La sentencia del Tribunal no fue firmada por cinco magistrados como establece la Ley. Henry Ramos Allup indicó que la decisión es “inexistente e inválida”.
Carlos Crespo/ @CarlosCrespoR
Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) violó su propia Ley en la sentencia que limita las competencias de la Asamblea Nacional (AN). La afirmación es del presidente del Poder Legislativo, Henry Ramos Allup, quien señaló que el máximo juzgado violó lo establecido en la Ley Orgánica que regula al máximo juzgado que establece que las sentencias deben estar firmadas por dos tercios de los magistrados de la sala. “Esto quiere decir que cinco de los siete magistrados (de la Sala Constitucional) tiene que firmar la sentencia y esta fue firmada por cuatro. Los magistrados Calixto Ortega, (Lourdes Suárez) Anderson y (Luis Fernando) Damiani no firmaron la sentencia, por escrúpulos, los tres magistrados exprés. Cuatro de siete no hacen la mayoría, es una sentencia inválida, inexistente y no vinculante”, aseveró.
El artículo 105 de la Ley Orgáncia del TSJ indica que las sentencias puede publicarse “aunque no haya sido suscrita por todos los Magistrados o Magistradas que integren la Sala respectiva, si sus firmantes constituyen, por lo menos la mayoría absoluta (dos tercios) de quienes la conforman, y entre los firmantes se encuentre la mayoría que esté conforme con ella”. La Sala Constitucional tiene siete magistrados por lo que deben suscribir sus sentencias cinco de sus integrantes.
La magistrada emérita Blanca Rosa Marmol de León explicó que los tres jueces no firmaron porque eran parte interesada, pues era su nombramiento del 23 de diciembre, el que era interpretado por la Sala. “Esto ocurrió por la premura, porque esos tres magistrados debieron inhibirse al ser parte interesada, como no lo hicieron para no tener que recomponer la Sala decidieron no firmar incumpliendo la Ley”, indicó la jurista.
La mayoría de la MUD en el Parlamento aprobó un acuerdo presentado por el diputado Omar Barboza en el que rechazan el dictamen de la sala, ratifican las funciones de legislar y controlar del Poder Legislativo, solicitan la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) y exhortar al pueblo a que esté “alerta y activo” en defensa de la soberanía popular. “Esta sentencia tiene un objetivo macabro: Garantizar impunidad de quienes están incursos en casos de corrupción”, aseveró Barboza.
Anterior AN
Durante su intervención Ramos Alluo citó varios casos en los que el máximo juzgado ha fallado en contra de la oposición: El despojo de la inmunidad de los diputados Juan Carlos Caldera, Richard Mardo, las detenciones de los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos, la intervención de los partidos Copei y Min-Unidad, la sentencia de los diputados de Amazonas, la decisión sobre la obligación de legitimarse para los partidos de la MUD, el dictamen del decreto de emergencia económica y ahora la decisión número 9 de la Sala Constitucional.
Los diputados de la bancada del Gran Polo Patriótico (GPP) se negaron a intervenir argumentando que la AN no puede discutir sentencias del TSJ. El presidente de la AN recordó que en la AN de 2007, dominada por el chavismo, los diputados del Psuv cuestionaron una sentencia del máximo juzgado y pideron investigar a los 32 magistrados. “Ustedes aplaudieron enfáticamente lo que hoy quieren poner como negativo que haga esta AN”.
Agresión en la esquina caliente
En el debate de este jueves también fue aprobada, en primera discusión la Ley de Transparencia, que obliga a los funcionarios a hacer pública información sobre su gestión y establece multas y penas para quienes no lo hagan. “Hay información que aquí se considera secreta y lo oscuro beneficia al delincuente”, señaló el diputado Simón Calzadilla (MUD), quien propuso la iniciativa.
El legislador señaló que se han asignado unos 200 millones de dólares a través de Cadivi y que solo hasta 2012 se publicó la lista de empresa a las que se entregaron esos dólares. “Esta propuesta no es contra de un Gobierno sino para favorecer instituciones de cualquier Gobierno”. La ley fue remitida a una comisión mixta que la analizará y la someterá a consulta pública antes de que llegue a su segunda discusión en la plenaria.
La fracción del GPP salvó su voto al considerar que se violó el Reglamento de Debate. La diputada Érika Ortega (Psuv) indicó que aunque respaldaba la transparencia en las instituciones públicas la AN impedía el acceso de los medios comunitarios al hemiciclo. “Tienen un doble rasero”, aseveró.
Durante la sesión el diputado de la MUD, Carlos Paparoni, entró en el hemiciclo con manchas de sangre en su rostro. Denunció que fue agredido con una botella a las afueras del Parlamento por simpatizantes del oficialismo. “Mientras el Gobierno nacional continúe con el discurso violento vendrán consecuencias peores. El objetivo de nosotros debe ser la reconciliación de todos los venezolanos”.
Foto: Cheché Díaz
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