El gobernador de Miranda también denunció que el Gobierno estudia la implementación de la fase III del Plan, que contempla un escenario de “guerra civil”.
Caracas. El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, denunció que con la activación de la “fase II” del Plan Zamora se incrementará el uso de “paramilitares como fuerza de choque para acabar” con las manifestaciones contra el Gobierno que se iniciaron el pasado 1° de abril. “Eso fue lo que se discutió en la reunión que ya había denunciado, lo llamaron el brazo armado de la revolución”.
El excandidato presidencial también señaló que el audio que ha circulado por las redes sociales, en el que se escucha la voz de presuntos generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) discutiendo la posibilidad de usar francotiradores en las manifestaciones, es “fidedigno”.
Agregó que el Gobierno también analiza activar la “fase III” del Plan Zamora en el que los uniformados hablan de un escenario de “guerra civil”. “Se activarían estos grupos [paraestatales] dirigidos por el ministro [Néstor] Reverol y la incorporación de otros componentes de la Fuerza Armada [además de la Guardia Nacional Bolivariana] para aplacar la protesta, aplicar el estado de conmoción”, denunció.
El dirigente negó las informaciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien aseveró que los informantes de Capriles dentro de la FANB fueron apresados. “Ni son dos, ni son los que se dicen que fueron detenidos”, respondió.
El gobernador señaló que luego de la activación del Plan Zamora se incrementaron los asesinatos en las manifestaciones que cifró en 50 hasta el mediodía de este viernes. Señaló que la violencia fue causada por la actitud del Gobierno de cerrar las vías electorales para superar el conflicto político. “Estamos viendo las consecuencias del fraude que se le hizo a la gente con la suspensión del Revocatorio”.
Indicó que en promedio se ha registrado una muerte y 300 heridos (13.000 en total) diarios durante los 49 días de protestas. Agregó que se practicaron 2459 detenciones, 812 personas permanecen presas, 295 fueron juzgados por tribunales militares y 161 de esas personas permanecen privadas de libertad por orden de un juzgado militar. “Se ha duplicado el número de presos políticos en el país”.
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Sanciones
El mandatario se mostró de acuerdo con las sanciones del Departamento de Estado en contra de 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a quienes acusó de corrupción y de no poder justificar los bienes que poseen los jueces en Estados Unidos.
“Esos bienes han sido comprados con nuestro dinero. Los magistrados podrán ser intocables en Venezuela, pero no en Estados Unidos. Estoy de acuerdo que gobiernos del mundo investiguen sobre el dinero que le han robado a los venezolanos”, finalizó.
También se refirió a la creación de una comisión parlamentaria para dar “garantías políticas y judiciales” a quienes decidan respaldar una “transición democrática”. “Esperamos que en algunos voceros internos [del Gobierno] quede algo de sensatez y se impongan, para que podamos ir a elecciones, esa es la apuesta nuestra”, explicó.
También se refirió al incidente de su pasaporte cuando viajaba para reunirse con el alto comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad Al Hussein. “Me lo robaron”.
Señaló que encomendó a una persona para que entregara un informe al funcionario en el que se denuncia el uso de cuerpos parapoliciales en las manifestaciones y otras violaciones a los Derechos Humanos en el país. “Estos son delitos que son castigados por la justicia internacional. Los organismos internacionales actúan. El Gobierno decidió tomar el camino equivocado. La justicia tarda pero llega”.
Foto: Francisco Bruzco
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