AN avanzó en ruta propuesta por Guaidó para transferir el poder del Ejecutivo al Legislativo

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En la plenaria de este martes declararon la usurpación de la Presidencia; presentaron proyecto de ley de amnistía para funcionarios civiles y militares que se plieguen al 333 y 350; solicitaron a 46 países no movilizar fondos ni activos de la República; y autorizaron la entrada de ayuda humanitaria.

Caracas. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó (VP-Vargas), logró este martes el apoyo unánime para tres de cuatro acuerdos presentados en plenaria por el bloque de la Unidad y que se inscriben en la ruta anunciada por él, el pasado 5 de enero, con el objetivo de lograr el cese de la usurpación, instalar un gobierno de transición y convocar a elecciones libres.

El primero de los acuerdos aprobados declaró la usurpación y abrió la puerta para iniciar la “transferencia del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo”; el segundo dio urgencia a la aprobación de una amnistía para todo el que respalde la lucha por la restitución de la Constitución de 1999; un tercer acuerdo que exhorta a 46 gobiernos del mundo a no permitir la movilización de activos líquidos y fondos de Venezuela en sus sistemas financieros; y el cuarto, que autoriza a los organismos internacionales de asistencia a proveer de ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela.

El único de los instrumentos que no contó con la unanimidad fue el primero, ya que la fracción 16J optó por salvar su voto ante la negativa de la mayoría de acoger su propuesta de que Guaidó cumpliera con un acto formal que valide su decisión de acogerse al artículo 233 constitucional, y el Parlamento lo declarara presidente de la rRpública y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.

Transferencia de poderes

El primero de los documentos fue presentado por Jorge Millán (PJ-Caracas), quien enfatizó que la decisión de Nicolás Maduro de juramentarse pese a la ilegalidad que rondó el acto electoral del 20-M y el desconocimiento interno y externo, llevó al país a una situación límite: “No tenemos presidente”.

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El acuerdo aprobado declara “formalmente la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros” y califica como nulos todos sus actos, de acuerdo con el artículo 138 constitucional.

El pleno se comprometió a adoptar, “en el marco de la aplicación del artículo 233, las medidas que permitan restablecer las condiciones de integridad electoral para, una vez cesada la usurpación y conformado efectivamente un Gobierno de Transición, proceder a la convocatoria y celebración de elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible”.

Además, los diputados deberán trabajar en la redacción y aprobación de un “marco legislativo para la transición política y económica, fijando las condiciones jurídicas que permitan iniciar un proceso progresivo y temporal de transferencia de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo”. El acuerdo establece que “el Presidente de la Asamblea Nacional se encargará de velar por el cumplimiento de la normativa legal aprobada hasta tanto se restituya el orden democrático y el Estado de Derecho”.

La AN se comprometió a establecer un marco legislativo que otorgue garantías y cree incentivos para que los funcionarios civiles, policiales y militares “dejen de obedecer a Nicolás Maduro Moros y obedezcan las decisiones de la Asamblea Nacional, de conformidad con los artículos 7 y 328 de la Constitución”.

Además, el Poder Legislativo desarrollará y aplicará las medidas necesarias para la protección de los activos de la República dentro y fuera del país con el objetivo expreso de que sean utilizados para la atención de la crisis humanitaria.

Por último, este acuerdo abrió la posibilidad de que el Parlamento inicie en el corto plazo la designación de representantes del Estado ante organismos internacionales al instar al pleno a “asegurar la permanencia del Estado venezolano en organismos multilaterales y la vinculación con los mecanismos internacionales de protección de Derechos Humanos”. Como se recordará, el próximo mes de abril se haría efectiva la salida de Venezuela de la OEA.

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Llamado a civiles y militares

Presidente de la AN, Juan Guaidó (VP) tendió «la mano a todos los civiles y militares que quieran restablecer la constitución». Foto Maru Morales P.

Cumpliendo uno de los puntos del acuerdo sobre la usurpación, la plenaria aprobó un acuerdo que decreta la urgencia de la aprobación de una ley de amnistía para los civiles y militares que colaboren con la restitución de la Constitución. En este mismo punto, la comisión de Política Interior consignó un proyecto de ley de amnistía que deberá ser discutido en los próximos días.

El proyecto de ley consignado por Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) y elaborado por ella de manera conjunta con Henry Ramos (AD-Caracas), Juan M. Matheus (PJ-Carabobo) y Adriana Pichardo (VP-Aragua), ampara por igual a ciudadanos, funcionarios policiales, funcionarios administrativos y efectivos militares que, amparándose en el artículo 333, contribuyan con la restitución de la Constitución de 1999; así como a diputados, presos políticos, exiliados o perseguidos judicialmente por razones políticas al momento de la entrada en vigencia de la norma, según el registro que lleva la Asamblea Nacional.

El instrumento consta de 6 artículos y se titula “Ley de amnistía y de reconocimiento de toda las garantías de reinserción democrática para los funcionarios civiles y militares que colaboren en la restitución del orden constitucional”.

La ley decreta la amnistía para todos los presos políticos, perseguidos y exiliados “por hechos cometidos desde el 1º de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley”, para quienes quedará automáticamente declarada la “extinción de la responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria, o tributaria, mediante la finalización definitiva de las investigaciones, procesos, procedimientos, penas o sanciones” desde la referida fecha.

Asimismo, el proyecto ofrece “todas las garantías constitucionales en favor de todos aquellos funcionarios civiles y militares que, actuando con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución colaboren en la restitución de la democracia”.

La propuesta acota que los funcionarios judiciales que se nieguen a aplicar la ley de amnistía serán sancionados conforme a la Constitución, y que dada la imposibilidad de la Asamblea Nacional de acceder a la Imprenta Nacional y de que sus actos se publiquen en Gaceta Oficial, el instrumento una vez sancionado será publicado en los medios que determine el propio Parlamento.

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El presidente de la AN, Juan Guaidó (VP-Vargas) intervino en este punto y aseguró que «el decreto de amnistía, será distribuido en todas las unidades y todos los cuarteles militares», además, tendió su «mano a todos los civiles y militares que quieran restituir la Constitución».

Alertan a 46 países

Igualmente, dando cumplimiento a otro de los puntos contenidos en el acuerdo que declaró la usurpación de la Presidencia, y conforme al artículo 187 numeral 3 que otorga al Parlamento la facultad de control sobre el gobierno y la Administración Pública, la plenaria aprobó un acuerdo que solicita la protección de activos del Estado venezolano ante 46 países del mundo.

El documento, presentado por Carlos Paparoni (PJ-Mérida), va dirigido expresamente a los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes y la Unión Europea (28 países).

La AN solicita a los entes regulatorios financieros de esos gobiernos “prohibir cualquier manejo de activos líquidos del Estado venezolano en las cuentas acreditadas en esos países” para garantizar la protección de los activos “por no contar el Estado con representación legal”.

Además piden a la banca privada de esos países “prohibir el manejo de fondos, cuentas, activos del Estado venezolano en esas entidades financieras”, para proteger el patrimonio del Estado.

Como se recordará, la semana pasada se instaló la comisión de seguimiento a los procedimientos judiciales internacionales que investigan presunto lavado de activos provenientes de Venezuela.

En la plenaria de este martes, la Asamblea Nacional también declaró la autorización a los organismos internacionales de asistencia para que en coordinación con la sociedad civil, la iglesia y los diputados, entreguen ayuda humanitaria en Venezuela.

Fotos cortesía @AsambleaVE y Maru Morales P., Crónica.Uno


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