La “limpieza” que, según voces anónimas y parlamentarias, ha ordenado el Gobierno para despejar las zonas a empresas trasnacionales, se traduce en incontables muertes violentas que ocurren en el sur de la región.

Marcos David Valverde/ @marcosdavidv

Ciudad Guayana. La voz de Danielsy Henríquez es lastimera pero no termina, nunca, de quebrarse. Quizás es porque a su lado están sus dos hijos, los hijos que desde el 9 de julio no tienen padre porque lo mataron en la mina Santa Fe, al sur del estado Bolívar.

Las circunstancias de esa muerte no están claras para ella. Lo que sí tiene claro es lo que tuvo que hacer para, días después, recuperar el cadáver de su esposo: pagar 600 mil bolívares, suplicarle a un fiscal regional para que en la morgue no le cobraran la autopsia y, finamente, enterrarlo.

Supo luego que en la mina en donde estaba enterrado primero sacaron un cadáver que no era el de él. Luego, otro. Y, por fin, el de su esposo.

¿Por qué?, se pregunta. No había ningún motivo, según insiste, para que lo mataran. Ni siquiera era minero: era motorizado. Pero allí está ahora. No le queda más que resignarse, por los momentos. Porque seguro debe volver a la mina, donde ella sí trabaja. Donde puede conseguir en horas el dinero que, por otros medios, consigue en días o meses. Y rogar, porque no hay otra, para no ser una de las víctimas de un exterminio que, como lo señalan bajo anonimato muchos mineros, es responsabilidad plena de la Operación de liberación del Pueblo (OLP).

¿Para qué?

Quizá la palabra exterminio suene a exageración para referirse a los asesinatos que se perpetran dentro de las minas. Pero no lo es para el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo de Grazia, quien ha reiterado que esa limpieza tiene un acta fundacional: el Arco minero del Orinoco, creado por el decreto 2.248, del 24 de febrero de 2016, y publicado en la gaceta 40.855.

Cuestionado en un principio por sus turbiedades ecológicas (devastación forestal e hídrica sin control) y sociales (desplazamiento de comunidades indígenas y aislamiento del pequeño minero), como especificó la organización Guayana ante el Arco minero (promovido, principalmente, por la UCAB Guayana, la UNEG y la Unexpo), pronto otras costuras afloraron.

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Aunque las muertes violentas en las minas no son novedad (recordar la masacre de Tumeremo, en la que al menos 18 personas fueron asesinadas el 4 de marzo), De Grazia ha insistido en que una parte del plan gubernamental consiste en eso. El fin: dejar a las trasnacionales todo “en orden” para la explotación del arco al sur del estado.

“El régimen está interesado en sanear las zonas mineras que están comprometidas para las trasnacionales extranjeras de 35 países, para la Gold Reserve a la que le acaban de renovar la concesión”, denunció a principios de mayo.

Como responsable directo ha señalado a Julio César Fuentes, general y exsecretario de seguridad ciudadana de la Gobernación. No solo a él: por añadidura, el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, es el otro responsable de lo que ocurre, ha denunciado el diputado.

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Zonas sin control

La zona del Arco minero, que abarca 111.843,70 kilómetros cuadrados, en Bolívar ha tenido una repercusión sangrienta. El alcalde de Sifontes (cuya capital es Tumeremo), Carlos Chancellor, explica que como gobierno municipal está de manos atadas: no tienen ninguna fuerza policial. A eso agrega que mientras Rangel Gómez esté en el poder, la violencia minera prevalecerá porque no hay voluntad política para frenarla.

“Todo sigue igual, en tensa calma. Y todas esas situaciones no las puedo controlar por eso”, recalca, antes de recordar que pese a los peligros que encierra la minería en Bolívar, son cada vez más los que deciden trabajar en eso: desde profesionales que buscan oro hasta estudiantes universitarias que viven de cocinar y de prodigar favores sexuales a los pranes de las minas.

Pedro Pérez, técnico en seguridad industrial de Bauxilum, decidió renunciar a su trabajo en la empresa y dedicarse a la minería, pues en Las Claritas “gano tres o cuatro veces más de lo que gano en mi trabajo”.

“Me iré de aquí cuando la situación del país cambie. Lo haré porque es lo que quiero. Yo tuve que renunciar a todo y a mi familia por venirme, pero no puedo hacer más nada. Aquí gano más”, insiste, pese a que su vida, así como la de cualquiera, sigue en riesgo.

¿Una cifra exacta sobre la “limpieza” por parte de las OLP? No la hay. Por ejemplo, Chancellor calcula conservadoramente que en su municipio más de treinta personas han sido asesinadas en 2016.

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No puede haber exactitud cuando las minas son un mundo aparte. Allí de vez en cuando, y según las voces anónimas que se esconden por el miedo, la OLP llega a medianoche para cumplir su misión de manera deliberada. Pero, ¿qué más da? La crisis en Venezuela obliga a muchos a acudir a las minas. Y toca tanto resignarse como persignarse.

Foto: Cortesía Correo del Caroní



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