Regulaciones a la producción, incremento en las fiscalizaciones, definiciones de estructuras de costos y precios forman parte de los textos aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente y que apuntan a cercar la actividad privada cuya producción ha mermado por la restricción en la entrega de dólares, la menor disponibilidad de insumos nacionales y la hiperinflación.
Caracas. En 59 meses de mandato, al presidente Nicolás Maduro no le han sido suficientes dos Habilitantes y los decretos de emergencia económica para cercar la actividad privada, ahora utiliza la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para imponer más barreras a un sector que está golpeado por las regulaciones que se imponen desde hace 15 años.
“He traído algunos materiales muy importantes de lo que ha sido esta batalla durante cuatro años, así como un conjunto de propuestas y ocho leyes vitales para afrontar y resolver el alza de los precios, la inflación inducida, para enfrentar la guerra económica, para castigar a los bachaqueros y para que la ANC y el Gobierno enfrenten juntos esta batalla histórica por la estabilidad”, aseveró el Jefe de Estado el pasado 8 de septiembre de 2017 cuando acudió a la ANC a entregar las normativas sin ahondar sobre las distorsiones de la economía causadas por las acciones oficiales.
La ANC, cuya elección no cumplió con los aspectos previstos en la Constitución, tiene como misión reformar la Carta Magna, pero sus atribuciones se han ampliado y redactan normas que para el abogado José Ignacio Hernández no tienen “relevancia jurídica, pero sí política. Son textos con los cuales se amenaza al sector privado. La ANC es una herramienta política para presionar”.
Desde noviembre los constituyentes han estado atendiendo las peticiones del Gobierno y han aprobado normas que van desde la definición de las estructuras de costos de los productos hasta la fiscalización de la producción y la comercialización de los artículos. Estas disposiciones buscan perfeccionar los controles, según apunta la economista Anabella Abadi, quien agrega que el Gobierno “intenta reforzarlos, cree que el problema es la implementación y no el control”.
Una estrategia de vieja data
Para consolidar el control de cambio y el control de precios, el Ejecutivo ha creado leyes que han afectado la actividad productiva, pues con esos instrumentos se han impuesto topes de producción, elevadas sanciones y amenazas de expropiación.
En 2004 se autorizó la Ley de Protección al Consumidor con el fin de soportar el régimen de precios. Tres años después, el gobierno de Hugo Chávez aprobó un decreto contra el acaparamiento, especulación y boicot que permitía declarar de utilidad pública los bienes y servicios. Aspecto que se extendió con la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios.
A esas normativas se sumó la Ley de Soberanía Alimentaria cuyo fin fue regular la cadena de producción de los alimentos controlados. Y junto con esos instrumentos, se constituyeron las guías de movilización a través de las cuales el Gobierno controla la distribución de comida y está al tanto de cuánto se produce y hacia dónde va.
La necesidad de imponer castigos llevó a la conformación de la Ley de Indepabis que impuso mayores sanciones por acaparamiento, boicot y especulación. Norma que fue derogada en 2011 cuando se autorizó la Ley de Costos y Precios en el marco de la congelación de los precios de los productos de higiene y algunos alimentos.
A los meses que Nicolás Maduro asumió la presidencia, el asedio a los privados siguió y se autorizó la Ley de Precios Justos que estableció “precios justos” en toda la cadena de producción. Se determinó que la ganancia máxima de las empresas fuera 30% y se declararon de utilidad pública todos los bienes. Esta Ley fue reformada en 2014 para elevar las multas y penas de prisión por especulación, acaparamiento, reventa de productos, entre otros delitos. Montos que volvieron a modificarse con la reforma de 2015.
En 2016, por medio del decreto de emergencia económica, el Jefe de Estado impuso otras regulaciones que obligaron a las empresas de alimentos y rubros de higiene personal a dar más de 50% de su producción a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
La ampliación del cerco
A los textos mencionados, ahora se suma el entramado legal de la objetada ANC que busca reforzar los controles en un contexto en el que las empresas operan a 34 % de su capacidad, según la última encuesta coyuntura divulgada por Conindustria.
Esta merma de la producción ha obedecido a la incertidumbre, la fuga de talento, las regulaciones y las severas restricciones en las asignaciones de dólares, pues en 2017 las liquidaciones de divisas oficiales bajaron 70 %, de acuerdo con cifras de Ecoanalítica. A ello se deben las fallas de abastecimiento de insumos esenciales y la inflación de cuatro dígitos que sufren los ciudadanos.
José Ignacio Hernández apunta que “el Gobierno aprovecha la circunstancia para hacerse con las instituciones y poner un cerco a los privados”.
La profundización de los controles arranca con el texto sobre los precios acordados que permite al Gobierno, a través de la Vicepresidencia Ejecutiva, tener mayor injerencia en la determinación de las estructuras de costos de los bienes, cuya definición —dice la norma— también sería evaluada con el sector privado, el sector público, el sector comunal y los trabajadores.
El constituyente Gerson Hernández señala que ahora “se podrán armonizar las estructuras de costos”.
Para la fijación de esas estructuras se tomará en cuenta: la productividad y las cantidades producidas. Los costos de reposición de los bienes dependerán de los análisis de inventarios, y el Estado establecerá la tasa de cambio que corresponda según “el peso relativo que tenga el bien o componente importado en la estructura del producto”.
El también presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción señala que “aquí se invierte y se quiere vender el bien a un precio 150% más alto para recuperar la inversión y ello se tiene que revisar”.
El tope de márgenes de ganancia de 30 % —previsto en la Ley de Precios Justos— quedó eliminado y las ganancias surgirán de un estudio sectorial que efectuará la instancia liderada por la Vicepresidencia. Su aplicación será diferenciada por la naturaleza del producto.
Aunque el texto todavía no se ha ejecutado totalmente, hace dos meses el vicepresidente Tarek El Aissami amenazó con el uso de la norma cuando le indicó a los industriales en una reunión: “Empresa que no respete [los precios acordados] le caerá todo el peso de la ley”. La advertencia fue luego de que se ordenara a supermercados y fábricas bajar los precios de los productos al valor que tenían en diciembre de 2017, medida que acentuó la ausencia de rubros en los comercios.
A las industrias se les estará forzando a definir las estructuras de costos por medio del texto de precios acordados y los importes finales —lo que pagarán los consumidores— serán regulados con el nuevo decreto de Acceso a los Bienes, que sustituirá a la Ley de Precios Justos.
Los constituyentes, por medio de la nueva norma, le otorgarán más poder a la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) para fiscalizar y definir criterios de regulación y hasta le conferirán la potestad de declarar de interés social todos los bienes para producción, lo que dará pie a expropiaciones.
En el proceso de “perfeccionamiento” del control, las fiscalizaciones aumentan. Los Clap tendrán fiscales populares. Hernández estima que “por medio de esta figura se tendrán reportes en tiempo real y así las autoridades de la Sundde podrán tomar las medidas”.
A mediados de 2016, la administración de Nicolás Maduro creó los Comités con el fin de distribuir bolsas y cajas de alimentos, pero mediante los decretos de emergencia económica les dio mayores funciones para supervisar la producción y distribución de alimentos y artículos de higiene personal, y en una de las normas le dio la facultad de actuar en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en materia de orden público.
Con la nueva normativa, el dominio de los Clap va en ascenso debido a que los fiscales populares serán las primeras instancias a las cuales los ciudadanos podrán denunciar la “especulación” de precios en los comercios. En septiembre del pasado año, Maduro aseveró que “hay que darle poder y presencia jurídica a los fiscales de los Clap y los consejos comunales” y dos meses después, Freddy Bernal, jefe de los Clap, añadió que “por esta vía se ayudará a ‘combatir’ junto a la Sundde las diferentes distorsiones de la economía” (sic).
El texto agrega que los Comités, además de inspeccionar, tienen que seguir participando en la distribución y abastecimiento que se realizará mediante jornadas en los sectores y visitas casa por casa. De hecho, harán censos de las familias y fijarán rutas y puntos de despacho de los productos.
Mientras los Clap junto con la Sundde supervisarán los precios finales en supermercados, farmacias y comercios. Los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) fiscalizarán la producción de las industrias.
En la estructura definida por el Ejecutivo y la ANC, los CPT revisarán parte de la cadena. El texto de los Consejos de Trabajadores señala que esas instancias evaluarán e inspeccionarán “los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de productos y servicios” de cada empresa en la que laboran.
El constituyente Gerson Hernández explica que los “CPT fiscalizarán la producción de las empresas, sobre todo de aquellas que reciben insumos del Estado”. Estos Consejos estarán conformados por siete trabajadores y un representante de la milicia.
Estos CPT actuarán en coordinación con los entes oficiales. El marco legal indica que los Comités informarán a los entes rectores los lineamientos, planes y proyectos de la entidades productivas en relación con las políticas de producción, distribución e intercambio, y adicionalmente, podrán denunciar ante los órganos competentes las acciones “contrarias al sistema socioeconómico”, ejecutar medidas para evitar “la ilegítima paralización o afectación del proceso productivo, desvío de las líneas de distribución, la simplificación de la producción”, y denunciar “acciones que pudieran calificar como reventa, acaparamiento, usura o boicot”.
Para los empresarios, este entramado generará más obstáculos a la actividad productiva. El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, asevera que si no hay confianza, la economía no funciona.
En economía hay una palabra clave: confianza. Para que la economía funcione los activos deben estar resguardados, tiene que haber confianza de que puedes transar libremente, y esas leyes de la ANC van en contra de esas iniciativas. El Gobierno las aplica a la fuerza, lo que restringe la inversión, restringe la recuperación económica y empeora la situación de los ciudadanos”.
El incumplimiento de estas normas, además, implica sanciones severas. Las leyes vigentes prevén multas que tienen como valor de referencia la Unidad Tributaria —hoy día en 300 bolívares— y los constituyentes aprobaron un nuevo parámetro: la Unidad Tributaria Sancionatoria, que tomará en cuenta la inflación de Caracas, que el Banco Central de Venezuela no divulga desde 2015.
El abogado Hernández añade que si bien la aplicación de las normas no ha sido rápida, “el cheque de la victoria de la ANC se cobrará con un control más agresivo sobre la economía”.
La dualidad
En la medida que se intensifican los controles, la administración de Maduro busca “promover” la inversión extranjera y los constituyentes aprobaron un texto de Promoción de Inversión Extranjera, que sustituye al marco legal de 2014 y tiene detalles.
La norma permite a las empresas remitir 100 % de las utilidades y da beneficios como desgravámenes, bonificación en impuestos, exenciones tributarias y amortizaciones.
Pero dicha disposición impone condiciones, las empresas tienen un contrato de inversión extranjera. Aspecto que según analistas podría implicar más controles. El abogado Carlos García destaca que esta norma mejora algunos aspectos y empeora otros.
Al contrato se suma que las empresas no podrán participar del debate político nacional o contribuir directa o indirectamente a la conformación de opinión sobre temas de interés público en los medios de comunicación. Tampoco podrán asumir una conducta que entorpezca, detenga o dificulte el proceso productivo propio o de las empresas vinculadas por motivos políticos, ni podrá adherirse a paros o boicots productivos.
Encuentra esta nota en la edición impresa de El Nacional #4Mar
Foto: Archivo
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