Aragua es el cuarto estado con el mayor número de policías detenidos

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El informe anual 2018 de la Fundación para el debido Proceso refiere la detención de 588 funcionarios de las distintas organizaciones policiales y militares, aunque el propio ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, admitió que son más de 2000 funcionarios que fueron puestos a la orden de la justicia venezolana durante el 2018. La región central (Caracas, Miranda, Carabobo y Aragua) es la que tiene mayor número de policías detenidos.

Maracay. Cuando los ciudadanos exigen seguridad, piensan en un policía. Pero eso ha cambiado mucho en los últimos años en Venezuela: el país más violento de América Latina, según el Observatorio Venezolano de Violencia en su informe 2018.

Los venezolanos ya no solo son víctimas de una delincuencia más organizada y mejor armada, sino que además ahora son víctimas de los propios funcionarios policiales y militares que deberían garantizar su integridad y resguardar sus bienes. Los principales medios de comunicación registran, casi a diario, hechos delictivos en los que el principal protagonista es un policía o un militar.

El propio ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, admitió la detención de más de 2000 funcionarios policiales puestos a la orden de los tribunales de justicia durante el 2018. En noviembre, señaló que 1515 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) —policiales estatales y municipales—, 300 efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); 300 funcionarios del Servicio de Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y 201 funcionarios del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), estuvieron relacionados con hechos de corrupción y desviaciones en sus actuaciones.

Por su parte, la Fundación para el debido Proceso (Fundepro) refiere en su más reciente informe anual la detención de 588 funcionarios de las distintas organizaciones policiales y militares. Y aunque la cifra es muy baja en comparación con los datos aportados por el propio titular de Interior y Justicia, sigue siendo preocupante el número de efectivos incursos en hechos delictivos.

Debemos destacar la imposibilidad de esta organización de reseñar todas y cada una de esas detenciones, en virtud de que no existen estadísticas publicadas al respecto y nuestra base de información radica en medios de comunicación e información aportada por funcionarios y exfuncionarios en las distintas redes sociales, en muchos casos los periodistas hacen mención de detenciones mas no especifican los nombres de los presuntos responsables, lo que imposibilita registrarlos con exactitud, y, por lo tanto, no fueron incluidos en el registro presentado. No obstante, lo recopilado nos dará una idea de los delitos en que más incurren los funcionarios de seguridad, así como las zonas más corrompidas y donde indudablemente debe acometerse un control recio sobre los funcionarios, refiere el informe de Fundepro.

De acuerdo con los registros de la fundación, de los 588 funcionarios detenidos, 352 son militares, 233 son policías y 3 son funcionarios aeroportuarios. La región central (Caracas, Miranda, Carabobo y Aragua) resalta con el mayor número de detenciones: en la capital se registraron 120 policías/militares detenidos durante el 2018, mientras que en Miranda se registraron 75; 62 en Carabobo y 54 en Aragua.

La Guardia Nacional Bolivariana es la institución con el mayor número de efectivos militares detenidos, con 182, mientras que la PNB cuenta con 130 funcionarios tras las rejas y las policías estadales con 99 de sus funcionarios. Los delitos más comunes en los que incurrieron estos funcionarios policiales o efectivos militares, son el robo, homicidio, extorsión, drogas, hurto, secuestro y corrupción.

En noviembre de 2018, el general Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la PNB, admitió la detención de 89 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por su presunta participación en excesos policiales cometidos durante procedimientos efectuados en todo el país.

El policía sabe que el grado de impunidad es total, entonces opta por hacer dinero fácil y rápido e incursiona en la comisión de secuestros, extorsiones, asaltos, porque con una credencial y un uniforme se siente a salvo, comentó el abogado Javier Gorriño, exfuncionario de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ).

En unas declaraciones al portal de noticias El Estímulo, el comisario Sergio González, exjefe dentro del Cicpc, señalaba que “el problema es que no existe ningún tipo de rigurosidad en el proceso de selección de los muchachos que entran a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad de donde en muy pocos meses salen graduados como Policía Nacional. Hemos tenido casos en los que ni siquiera se verifican los antecedentes de esos jóvenes, y en medio del curso de formación, se descubre que están solicitados por un tribunal e implicados en casos de homicidios”.

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