, que fue redactado de manera unilateral por la Gerencia de Política de Abastecimiento y Mercadeo de Caracas, indica que Inmerca, que es la compañía municipal de Mercados y Almacenes, podría rescindir, cuando así fuese necesario, el acuerdo con los comerciantes.
Hoy, el Mercado La Hormiga, en la parroquia Santa Rosalía, le toma el pulso al problema. Allí, denuncia Ambar Marimom, portavoz de los comerciantes, 1756 concesionarios podrían perderlo todo si la alcaldía materializa su amenaza: apoderarse de los espacios y repartirlos a supuestos adeptos de Nicolás Maduro.
El contrato, que según los afectados no tiene cimiento jurídico, pone en tensión a más de 50.000 trabajadores, entre empleados directos e indirectos, según dijeron en asamblea. William Yajure, concesionario del Mercado de San Martín, dijo que solo en ese establecimiento hay 1864 propietarios en riesgo.
Nos negamos a firmar nuestra sentencia de muerte. De acceder a las condiciones que impone Érika Farías, tendríamos que renunciar a nuestros derechos”.
Esta vez el conflicto desembocó en el mercado más insigne del país: La Hormiga, un recinto dividido en tres espacios, donde se distribuyen alimentos, ropa y mercancía seca. El jueves pasado, autoridades locales convocaron a los propietarios a una reunión en ese lugar, pero el encuentro no se realizó en los términos más cordiales. Hubo heridos e ingresaron supuesto grupos irregulares para amedrentar a los vendedores. “Quieren sacarnos de nuestros puestos de trabajo y no lo van a lograr”, dijo Mileidys Tortoza.
Voceros de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios aseguran que 70 % de los alimentos que llegan a los establecimientos municipales son distribuidos a los consejos comunales. Con el acecho de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), sostienen que venden a pérdida.
El abandono y la dejadez en los establecimientos retratan la “entusiasta revolución económica” prometida por Nicolás Maduro en mayo de este año, cuando ordenó la reestructuración de eso espacios que, desde 2016, son manejados por militares. Los problemas de infraestructura también ganan su espacio en el pleito con la alcaldía. La mayoría de las estructuras tiene problemas con la distribución de agua, la seguridad y el servicio de aseo. La improvisación signa la rutina en Quinta Crespo, donde hay quienes viven de los desperdicios y los rastrojos de cartones desperdigados por dondequiera.
El coordinador del Frente Nacional en Defensa de los Trabajadores no Dependientes, Argenis Urruchaga, quien consignó el documento con la Asociación de Emprendedores y Microempresarios, asegura que la intervención del Gobierno a esos establecimientos va en escalada. De 45 mercados a cielo abierto que proveen alimentos en el Área Metropolitana, se estima que solo 25 % están operativos, lo que ha reducido el acceso a los bienes de primera necesidad.
En mayo, el presidente Nicolás Maduro anunció en una reunión del Consejo Federal de Gobierno una “revolución” en los mercados municipales para combatir a las “mafias”. Cinco meses después de aquel anuncio, los concesionarios sostienen que la mayor mafia la preside Inmerca, con el acoso a los vendedores. En promedio, cada comerciante debe cancelar 500 bolívares soberanos por el arrendamiento del cano.
Fotos: Cortesía / Archivo
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