El parlamento venezolano, basándose en el artículo 187 de la Constitución, aprobó un acuerdo en el que se acusa a los embajadores nombrados por el Gobierno y que no han sido aprobados por la Asamblea Nacional, como usurpadores de dichos cargos en los cuerpos diplomáticos.

Caracas. Este martes la Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo mediante el cual condena el nombramiento «ilegítimo» de embajadores y jefes de cuerpos diplomáticos por parte del Gobierno, al mismo tiempo que decidió alertar a los países de los riesgos que esto representa para la firma de acuerdos y compromisos.

Según el debate que se llevó a cabo en el seno del Parlamento en la sesión ordinaria de este martes, ha sido recurrente la violación de protocolos por parte del Gobierno a la hora de nombrar a los embajadores, algo que aseguraron los diputados «se hace con el interés del Gobierno y no del Estado en la mente».

«Hemos tenido información de que, saltando el control constitucional, se planea nombrar nuevos jefes de sedes diplomáticas, incluyendo la Santa Sede«, denunció en el debate el diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior, Francisco Sucre.

El parlamentario agregó que el hecho de que los jefes de misiones diplomáticas estén siendo nombrados por el Ejecutivo sin la aprobación previa de la Asamblea Nacional significa que las personas que acepten dichos cargos están en «usurpación de funciones y cargos» y que por ende los acuerdos y compromisos que estos firman en nombre del país «son írritos y nulos».

Por su parte, Marialbert Barrios señaló que esta serie de nombramientos —que de hecho se han dado desde el 2017— «son un nuevo esquema mediante el cual los embajadores no son profesionales de carrera» y que por eso no se somete su designación ante la AN.

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«Es nuestro deber hacer saber que esos embajadores no representan al país y no representan al pueblo de Venezuela», añadió.

Tras el debate, los diputados presentes aprobaron por unanimidad el acuerdo en el que se rechaza el nombramiento «de forma contraria al procedimiento establecido por la Constitución» de jefes de Misión Diplomática. De igual forma, el texto declara «todos los actos que lleve adelante cualquier embajador» que haya sido nombrado sin el visto bueno de la AN como «nulo e írrito».

El acuerdo también establece la obligatoriedad de enviar comunicaciones oficiales a todos los gobiernos donde «el régimen de Nicolás Maduro haya nombrado jefes de Misión Diplomática sin cumplir con el procedimiento de control constitucional de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, ni por la Plenaria del Poder Legislativo» para dar a conocer lo que catalogan como una «irregularidad».


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