Este viernes 1° de febrero se realizó el primer conversatorio con comunidades de la Gran Caracas. Abogados de Espacio Público y de Provea allanaron el camino con base en lo que contempla la Constitución, dieron recomendaciones en caso de ser víctima de detención o de allanamiento durante o después de una protesta. Entre los acuerdos vecinales está la conformación, quizá parroquial, de comités de Derechos Humanos.

Caracas. La gente cuando protestaba por agua o por gas no se tapaba el rostro, no lo hacía en medio de la oscuridad, no le pedía al periodista que le reservara la identidad. Más bien salía de su casa a la calle incluso en bata, en cholas. Buscaba resolver un problema puntual que le afectaba, pero con el cual su vida no corría riesgo.

Ahora, sale igual. Con la diferencia marcada de que al llegar a su casa lo pueden amenazar con quitarle la caja del Clap o, peor aún, le mandan a la policía, a los grupos de choque —que algunos llaman “colectivos”—, se lo llevan detenido y lo torturan.

Y eso es lo que se vio a partir del 21 de enero, fecha en que se iniciaron las protestas políticas y sociales en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

La represión no se hizo esperar. Bombas lacrimógenas y disparos invadieron comunidades de Catia, Petare, La Vega, La Pastora y El Valle. Contrario a las manifestaciones ocurridas entre abril y julio de 2017, en esta ocasión la arremetida la lideró el componente de las FAES, órgano adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Llegaron a los barrios con pasamontañas, motos de alta cilindrada, armas largas, algunos incluso no identificados con algún organismo de seguridad. Se metieron sin autorización en las casas, violando los procedimientos de actuación policial: no llevaban consigo orden judicial de cateo. Registraron cuartos, gavetas y hostigaron con preguntas. Hubo denuncias de que incluso revisaban los celulares.

Ante todo esto, desde el barrio ¿cómo actuar? Se supone que por encima de todo está la Constitución, existe el Código Penal, está la Lopnna, la ley de contra la violencia hacia la mujer. Legislación no falta para atender los casos de violación a los Derechos Humanos. Tampoco instituciones, pues están las defensorías y las oficinas del Ministerio Público de atención a la víctima, y las propias de los cuerpos de seguridad del Estado.

Pero, ¿son escuchadas las comunidades? ¿Están atendiendo las agresiones y más si son de orden político? Las evidencias dejan dudas sobre la actuación de estas dependencias en la toma, seguimiento y término de las denuncias.

De allí el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos que reciben, documentan y acompañan los casos.

También están eventos como el organizado por Crónica.Uno y Espacio Público, en el cual se abren espacios para el debate, la reflexión y para el accionar de las comunidades en materia de organización, formación y participación.

Este viernes, en el salón Monseñor Romero de la parroquia universitaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se hizo el primer conversatorio exploratorio con vecinos, líderes comunitarios y varias instituciones defensoras de DD. HH. Todos se reunieron bajo la premisa “¿Cómo enfrentar la violencia política en los barrios?”.

Los abogados Amado Vivas (Espacio Público) y Rodolfo Montesdeoca (Provea), hablaron del derecho a la protesta consagrado en la Constitución, de modo instructivo, para dar cuenta del terreno sobre el que nos movemos en estos momentos.

Del otro lado, el público, conformado por residentes de El Valle, Coche, San José, La California, El Marqués, Guarenas, Cotiza, Bello Monte, Ruperto Lugo, Altavista, la carretera vieja Caracas-La Guaira, Las Acacias, La Vega, Los Teques, La Pastora, Petare, 23 de Enero, Terrazas de Guaicoco, Chacaíto y Los Rosales, armaron una batería de preguntas, muchas de las cuales quedaron a medio camino, pues el tiempo de disertación fue de 9:30 a. m. a 12:00 m., un lapso en el que se trató de abordar y canalizar algunas inquietudes, pero insuficiente ante las angustias e incertidumbres que han sembrado las incursiones de las FAES.

Isabel Báez, habitante del 23 de Enero, se refirió a la ola de rumores sobre detenciones de menores de edad, que incluso estarían siendo sacados de sus propios liceos.

Juan Carlos Barreto, de Guarenas, se refirió a las presiones que están haciendo los representantes del Clap que amenazan con retirar de las listas a quienes participan en las protestas.

También Larrie Chirinos, de La Vega, apuntó que incluso el Clap ha llegado a “marcar” una casa opositora.

Devorah Van Berkel, habitante de Coche y presidenta de la asociación civil Sinergia, planteó la necesidad de crear comités de Derechos Humanos precisamente para afrontar todos estos temas, propuesta secundada por los asistentes.

Lee también
"Operación sapeo" arrecia en los barrios luego de las protestas

Katiuska Camargo, de Petare y de la organización Haciendo Ciudad, se refirió a la violencia que vivieron durante la realización del cabildo abierto convocado por la oposición en enero, agresión que incluso protagonizaron mujeres de la tercera edad afectas al oficialismo.

La participación fue nutrida, pues hasta se habló de la violación de los derechos de la comunidad indígena e incluso se preguntó sobre qué cosas se deben y pueden denunciar.

Amado Vivas, en respuesta a muchas de estas observaciones, se refirió al ejercicio de petición de información. Dio un balance sobre la gestión hecha por Espacio Público en 2018: de 300 peticiones entregadas a los organismos del Estado, solo 1 ha tenido respuesta.

Pero con eso no quiso bajar el ánimo a los asistentes. La idea que recalcó es que hay que seguir, que hay que insistir, prepararse y documentar los casos con fotos, videos, audios; tener los nombres de los agresores si es posible y hacer la denuncia.

“No hace falta tener una respuesta para que haya una solución, lo que hay que tener es una base de documentación, con lugar, fecha y hora”, dijo Vivas.

También Montesdeoca, de forma didáctica, transmitió audios y videos de cómo actuar ante una agresión, un secuestro, una detención, un allanamiento e incluso si hay represión con gases lacrimógenos.

Frente a todo esto, Fernando Aranguren comentó que hay que tener una narrativa distinta con respecto al odio que ya está instaurado, para lo cual hay que crear los espacios para la convivencia y la paz, sugerencia que secundó Camargo, quien además propuso que, en las marchas, para evitar el paso de los revoltosos, se hagan cadenas humanas que usen consignas e imágenes pacifistas.

Julio César Reyes, líder de Catia y víctima de las FAES, dijo —luego de narrar su episodio amargo— que ya perdonó a esos funcionarios y que ahora debemos usar la oración como poder para lograr el cambio.

Independientemente de la religión que sea, acotó Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, se necesita paz y reconciliación y preparación para que no se inhiba la protesta ciudadana.

El conversatorio fue y vino por varios temas, salidos de los barrios, de las necesidades y angustias de sus pobladores.

Pero no solo el espacio sirvió para drenar. Ahí se consolidó la propuesta de crear comités de derechos humanos, se pidió jornadas y charlas en las comunidades y se planteó la necesidad de crear un kit de defensa ante la agresión política. Una agenda en la que Lexys Rendón, presidenta de Laboratorio de Paz, dio varios tips, donde el estar bien informados y documentados es pilar fundamental.

Este evento, que contó con la participación de más de 50 personas de las zonas populares, es el primero en este formato que realiza Crónica.Uno en 2019 y que se repetirá la semana entrante más focalizado en una comunidad de la parroquia Sucre.


Participa en la conversación