Para la fiscal general al dictar las decisiones 155 y 156 y otras, con las cuales prácticamente aniquilaron a la Asamblea Nacional, los magistrados incurrieron en el delito de conspiración.
Caracas. Por considerar que incurrieron en el delito de “conspiración” al dictar decisiones que en la práctica han disuelto a la Asamblea Nacional (AN), la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quiere procesar a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y para ello solicitó al máximo juzgado en pleno que se lo permita.
La petición la formuló al mediodía de este martes la jefa del Ministerio Público (MP), quien por segunda vez en menos de 24 horas acudió al organismo rector del Poder Judicial para interponer una acción contra alguno de sus integrantes. Sin embargo, en esta ocasión no solicitó dejar sin efecto ninguna designación sino que interpuso un antejuicio de mérito contra seis magistrados principales y dos suplentes, es decir, que requirió permiso para poder enjuiciarlos.
“El TSJ, por intermedio de la Sala Constitucional, ha venido ejecutando una política reiterada con una serie de decisiones, solo voy a mencionar las 155 y 156, con la cual se produce una ruptura del orden constitucional (…) porque en esas sentencias se le estaban dando poderes especiales al Presidente de la República, incluyendo en la materia penal (…) con estas sentencias prácticamente se disolvía la AN, se le quitaban todas las atribuciones y se las arrogaba la Sala Constitucional con la potestad de delegarlas en quien ella quisiera”, afirmó, al tiempo que agregó: “Indudablemente estas sentencias ponen en peligro la democracia”.
Tras advertir que el delito de conspiración no requiere que hechos de fuerza, Ortega Díaz acusó a la Sala de querer “desmantelar al Estado con sentencias” y afirmó: “No puede ser que al TSJ hoy no le gusta la AN y la elimina, no le gusta el Ministerio Público y lo elimina y así con otro organismo. No se puede desestructurar y desmantelar el Estado solamente por caprichos”.
Con pocas posibilidades de éxito
La fiscal general le pidió al pleno del máximo juzgado que le permita procesar a los magistrados principales Juan José Mendoza, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Luis Damiani, así como a los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves, por ser ellos quienes suscribieron tanto los fallos arriba mencionados como el 378 con el cual avaló que la Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro se elija sin referendo previo.
La magistrada Gladys Gutiérrez se salvó porque no firmó ninguno de esos dictámenes por encontrarse fuera del país.
Ahora, sobre las posibilidades de que prospere tanto esta petición, como la que el lunes interpuso ante la Sala Constitucional contra las designaciones de los magistrados que hizo la anterior AN, fuentes del organismo reconocieron que son escasas.
“El antejuicio de mérito debe ser revisado por la Sala Plena, es decir, por los 32 magistrados y de ellos 29 simpatizan abiertamente con el chavismo”, apuntó el informante, quien agregó: “En el caso de la relacionada con las designaciones de diciembre de 2015, pues esa está en manos de la Sala Constitucional, la cual ya ha negado otras peticiones similares”.
Respecto a las designaciones de los llamados magistrados “exprés”, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien hoy también acudió al TSJ, negó que haya cualquier irregularidad en las mismas o que Ortega Díaz hubiera formulado algún reparo.
“Ninguno de los tres titulares de los órganos del Poder Ciudadano se opuso a la designación de los magistrados, ninguno. ¿Cuál es la única manera en la que alguien puede oponerse? Con un voto razonado y escrito”, dijo, pretendiendo así afirmar que el hecho de que la fiscal no hubiera firmado las designaciones no puede interpretarse como una objeción.
Contra la voz disonante
La petición de Ortega Díaz contra la Sala Constitucional, que se ha convertido en la principal arma del chavismo contra la oposición, no quedó sin respuesta y minutos después el diputado oficialista Pedro Carreño acudió al TSJ para solicitarle que ordene una evaluación médica a la funcionaria para determinar si puede seguir ejerciendo sus funciones.
“Ella [Luisa Ortega Díaz] está tratando de encubrir graves delitos en el país y eso es una demostración de que esta señora no está en sus cabales”, dijo el legislador, quien siempre se ha recordado por denunciar a principios de la década pasada que la empresa por televisión por suscripción DirecTV espiaba a los venezolanos.
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