En el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia, la entidad encabeza la lista con 155 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Estos índices de criminalidad convierten a la región, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en un estado con “epidemia criminal”.

Maracay. Cuando en octubre del 2012 solo era el candidato impuesto por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para la Gobernación de Aragua, Tareck El Aissami prometió convertir a la región en un modelo de paz y en una referencia nacional en materia de seguridad.

Y las expectativas fueron grandes, considerando que el hoy vicepresidente de la República, además de abogado, criminólogo egresado de la Universidad de Los Andes (ULA) venía de ejercer como viceministro de seguridad ciudadana, ministro de Relaciones Interiores y Justicia y viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana. Durante su gestión fue creado el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y se puso en marcha La Gran Misión A Toda Vida Venezuela (Gmatvv).

Sin embargo, la Aragua Potencia que enarboló como gobernador pasó a ser una de las regiones más violentas del país, pese a que en julio del 2013 anunció la Misión A Toda Vida Aragua; un plan de seguridad especial para la región con una estructura similar a la Gmatvv. Plan Patria Segura, Operativos Navidades Seguras, Operativos Carnavales Seguros y Operativos de Liberación del Pueblo, formaron parte de al menos 8 planes de seguridad anunciados por el entonces gobernador a lo largo de su gestión.

En los años siguientes, los homicidios seguían increméntadóse, a tal punto que entre 2013 y 2016 se registraron 5523 homicidios, de acuerdo con las cifras que maneja la oficina parlamentaria del diputado al Cleba, Jose Ramón Arias, con base en registros hemerográficos. De ese total de homicidios, 927 corresponden al 2013, 1031 al 2014, 1442 al 2015 y 2123 al 2016.

Recientemente, ese mismo registro hemerográfico señala que solo en el primer semestre del 2017 se registraron 1078 muertes violentas, lo que representan 6601 muertes violentas en 4 años y 6 meses. En el municipio capital, Girardot, además de Mariño, Francisco Linares Alcántara, Sucre, Zamora se concentra más del 74 % de los homicidios registrados en los últimos cinco años.

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La mayor incidencia criminal en Aragua ocurrió en el 2016, año en el que el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ubicó a la región como la primera del país con más muertes violentas, por encima de Miranda y Distrito Capital. Aragua también fue ese año el segundo estado donde se registraron más ataques a sedes policiales —solo en la noche del 16 de septiembre del 2016, cerca de ocho comisarías del estado Aragua fueron atacadas— y en donde estallaron más granadas (31,25 %) superado solo por el Área Metropolitana de Caracas, con 37,5 %.

2016 también fue el año en donde la banda de “El Picure” y el conocido y temido “Tren de Aragua”, las más peligrosas y poderosas bandas criminales del centro del país, tuvieron mayor protagonismo delictivo.

En julio del año 2015 se desplegó la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en zonas como Urdaneta, San Casimiro, Girardot, Bolívar, Mariño y Ribas, en la que participaron mas de 3000 funcionarios policiales y efectivos militares y en las que hubo como resultado “un centenar de personas detenidas”, algunos “presuntos delincuentes” abatidos y “ejecución de acciones policiales sin el debido proceso”, según refiere el informe presentado por el diputado Arias.

Uno de los sectores pilotos de la OLP fue San Vicente, en Maracay, que si bien fue bautizado como zona de paz luego de varios operativos, actualmente está controlada por pranes que han reducido totalmente la presencia policial en la zona y en donde bandas delictivas se han eregido como la máxima y única autoridad.

Es esa hegemonía delictiva la que mantiene a Aragua como el estado más violento del país durante el 2017. El OVV lo registra con 155 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, seguido de Miranda con 153, Amazonas con 146, Bolívar con 113 y Distrito Capital con 109. A  juicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estos índices de criminalidad la convierten en una región con “epidemia criminal”. La organización considera un índice normal de criminalidad entre 0 y 5 homicios anuales por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, si el nivel sobrepasa los 10 homicidios por 100.000 habitantes, se estima que una sociedad enfrenta un cuadro de criminalidad “epidémica”.

Y es precisamente en Aragua donde se encuentra ubicada una de las cárceles más peligrosas del país: el Centro Penitenciario Aragua, conocido como cárcel de Tocorón, ubicado en el municipio Zamora y desde cuyo interior —en el mes de septiembre del 2017— los reclusos incendiaron una unidad policial y dispararon con armas largas a comisiones policiales del Cicpc y Poliaragua, dejando como saldo a tres funcionarios heridos.

En la cárcel de Tocorón los reclusos “gozan” de muchos privilegios, como por ejemplo, mantener cultivos de marihuana y ofrecer dentro de sus instalaciones servicios bancarios, restaurantes, piscina y el disfrute de la famosa Discoteca Tokio.

La cárcel de Tocorón es el centro de operaciones de la violencia en Aragua, señala el diputado Arias.

Aragua es conocida como la cuna de la Revolución y siempre ha sido considerada como la “joya de la corona” para el partido oficialista PSUV. Electoralmente ha sido disputada con vehemencia por oficialistas que siempre han terminado con el poder regional en sus manos, vale decir: Rafael Isea, prófugo de la justicia en EE UU, Tareck El Aissami, quien encabeza la lista de sancionados por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus vínculos con el narcotráfico y quien abandonó el cargo para cedérselo a su pupila, Caryl Berto.

En las pasadas elecciones regionales, Rodolfo Marco Torres, exministro de Alimentación y recientemente incluido por el Departamento del Tesoro de EE UU en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acusado de corrupción o responsabilidad en actos de represión, se convirtió en el tercer gobernador por el PSUV desde el 2008.

El pasado 19 de octubre de 2017, durante su toma de posesión, Marco Torres prometía al igual que sus antecesores convertir al estado en la “Aragua Potencia en seguridad”. Anunciaba desde el Teatro de la Opera de Maracay —el más emblemático símbolo de corrupción psuvista en la región— un “Plan de Despliegue Territorial de policía estatal que actuaría junto con la PNB y policías municipales para crear un patrullaje inteligente basado en indicadores estadísticos de delito y según estándares del Consejo Nacional de Policía”.

Pese a las reiteradas promesas, ninguno de los mandatarios oficialistas ha logrado combatir o disminuir el flagelo de la inseguridad que convierte a Aragua en el estado con 7 de sus 18 municipios con tasas de homicidios superiores a las 200 muertes por cada 100.000 habitantes: Santos Michelena (Tejerías) con 355, Camatagua con 346, Revenga (El Consejo) con 307, Bolívar con 266, Zamora con 244, Ocumare de la Costa con 244 y Ribas con 208 tasas de muertes violentas. De esos 7 municipios, Santos Michelena, con apenas 38.574 habitantes, Camatagua con 16.627 habitantes y Revenga con 48.800 habitantes, aparecen en el ranking de los 10 municipios de Venezuela con mayor índice de criminalidad durante el 2017 en los puestos 4, 5 y 8 respectivamente.

Lo que se puede observar es que hay un patrón de distribución territorial de los municipios más violentos que asocia la ocupación territorial de delito con rutas de transporte de la droga, producción y contrabando de la minería y con las zonas de dominio de las bandas dedicadas a la extorsión y el secuestro, señala el informe anual del OVV.

De acuerdo con el más reciente informe presentado por el parlamentario regional ante el Consejo Legislativo de Aragua, José Ramón Arias (PJ) la criminalidad imperante en la región no solo ha dejado víctimas fatales, sino también graves secuelas familiares como los niños, niñas y/o adolescentes que forman parte de la lamentable estadística de 2048 huérfanos registrados hasta mediados del 2017, producto de la muerte violenta de alguno de sus padres.

Foto: Cortesía


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