A casi siete meses de que la Sala Electoral prohibiera a los cuatro legisladores del estado selvático asumir sus curules aún no hay fecha para el juicio, en el que se decidirá si se repiten o no las elecciones.
Juan Francisco Alonso
Caracas. A paso de morrocoy. Así avanza en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el juicio que el chavismo interpuso contra las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre en el estado Amazonas, el cual es uno de los nueve juicios que inició ante el máximo tribunal tras los resultados adversos.
A casi siete meses de que la Sala Electoral prohibiera a los cuatro legisladores por la entidad selvática (tres de la oposición y uno del PSUV) asumir sus curules, el proceso está lejos de resolverse, pues sigue en fase de sustanciación y la instancia aún no ha fijado la fecha en la que podría celebrarse el juicio oral y público en que las partes deben exponer sus alegatos.
El 6 de julio pasado fue la última vez que la instancia judicial adoptó alguna decisión en relación con este proceso. Ese día fueron publicadas las sentencias x-000005 y x-000006, en las cuales el magistrado Malaquías Gil, rechazó los recursos que las defensas de los suspendidos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana no aceptaban su decisión de pedirle a un tribunal del estado Monagas que tomara declaración a una serie de personas, identificadas como Rafael Alfonzo Dasilva Yapare, Willi Cariban, Genrry Aguilar y Helver Aguilar, dispuestas a avalar con su testimonio las denuncias del oficialismo acerca de que en ese estado hubo compra de votos y se amenazó a electores para que respaldaran a los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Originalmente, esta tarea debía realizarla el Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, tal y como consta en un auto de la Sala de marzo pasado. Sin embargo, el 30 de mayo la Sala anuló su decisión y le asignó la misión de un tribunal de Monagas, resolución que tomó porque la jueza amazonense se inhibió atendiendo una petición del chavismo, el cual denunció que los testigos han sido “hostigados, asediados, acosados, amedrentados en su hogares e incluso amenazados de muerte, por manifestar su voluntad en este proceso”.
Los abogados de los diputados de la MUD pedían que en lugar de encomendar la labor a un tribunal en Monagas se le diera a uno de Apure, por ser este estado vecino de Amazonas.
Sin embargo, la Sala desoyó esta última solicitud y defendió su resolución no solo recordando que la ley lo faculta para revisar sus propias decisiones, sino diciendo que el hecho de que algunos testigos hayan sufrido amenazas “constituye motivo suficiente para que sea modificado el lugar de evacuación de todos, ello en aras de su protección y de garantizar que el acto de constitución de la prueba se realice bajo las condiciones idóneas”.
En los registros disponibles al público no consta si los testimonios ya fueron recabados.
De los otro ocho
El grueso de los restantes juicios también avanzan con lentitud, pese a que de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y del propio TSJ en seis meses ya podrían estar en fase de sentencia.
Solo el recurso contencioso electoral que el exdiputado y exsuperintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, ya tiene fecha en el calendario para que se celebre la audiencia en la cual los magistrados escucharán los argumentos a favor y en contra de la repetición de los comicios en el circuito 4 del estado Falcón, por supuestas irregularidades.
La llamada audiencia de informes está prevista para el próximo 27 de septiembre a las 10:30 de la mañana, según figura en el auto 664 del Juzgado de Sustanciación de la Sala Electoral, en el cual también se encomienda al magistrado Malaquías Gil a decidir el caso.
La lentitud actual contrasta con la rapidez con la que el TSJ actuó nada más recibir las demandas del chavismo, pues solo en el caso de Amazonas en menos de 24 horas la revisó y decidió admitirla a trámite, momento en el que también resolvió paralizar los efectos de la proclamación de los legisladores y su posesión.
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