AN sobre presunto atentado: la lucha debe darse con medios constitucionales

La junta directiva emitió un comunicado público en el que pone en duda la versión oficial sobre un presunto atentado fallido contra Nicolás Maduro y pide una investigación imparcial. También alertan sobre posible persecución a la disidencia. El pleno debatió sobre el censo del transporte, se solidarizó con José Manuel Olivares e inició segunda discusión de la Ley de Semillas.

Caracas. La sesión de la Asamblea Nacional (AN) que fue suspendida la semana pasada como consecuencia del corte de luz registrado en la capital y en otras ciudades, se retomó este martes con la discusión de los cuatro puntos de la agenda que quedaron pendientes.

No obstante, antes de proseguir con estos, la junta directiva dio a conocer un comunicado en el que se fija la posición del Poder Legislativo ante el supuesto atentado fallido contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto.

En ausencia del presidente de la AN, Omar Barboza (UNT-Zulia), quien se encuentra en Colombia para la toma de posesión de Iván Duque como primer mandatario de ese país, encabezó la plenaria el primer vicepresidente Julio César Reyes (AP-Barinas).

El comunicado del Parlamento comienza por poner en duda la versión oficial y exige una inmediata y transparente investigación de los hechos que sea comunicada a la colectividad lo antes posible, pues sostienen que un régimen que usa la desinformación sistemática no tiene credibilidad. El documento ratifica el compromiso de la AN en propiciar “un cambio político urgente” basado en el rescate de la democracia, la justicia, el pluralismo, el derecho a la participación política y al voto, y el deber de todo ciudadano de restituir el orden constitucional.

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La directiva rechazó expresamente las vías violentas o no que se apartan de los lineamientos de la Constitución para resolver la crisis política, pero responsabilizó directamente a Nicolás Maduro y su gobierno por la exacerbación de posiciones extremistas.

El régimen de Maduro a través de la sistemática violación de los Derechos Humanos y del desconocimiento de la Constitución ha contribuido a agravar la crisis, bloqueando los mecanismos constitucionales que permitirían una solución pacífica, creando un clima de violencia e inseguridad. El responsable de la violencia es el régimen de Maduro, reza el comunicado.

Además, advierten sobre posible incremento de la persecución política:

Agenda pendiente

El primer punto del orden del día se aprobó el martes pasado y fue un acuerdo que pide la suspensión de la reconversión monetaria prevista para el próximo 20 de agosto.

El segundo punto, con el que se retomó la agenda pendiente este martes, fue el inicio de la segunda discusión del proyecto de Ley de Semillas. En esta oportunidad se aprobaron los primeros cinco artículos relativos al objeto de la ley, su alcance y definiciones.

El tercer punto fue un debate sobre el censo del transporte convocado por el Ejecutivo los primeros tres días de agosto. Concluyeron los diputados que dicho registro fracasó.

El Gobierno esperaba censar a 4 millones de vehículos y luego de tres días de fracaso, algunos funcionarios se atreven a decir que acudieron 700.000 personas, dijo Jorge Millán (PJ-Caracas) integrante de la comisión de Energía.

Acotó que el propósito del censo es aumentar los controles sobre la ciudadanía y racionar la gasolina, como consecuencia de la caída en la producción de petróleo y sus derivados. Aseguró que el contrabando de gasolina se suma a la baja producción: Diariamente, el país pierde 19 millones de dólares por contrabando, sostuvo.

Por su parte, el diputado Franklyn Duarte (Copei-Táchira) denunció que presenció cómo este fin de semana el teniente coronel de la GNB, Jon Andrade Molina, responsable del comando del municipio Junin, llegó a una de las colas del combustible en ese municipio con una lista prehecha de las personas que podrían surtir gasolina, pese a que habitantes de la zona tenían varios días en cola.

A ese comandante no le importó porque esa lista la había pasado la UBCh. Para eso quieren implementar el carnet de la Patria, para que crezca la corrupción. Cobrando 10.000 pesos, que equivalen a 11 millones de bolívares por equipar un carro. Eso se cobra en el Táchira, dijo Duarte.

El cuarto punto fue un debate en solidaridad con el diputado recientemente exiliado, José Manuel Olivares (PJ-Vargas), cuya esposa habría sido amenazada de prisión, según denunció el partido. Y finalmente se aprobó un acuerdo en rechazo a la decisión del Ejecutivo de ceder un bloque de la faja del Orinoco para que sea administrada por el Banco Central de Venezuela como respaldo del petro. Los diputados concluyeron que dicha decisión es inconstitucional y exigieron su reversión inmediata.

Puntos varios

En la sesión de este martes los diputados también ofrecieron varios puntos de información sobre temas de interés. Williams Dávila (AD-Mérida) dio cuenta de la visita que la comisión mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica realizó la semana pasada a la Isla de Anacoco, ubicada en la Zona en Reclamación. Dávila destacó que este acto de soberanía intenta llenar el vacío que deja el silencio y complicidad del gobierno de Maduro ante las acciones inamistosas de Guyana.

Freddy Valera (AD-Bolívar) se refirió al reciente hallazgo de una fosa común en El Callao, estado Bolívar y pidió a las comisiones de Política Interior y Defensa abrir una averiguación.

Mientras Omar González (VV-Anzoátegui) pidió al pleno declarar la emergencia y conformar un plan de ayuda para al menos 12 municipios del país que se encuentran inundados por el desbordamiento de los ríos Orinoco y Caroní. El presidente encargado de la sesión, Julio César Reyes, replicó que se harán las coordinaciones pero puntualizó que la atención de los desastres naturales es competencia del Ejecutivo.

Foto y video: Maru Morales P.


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