La comisión de Defensa invitó a la alta comisionada de DD. HH. de la ONU, Michelle Bachelet, a una sesión especial con los familiares de los 153 militares presos, en caso de que se concrete su venida a Venezuela. La comisión Delegada se instaló y celebró la aprobación de la Ley que deroga el Arco Minero. La junta directiva presentó su informe de gestión preliminar: de 20 leyes programadas, solo 6 fueron sancionadas.
Caracas. La Asamblea Nacional (AN) exigió Ejecutivo a promover la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares, como un acto de reconciliación y paz en vísperas de la Navidad.
Durante la sesión de instalación de la comisión Delegada —instancia que cumple funciones parlamentarias durante el receso de la cámara— se aprobó el Acuerdo en Defensa de la Libertad y los DD. HH. de los Presos Políticos Civiles y Militares, presentado a consideración por el presidente de la comisión de Defensa, Edgar Zambrano (AD-Lara).
El acuerdo repudia la “privación ilegítima de la libertad y torturas aplicados por autoridades del Gobierno contra los presos políticos”; exige la “inmediata liberación de los presos políticos como acto de justicia y paz” en Navidad; se solidariza con los familiares de las víctimas; exhorta a los funcionarios de seguridad del Estado a respetar los derechos humanos de los detenidos; y exhorta al Poder Ciudadano y a los entes internacionales correspondientes, “ejercer las acciones a que haya lugar para determinar a los autores de los ultrajes” contra los presos políticos.
En su intervención, Zambrano informó a la Delegada que remitió una comunicación a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que en caso de venir a Venezuela asista a una sesión extraordinaria de la comisión de Defensa, en la que pueda escuchar de viva voz el testimonio de los familiares de los militares presos por disentir del Gobierno.
De acuerdo con la investigación de la comisión de Defensa, de los 402 presos políticos que hay en el país, 153 son militares. Vea aquí el listado de militares presos políticos y el estatus de sus expedientes, que maneja la referida comisión.
Ecocidio amazónico
La comisión Delegada también destinó un punto de la agenda para refrendar la importancia de la aprobación de la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía.
Este instrumento, que deroga los decretos de creación del Arco Minero y de los proyectos de minería de la reserva forestal de Imataca, propone un uso planificado y sustentable de los recursos hidrológicos y minerales del sur de Venezuela.
El presidente de la comisión de Ambiente, Luis Parra (PJ-Cojedes) acusó al gobierno de Nicolás Maduro de promover el ecocidio y destruir los derechos de las futuras generaciones. “Esta ley deroga un decreto que no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, que no tiene estudio de impacto ambiental y sociocultural, y donde es el Estado el que atenta contra el ambiente”, dijo.
El presidente del Parlamento Amazónico capítulo Venezuela, Ramón Flores (VP-CC) precisó que son 112.000 kilómetros cuadrados afectados por la explotación desordenada del Arco Minero, lo que equivale a 40 % del territorio del estado Bolívar y 12 % del territorio nacional.
Por su parte, el diputado Américo de Grazia (Causa R-Bolívar) resaltó que la referida ley protege los recursos no solo en el Arco Minero sino de otros estados y regiones donde también hay actividad minera sin control.
AN en alerta
El presidente de la comisión de Política Exterior, Francisco Sucre (VP-Bolívar), expuso a la comisión Delegada dos puntos de alerta en materia de soberanía. Por una parte, a propósito del reciente aterrizaje y despegue de bombarderos nucleares rusos en el país, repudió los rumores sobre el supuesto plan de instalar una base militar rusa en la isla La Orchila. “De ser cierto, es un hecho de extrema gravedad para la seguridad nacional”, expresó. Citó el artículo 13 párrafo segundo de la Constitución vigente según el cual Venezuela es una zona de paz donde está prohibido instalar bases militares extranjeras.
Sucre también alertó a la comisión Delegada que desde el 13 de diciembre, el gobierno de Guyana autorizó a la empresa estadounidense Exxon Mobil para realizar maniobras de exploración petrolera en aguas adyacentes al estado Delta Amacuro:
Guyana se está preparando para explotar petróleo liviano en un bloque de 26.000 kilómetros cuadrados. Hay 6 barcos de bandera panameña haciendo prospección sísmica en la proyección atlántica de la zona en reclamación. Se estima que allí hay 15.000 millones de barriles de petróleo liviano”.
Por su parte, Ángel Medina (PJ-Bolívar), elevó nuevamente la denuncia sobre la persecución a la dirigencia sindical del Guayana y de todo el país, por reclamar reivindicaciones y salarios justos. Abogó por el dirigente de Ferrominera, Rubén González, detenido desde el 29 de noviembre junto con otros 10 dirigentes de esa empresa, y por otros tantos trabajadores de Venalum detenidos hace una semana por un grupo policial de élite. “No son terroristas, son trabajadores que tienen toda una vida de trabajo”, afirmó.
Balance de gestión
A diferencia de su predecesor, Julio Borges (PJ-Miranda), el actual presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza (UNT-Zulia) rindió este martes un informe preliminar de su gestión, conforme lo establece el Reglamento Interior y de Debates. Prometió publicar en los próximos días el informe final.
Según la exposición de Barboza, de 20 leyes programadas en la agenda legislativa, el pleno logró sancionar solo 6, que fueron incorporadas al banco de leyes que prepara el poder legislativo para cuando se produzca el cambio político.
Barboza atribuyó tan bajo rendimiento a la convocatoria adelantada del “simulacro electoral del 20 de mayo”, que obligó al Parlamento a enfocarse en ese debate. Además dijo que el cerco económico impidió a los diputados rendir más este año.
Destacó especialmente la labor de denuncia en materia de violación de los Derechos Humanos, crisis humanitaria y corrupción, que desempeñó la AN durante 2018 y felicitó en particular el trabajo de las comisiones de Política Interior y Contraloría.
La comisión Delegada podría ser convocada nuevamente a juicio de la junta directiva, en cualquier momento antes del 5 de enero de 2019, día de instalación del nuevo año parlamentario.
Videos: Maru Morales P., Crónica.Uno
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