Bachelet expresó desde Ginebra que espera que se puedan honrar los acuerdos establecidos con Nicolás Maduro, entre esos, el ingreso a los centros de detención y revisar los obstáculos para el acceso a la justicia. El tercer informe supone una evaluación a Venezuela en materia de Derechos Humanos, en donde se evidencia que “las instituciones esenciales y el Estado de Derecho en Venezuela se han visto profundamente erosionados”.

Caracas. Como estaba previsto desde septiembre de 2018 —según la resolución 39/1— la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, presentó al 41° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, el tercer informe sobre Venezuela.

En un discurso que se extendió durante más de 9 minutos, la asamblea pudo escuchar la relatoría de Bachelet en donde destacó que —tras entrevistas durante visitas en Venezuela— pudo constatar que las instituciones esenciales y el Estado de Derecho en Venezuela se han visto profundamente erosionados.

Pese a que el pasado 4 de julio se publicó un resumen de tercer informe en la página web del Acnudh, este viernes desde Ginebra, Bachelet dio su declaración sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.

La alta comisionada dijo que el ejercicio de la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión, y el derecho a participar en la vida pública, conllevan un riesgo de represalias y represión.

En el documento se recomienda al gobierno de Nicolás Maduro la disolución de las FAES, la reparación de las víctimas, a cumplir con sus deberes fundamentales como dar garantía al acceso de alimentos, medicamentos y servicios públicos.

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Nuestro informe señala los ataques contra opositores y defensores de Derechos Humanos reales o aparentes, que van desde amenazas y campañas de desprestigio hasta detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas, exclamó.

El uso de la fuerza excesiva y letal, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales “deben investigarse a fondo, con la responsabilidad de los autores y las garantías de no repetición”, destacó.

Bachelet dijo que se debe trabajar en una investigación sobre la muerte del capitán de corbeta  Rafael Acosta Arévalo, bajo custodia del Estado. Así como también el arresto de dos oficiales militares de contrainteligencia en este contexto.

La alta comisionada abogó por la liberación de los presos políticos. Celebró la libertad de los 59 colombianos detenidos desde 2016 y de otras 22 personas que fueron puestas en libertad, según dijo, “ayer”. 

Durante la mañana de este viernes, el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro anunció en Twitter el cese de medidas cautelares en contra de la jueza Afiuni, encarcelada en 2009 y condenada a cinco años más de prisión en marzo. También informó de la excarcelación del periodista Braulio Jatar.

Alentamos a las autoridades a liberar a otras personas detenidas por el ejercicio de sus derechos humanos, afianzó.

Sobre los derechos sociales mencionó que el salario mínimo se estima en alrededor de 7 dólares por mes y que no cubre ni 5 % de la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas.

Se han informado muertes por malnutrición, aunque no se han publicado datos sobre este y muchos otros temas, expresó.

Destacó que los servicios públicos están colapsados: transporte, electricidad y agua. Mientras que calificó como “crítico” al sector sanitario.

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Recordó que una evaluación de las necesidades humanitarias realizada por la OCHA en marzo encontró que aproximadamente 7 millones de personas en Venezuela necesitan asistencia humanitaria.

Entre los puntos acordados con el gobierno de Nicolás Maduro se encuentran realizar una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, el acceso a los centros de detención, revisar los obstáculos para el acceso a la justicia. “Espero honrar este y otros compromisos”, afirmó Bachelet.

También se acordó aceptar 10 visitas de los expertos en procedimientos especiales del Consejo durante los próximos dos años.

Bachelet trabaja desde 2018 en el monitoreo de la situación de derechos humanos en Venezuela. En marzo presentó su primera actualización oral del tercer informe. Ese mismo mes envió durante 11 días a una comisión técnica al país. Ella misma visitó a Caracas entre el 19 y el 21 de junio.

El Acnudh publicó en 2018 y 2017 otros dos informes sobre Venezuela.

Gobierno pidió rectificación

El viceministro de la Cancillería de Venezuela, William Castillo, desestimó en el Consejo de Derechos Humanos el contenido del informe: “Es un escrito carente de rigor científico y graves errores metodológicos”. Los gobiernos de países como Nicaragua, Bolivia, Siria, Argelia, Rusia, Cuba también se mostraron en desacuerdo.

Castillo aseguró que solo existen “debilidades en el sistema de justicia y desviaciones puntuales en las instituciones policiales”. Asimismo, negó que exista una crisis humanitaria: “Padecemos problemas económicos asociados a diversos factores”.

El gobierno de Maduro publicó un documento con 70 puntos que rechaza del informe de Bachelet.

Por su parte, Perú instó a Bachelet recomendar al Consejo la creación de una Comisión de Investigación para monitorear la situación de los Derechos Humanos. Mientras que Croacia abogó por la liberación de los diputados Edgar Zambrano y Juan Requesens.

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Feliciano Reyna, fundador de Acción Solidaria, durante su participación en el Consejo pidió instar al gobierno de Maduro a que cumpla con las recomendaciones y que se aceleren las visitas ya solicitadas para los procedimiento especiales. Así como también, a reconocer la emergencia y abrir espacios humanitarios. Agregó que desde 2015 se desembocó en una Emergencia Humanitaria Compleja sobre “la cual guardó silencio la mayoría de las agencias de la ONU”.


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