El caso de Juan Requesens se suma a las 135 desapariciones forzadas durante gestión de Maduro (I)

juan requesens | desapariciones forzadas

Con el parlamentario se cumplieron todos los elementos que caracterizan lo que se considera un “secuestro de Estado”. Del total de desapariciones forzadas durante este Gobierno, 85 han ocurrido en el primer semestre de 2018.

Caracas. El 14 de agosto, luego de más de 100 horas desaparecido, el Tribunal 1° de Control en Materia de Terrorismo imputó al diputado por Primero Justicia, Juan Requesens, de siete delitos penales que conllevan hasta 30 años de prisión. Todo se realizó de manera expedita y en violación del debido proceso, lo que impidió preparar la defensa correspondiente. Una defensa, que además, pretendía ser impuesta. La audiencia, a puertas cerradas, culminó a la 1:00 a. m., sin la asistencia de los familiares del arrestado y con acusaciones que exigen ser esclarecidas debido a la poca credibilidad de las pruebas presentadas.

El caso del activista opositor parece adecuarse a un guion escrito y puesto en práctica por distintos integrantes del Gobierno. El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, define este método de detenciones y audiencias como “terrorismo de Estado”, que consiste en la utilización de “métodos ilegítimos” por parte de un gobierno para inducir miedo o terror en la sociedad y así alcanzar sus objetivos. El primer paso de este procedimiento es la desaparición forzada, que los directores de Foro Penal, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, aseveran es una política de Estado visible desde 2014.

Provea se ha dedicado a contabilizar dichas denuncias, que consideran “secuestro de Estado”. Estas ocurren cuando la persona ha estado detenida sin haber cometido ningún delito, sin tampoco haber sido presentada ante un tribunal en el plazo de 48 horas que establece la Constitución y, también, cuando los funcionarios aprehensores se niegan a identificarse y a especificar dónde se encuentra el recluso, prohibiendo, al mismo tiempo, que este se comunique con sus familiares y abogados.

Lee también
Cuerpo de Albán fue trasladado al Cementerio del Este a petición de su familia

Todos los elementos se cumplieron en el caso del parlamentario. Junto con él, ha habido otras 135 desapariciones forzadas durante la gestión de Nicolás Maduro. Provea arroja que, de ese total, 85 ocurrieron en el primer semestre de 2018.

Definitivamente es un patrón sistemático. El caso de Requesens es el más reciente, pero no el único. Rechazamos este tipo de actuaciones por parte del Estado, que, en el presente, tiene una ofensiva para intentar anular voces críticas con el argumento del magnicidio”, resalta Uzcátegui para Crónica.Uno.

Diversas imágenes y videos del diputado fueron filtrados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en los que se apreciaba tratos inhumanos y crueles que fueron denunciados por distintas organizaciones.

“Aunque no hubiéramos visto el video, existe una alta probabilidad de que los presos políticos en Venezuela reciban torturas, humillaciones y malos tratos. Así lo hemos percibido en todos nuestros informes”, agrega Uzcátegui.

Por su parte, el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, explica que las desapariciones forzadas son aprovechadas para fabricar pruebas y cohibir y maltratar al detenido. Uno de los abogados de Requesens, Joel García, aseveró que el parlamentario no recuerda haber grabado un video. En ese material audiovisual él manifestaba que había respondido a una encomienda de Julio Borges para sacar a alguien del país. La defensa resalta la poca validez y explica que una confesión es considerada válida cuando es voluntaria, acompañada de su abogado y realizada en un Tribunal de Control, no en el Sebin.

Al final de la audiencia, García reveló a la prensa que los videos no formaron parte de la investigación. Se trata de un show mediático que el Ejecutivo hace con los venezolanos, porque, si no, esos vídeos tendrían que estar incorporados al proceso.

El fiscal de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, condenó y repudió el material filtrado, asegurando que las imágenes no guardan relación con la confesión del acusado. Sin embargo, constató que no descarta que el dirigente de la tolda amarilla sea cómplice de un intento de masacre que pudo ocasionar en Venezuela una guerra civil de proporciones incalculables.

La hermana del diputado y presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Rafaela Requesens, manifestó que en el país no existe separación de poderes debido a que a su familiar se le acusa “injustamente” de los mismos cargos que William Saab comunicó públicamente.

Lee también
AN aprobó acuerdo para solicitar a países apoyar denuncia contra gobierno de Maduro en la CPI

Foto: Francisco Bruzco


Participa en la conversación