Más de 24 horas tiene Édgar Zambrano desaparecido por funcionarios del Sebin

El diputado no ha tenido acceso a llamada telefónica para comunicarse con sus abogados o familiares. Su caso se suma al de otros diputados que han sido sometidos a desaparición forzada como Gilber Caro.

Caracas. “Cero lloriqueo y cero drama que yo soy un hombre que está amparado por la verdad y la Divina Pastora”, estas fueron las últimas palabras que le dijo el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Édgar Zambrano, a su hija, Soley Zambrano.

Casi 24 horas lleva desaparecido el también vicepresidente del partido Acción Democrática (AD) por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) desde que lo aprehendieron ayer 8 de mayo a las 6:30 p.m.

Sus abogados exigieron fe de vida desde la la cárcel de El Helicoide, que funciona como una de las sedes de este cuerpo de seguridad. Sin embargo, no obtuvieron respuesta. Desconocen su ubicación y tampoco han tenido comunicación con el parlamentario.

Nada de esto nos sorprende. Yo siempre estaré orgullosa del desempeño político de mi padre. Él no tiene nada que esconder, es un demócrata a carta cabal”, acotó Soley Zambrano.

El diputado fue arrestado en las inmediaciones de la casa de AD en La Florida, Caracas, junto con cuatro miembros de su equipo: Luis Eduardo Peña Muñoz, Pedro Rosario Alfonso, Martín Emilio Hernández y Abraham José Rodríguez.

“Ya el Estado violó el debido proceso. Esperamos que dentro del lapso correspondiente, en 48 horas, sean presentados ante un juez natural”, dijo Dory Esther Benahím, miembro del equipo defensor, junto a Liliana Camejo y Neida Pérez.

Liliana Camejo, abogada del vicepresidente de Acción Democrática (AD), Édgar Zambrano.

Según las leyes venezolanas, los acusados deben ser presentados ante un tribunal en un lapso de 48 horas y tienen derecho a una llamada tanto a sus abogados como a familiares. Además, califica como desaparición forzada cuando el Estado no informa la ubicación de los privados de libertad, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Este método se ha aplicado en las últimas semanas, si se toma en cuenta el caso de Gilber Caro, diputado suplente ante la Asamblea Nacional y lleva dos semanas desaparecido o el caso del dirigente de Voluntad Popular, Roberto Marrero, quien tiene más de un mes detenido en El Helicoide sin acceso a visitas.

El 2 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó a la Fiscalía a procesar sin antejuicio de mérito a Édgar Zambrano por la insurrección cívico-militar del pasado 30 de abril, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente interino (según el art. 233 de la Constitución) y el coordinador general de Voluntad Popular, Leopoldo López.

Luego, el 7 de mayo, el TSJ emitió la misma orden contra otros seis diputados: el secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, Richard Blanco, Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Luis Germán Florido y Marianela Magallanes López. Dos de ellos, Magallanes y Blanco, buscaron protección internacional e ingresaron como huéspedes a las sedes diplomáticas de Italia y Argentina, respectivamente.

Hasta la fecha, son 24 diputados principales y 5 suplentes que han sido víctimas de las decisiones del TSJ, Fiscalía y la Asamblea Nacional Constituyente. Entre ese total, diez están exiliados, a ocho les han allanado su inmunidad parlamentaria, tres están presos, dos fueron liberados con medidas cautelares, tres fueron desproclamados por el TSJ y tres están en condición de huésped en embajadas.

Fotos: Luis Morillo


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