Zulia, Miranda y Carabobo encabezan la lista de detenidos desde el inicio de las protestas. A la fecha, 45 aragüeños siguen detenidos, como víctimas de la represión oficial. Foro Penal exige que no se utilice a los presos políticos como fichas de negociación.

Maracay. De los 676 presos políticos que contabiliza el Foro Penal Venezolano (FPV) desde que se iniciaron las protestas en el país durante el 2017, aún quedan tras las rejas o con arresto domiciliario 391 presos políticos: 45 de ellos son de Aragua; el cuarto estado con el mayor número de detenidos, luego de Zulia, Miranda y Carabobo.

Las cifras actualizadas fueron suministradas por el director ejecutivo del Foro penal Venezolano, Alfredo Romero, durante un encuentro con familiares y víctimas de la represión, celebrado en Maracay, y en el que estuvieron presentes familiares de detenidos y asesinados, tales como Iván Urbina, padre de Fabián Urbina —joven asesinado en el Distribuidor de Altamira—, Kerlyn Rodríguez, esposa del Tcnel Ruperto Sánchez, detenido en la Pica acusado de participar en el llamado Golpe Azul; Jenny Bolívar, esposa del alcalde de MBI, Delson Guárate, así como familiares de Raúl Baduel, Alexander Tirado, Roldman Rojas, Tonny Real y de los estudiantes de la UPEL Maracay, entre otros.

El encuentro del Foro Penal sirvió de escenario para que Romero cuestionara las manipulaciones o negociaciones con las que se pretende lograr la liberación de los detenidos a cambio de espacios de poder. No hubo señalamientos directos por parte del director ejecutivo de la FVP, pero sí hubo una exigencia.

No podemos permitir que se utilice a los presos politicos como fichas de negociacion. El Gobierno debe liberarlos como una obligacion humana, sin intermediarios ni manipulaciones, sin que sus liberaciones se negocien por espacios de poder o no sé que cosa, dijo, enfático.

Recientemente, Romero, quien reitera el apoyo de la sociedad civil y de la dirigencia política, conminaba a esta cuando le preguntaba: “¿Cómo se puede hablar de negociaciones o de presos políticos si no conocen los nombres, no conocen esa lista que está certificada por la Organización de Estados Americanos? Hay que ser responsables y claros”.

De allí que la ONG, junto con familiares y víctimas, continúa su cruzada por la liberaciòn de los presos políticos del país, utilizando y apelando a todos los recursos legales y jurídicos, a instancias internacionales e inclusive hablando con representantes del Gobierno.

Mientras eso ocurra —dice Romero— es necesario recordarlos, que la sociedad civil, que la ciudadanía junto con los familiares de las víctimas de la represión, no los olviden. Ellos son el mayor sacrificio que ha pagado la Patria por su libertad y el peor castigo para un preso político, para un asesinado o una víctima de la represión, es el olvido.

Desde enero de 2014 al 19 de octubre de 2017, el FPV contabiliza 11.991 detenciones. 5446 con fines políticos, de las cuales 752 personas han sido presentadas arbitrariamente en tribunales militares, 7059 personas se encuentran bajo medidas cautelares. 391 se mantienen tras las rejas, de los cuales 52 presentan problemas de salud, de acuerdo con el más reciente reporte sobre la represión del Estado en Venezuela.

De los 52 casos de presos políticos que presentan enfermedades, dos de ellos corresponden al estado Aragua: Tonny Real y Delson Guárate. El primero, dirigente regional de Voluntad Popular, recientemente debió ser operado de la vesícula, luego de que los abogados gestionaran su traslado desde la cárcel 26 de julio en Guárico, hasta una clínica privada en Maracay. Sin guardar el obligado reposo y tratamiento médico, Real fue trasladado al día siguiente de la opración, hasta la cárcel de San Juan de Los Morros.

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El alcalde de Mario Briceño Iragorry, Delson Guárate, presenta un serio deterioro de su salud. Se ha mantenido recluido en el Hospital Militar de Caracas, de acuerdo con su esposa, durante 10 de los 13 meses que lleva detenido y ha perdido 30 kilos de peso.

Padece un cuadro grave de hipertensión. Ahora sufre de diabetes, por lo que requiere insulina cinco veces al día; bazo crecido, que debe ser extraído; nódulo pulmonar y una lesión en los testículos. Se presume que también padece de linfoma no hodgkin, pero no ha sido confirmado debido a que no ha tenido acceso a un médico privado, confesó su esposa recientemente a medios nacionales.

De los presos políticos que han sido registrados en Aragua, 28 fueron procesados por tribunales militares, lo que constituye una clara violación al derecho al juez natural y al debido proceso. 27 jóvenes detenidos arbitraria y violentamente dentro de la UPEL Maracay, fueron procesados por el tribunal militar 5to de control a cargo del juez Edgar Volcanes. Luego de más de 2 meses en prisiones de alta peligrosidad, como El Dorado y 26 de Julio, en donde varios de los jóvenes contrajeron paludismo, el propio juez Volcanes dictaminó sobreseimiento de la causa.

Aun así, un tribunal civil —luego de un polémico proceso— decidió imputar a 5 de ellos: Álex González, Boris Quiñones, Michelle Díaz, Keni Colmenares y Brigitte Herrada, quienes fueron imputados por supuesta detentación de material inflamable, rebelión e instigación. Dos de ellos fueron enviados a Tocuyito, en el estado Carabobo, 2 a la cárcel 26 de julio en Guárico y la única mujer, Herrada, que permanece recluida en Cuartelito, de Maracay.

El otro preso político de Aragua, procesado por un tribunal militar, es el dirigente Tonny Real. El mismo Juez Edgar Volcanes le imputó los delitos de instigación a la rebelión y sustracción de objetos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De esa manera, Tonny Real se convertía en el primer procesado de la justicia militar en Aragua, desde el inicio de las protestas.

Según el mismo reporte mensual de Foro Penal, “desde el 1º de abril, 134 personas han fallecido en el contexto de las diferentes manifestaciones y protestas. De este número, 102 personas fueron asesinadas directamente como parte de la represión de las manifestaciones en momentos en los cuales efectivos de seguridad (40 %) y civiles armados al margen de la ley (52 %) estarían actuando. Al menos 83 % de estas muertes fueron por impacto de bala. De los fallecidos, 32 personas fueron producto de otros hechos relacionados indirectamente con las mismas, tales como saqueos, barricadas, linchamientos, entre otros”.

Entre los asesinados durante las protestas que conmocionaron al país, se cuenta al joven aragüeño Fabián Urbina, de apenas 17 años, quien estudiaba 3er semestre de Mercadeo y Publicidad, en el Instituto Universitario Antonio Ricaurte, de Maracay. Fue asesinado en el Distribuidor Altamira de Caracas el 19 de junio de 2017.

Foto: Cortesía



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