La Comisión Delegada aprobó un acuerdo que exige libertad inmediata de los presos políticos, cese de los ataques a la prensa y respeto a la inmunidad parlamentaria. La junta directiva no ha presentado su informe de gestión.
Caracas. La Asamblea Nacional (AN) denunciará ante la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ante la Defensoría del Pueblo y ante la Fiscalía General la violación concurrente y masiva de los derechos humanos de 120 niños venezolanos que el sábado 16 de diciembre se disponían a viajar desde Venezuela hasta Perú, cuando fueron retenidos por agentes del Estado.
Así lo acordó este lunes la Comisión Delegada del Parlamento, ente que funciona durante el receso parlamentario, y que está integrado por la directiva y los presidentes y vicepresidentes de las comisiones.
En la primera sesión de la Comisión Delegada correspondiente al receso decembrino, diputados de distintos partidos de la oposición condenaron los malos tratos perpetrados por funcionarios del Sebin y del Saime, contra los niños que tenían como meta reencontrarse con sus padres exiliados en Perú con el apoyo de una ONG dirigida por el dirigente de ABP exiliado en ese país, Oscar Pérez.
Los presidentes de las comisiones de Política Interior, Delsa Solórzano (UNT-Miranda), de Régimen Penitenciario, Richard Blanco (ABP-Caracas); Defensa, Edgar Zambrano y Contraloría, Juan Guaidó, expresaron su repudio a la actuación de los funcionarios quienes no solo les impidieron viajar a Perú, sino que además les anularon los pasaportes, los retuvieron en los pasillos del aeropuerto internacional Simón Bolívar sin asistencia ni condiciones mínimas durante 12 horas, y finalmente imputaron de varios delitos a la esposa e hijas de Oscar Pérez, quienes acompañarían a los niños en el viaje.
“Hay que pedir al Ministerio Público cuáles son las verdaderas pruebas. La doctora Theresly Malavé nos comunicó que no es cierto que los permisos fueran ilegales. Todos los permisos se otorgaron de manera debida. Había algunos poderes que tenían algún defecto en el otorgamiento, pero eso se tiene que tratar directamente con los padres no con las personas que resultaron detenidas”, dijo Solórzano.
Blanco, por su parte, afirmó que la actuación contra los niños es una represalia del gobierno de Maduro contra el partido ABP. Precisó que entre las víctimas “había una niña cuadrapléjica que estuvo hasta las 4:00 a. m. en el piso, soportando frío porque al gobierno de Nicolás Maduro no le provocaba ni siquiera facilitarle una silla de ruedas; de un autista, de otro niño con síndrome Down, se burlaron”.
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El acuerdo aprobado por la comisión también exige la puesta en libertad de todos los presos políticos que, según informó la comisión de Política Interior, actualmente son 408 en total.
El documento exige “la inmediata liberación de los presos políticos cuya excarcelación ha sido ordenada por los tribunales de la República porque no hay razón jurídica para que estas personas sigan privadas de libertad”. Además exhorta “a los tribunales competentes para que acuerden medidas alternativas a la privación de libertad en favor de los presos políticos que padecen enfermedades para que sean atendidos adecuadamente”. Y por último requiere “a los tribunales que adelantan procesos contra personas acusadas por razones políticas que hagan cesar todas las medidas desproporcionadas de coacción personal y que garanticen el debido proceso”.
Durante su intervención, Zambrano abogó en particular por el caso del exalcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos (Causa R), que fue apresado en julio y trasladado al Sebin en Caracas y que se encuentra en delicado estado de salud.
Por la prensa
Los diputados también denunciaron la persecución de la que fueron objeto periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación en general a lo largo del año 2017. En tal sentido, el acuerdo rechaza “la sistemática violación a los derechos humanos a los periodistas y los trabajadores de la prensa lo cual constituye grave violación a la libertad de expresión”.
Por otra parte, Solórzano puso sobre la mesa el acoso directo contra los diputados de la AN, empezando por Renzo Prieto (VP-Táchira) quien fue apresado en mayo de 2014 y quien debió obtener la libertad al ser electo, mas no fue así. Además, citó los casos de Gilber Caro (VP-Miranda), quien el próximo 11 de enero cumplirá un año ilegalmente preso y en proceso de juicio, y del primer vicepresidente Freddy Guevara (VP-Miranda), quien tuvo que hospedarse en la embajada de Chile ante la inminente detención de la que sería objeto a comienzos de noviembre.
En tal sentido, el documento aprobado exige al Estado el “cese inmediato de la violación de la inmunidad parlamentaria”.
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Contrario a lo establecido en el artículo 27 numeral 17 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, el presidente Julio Borges (PJ-Miranda) no rindió su informe de gestión al cerrar el período ordinario, el pasado jueves 14 de diciembre —cuando se encontraba viajando desde Europa hacia República Dominicana— ni tampoco este lunes durante la instalación de la Comisión Delegada.
Consultados sobre la materia, la segunda vicepresidenta Dennis Fernández (AD-Cojedes) y el jefe de fracción Stalin González (UNT-Caracas) afirmaron que el reporte sería presentado este martes.
Foto Cortesía @AsambleaVE
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