Los dueños de los locales chinos dijeron que no reciben mercancías porque los colectivos les tienen los “ojos puestos”. Además, sostienen que las reglas con el funcionamiento de los Clap no están claras. No saben quién les va a pagar los bultos de comida si se los llevan.

Caracas. Luego de las protestas realizadas hace una semana en Catia y en la avenida Fuerzas Armadas, la comida regulada se convirtió en sal y agua.

Los comerciantes no quieren recibir los alimentos regulados por temor no solo a hechos violentos, sino porque la incertidumbre de no saber quién les va a pagar la mercancía una vez que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) se la lleven. Las angustias y las dudas están más vivas que nunca.

En el mercado municipal de Catia, ubicado a la altura de Pérez Bonalde, no llegaron los camiones con harina precocida de maíz, mantequilla y aceite.

“Y no queremos que vengan si los Clap insisten en llevarse la mercancía. Aquí, de ciento y pico de concesionarios, 32 somos los que vendemos esos víveres, y llegamos a un acuerdo de no vender en esas condiciones”, dijo una de las vendedoras que pidió la reserva de su identidad.

Este jueves por los pasillos de este mercado se paseó una de las vendedoras de la Polar en busca de los pedidos. “Y muchos aceptamos hacer facturación, pues llegamos a un acuerdo con la gerencia que los Clap no van a meter sus narices. Si eso ocurre, dejaremos de vender los productos regulados. En mi caso hice un pedido de 38 bultos de harina de maíz de la normal y dos de la extra suave. Nosotros mismos vamos a entregar los números y a despacharla. No queremos la intervención de los Clap, de las UBCh o de la Alcaldía”, sentenció la comerciante.

Dijo además que todo esto de controlar la distribución lo que hace es favorecer a las mafias. “Ellos nos dicen que en 15 días nos pagan, arman unas bolsas que si acaso los cuatro productos salen en 900 bolívares y terminan vendiéndolas en 1.700 bolívares. Eso es un abuso, entonces ¿quién se está beneficiando con todo esto?”, se preguntó.

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Otro de los expendedores informó que él sí canceló todos los pedidos, porque no hay garantías ni seguridad de ningún tipo.

“A mi hija aquí le han escupido la cara, uno tiene que bajar la santamaría cuando hay esos despelotes, y si ocurre algo ¿quién nos va a pagar los destrozos o que dañen por ejemplo la máquina registradora? Una de las rejas del mercado la tumbaron con los disturbios del martes pasado [el 31 de mayo] y ahora nosotros tenemos que sacar la plata para la remodelación. Por eso digo que no hay garantías, yo no voy a recibir más mercancía de ese tipo”, sostuvo el comerciante, que aclaró que daba la declaración pero su nombre no: “Tú te vas y yo me quedo”.

El procedimiento con las empresas despachadoras en Catia es así: los jueves hacen el pedido, lo entregan los martes y los miércoles los cobran. “Entonces si me quedo con algunos bultos confiado, luego se los llevan los Clap, cómo respondo yo a la industria. No me puedo ir barrio por barrio buscando a las personas que compraron las bolsas, por eso creo que aquí se va a acabar la venta de esos alimentos”, sentenció.

El mercando estaba este jueves desolado. Uno que otro cliente preguntaba el costo del papelón, de los cubitos y de las salsas de lata. Muy poca gente se veía con bolsas llenas de comida. En los alrededores, los locales más visitados eran los que ofertaban huevos, pollo y frutas.

La gente se quejó porque los bachaqueros tienen la harina de maíz en 2.000 bolívares y el arroz en 1.800 bolívares. “Y lo peor es que ese arroz que ves en las calles lo trajeron hace dos días al mercado a un costo de 650 bolívares”, comentó Yadira Marín, usuaria del mercado.

Chinos reacios

Del lado norte de la ciudad, por las avenidas Baralt y Fuerzas Armadas (FF AA) la situación no varía. Ocho días llevan los vecinos sin verle la cara a los productos regulados. Los comerciantes chinos, que son en su mayoría los que regentan los locales, están reacios a recibir los camiones de la compañía que sea.

“Lo que sabemos es que se los van a llevar, entonces para qué tener esa mercancía. Le decimos a la gente que le pregunte a los Clap por la comida. Aquí no va a llegar más nada”, dijo una mujer china, quien además comentó que la semana pasada los citaron a una reunión con representantes del Gobierno del Distrito Capital.

“Solo fueron tres comerciantes venezolanos y siete paisanos. Nadie les está parando porque no estamos de acuerdo con esa medida. Lo que han hecho es amedrentarnos. Sentimos que nos vigilan porque merodean algunos de los colectivos que andan con unos chalecos que dicen Policía Comunal. No sé para qué si no tenemos nada en los depósitos, los camiones por sí solo no vienen porque creen que los van a saquear y que la GN se los va a llevar”, señaló.

En la FF AA hay funcionarios y un camión antimotín a la altura del puente de la avenida Panteón. Cerca de 10 uniformados se ven desplegados en esa equina, otros cuatro a la altura de Las Flores y dos en Socarrás.

“Desde que ellos están aquí, luego de la protesta, no se han formado más colas. Los perjudicados somos los vecinos. Aquí estaban llegando los alimentos y ahora tenemos que estar zanqueando por otras zonas. En mi edificio, que está en la Panteón, no hay consejo comunal. Por su puesto que el Clap no lo tomó en cuenta y no nos están llegando las bolsas. Eso es lo que no ve el Gobierno. Soy de la tercera edad, tengo 68 años, y ahora cómo me alimento”, señaló Rosmary Castro.

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Lo otro que comentaron los comerciantes es que el despacho, además, está afectado por los problemas con las guías de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro).

“La página da error y no podemos revisar los pedidos. Por lo general, las compañías llenan las guías porque eso es lo que les piden a los camiones cuando trasladan alimentos. Luego nosotros revisamos para saber si esa es la cantidad requerida. Hace varias semanas está guindada la web y no se pueden hacer esas gestiones. Lo que nos dicen los despachadores es que a ellos se les dificulta porque ahora tienen excedentes en los depósitos y eso les representa un riesgo mayor. Los pueden acusar de acaparamiento”, manifestó Jorge Ávalos.

Al final los vendedores dicen que están entrampados: “Estamos a merced de la violencia en las colas, de los Clap, de los colectivos, del Sundee, el Sunagro y de la Alcaldía”.

Esta semana, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), denunció que la distribución de víveres en todo el país experimenta retrasos debido a las fallas y los ajustes que la Sunagro está realizando al Sistema Integrado de Control Agroalimentario (SICA), responsable de emitir las guías de movilización para vehículos de transporte de alimentos.

El presidente ejecutivo de Cavidea, Juvenal Arveláez, explicó que estas fallas comprometen el abastecimiento en momentos en que es más necesario “que lleguen de manera expedita a los anaqueles”. El retraso afecta el despacho a 25.000 comercios.

Este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que los Clap, como instancia del poder popular, se mantendrán y seguirán en funcionamiento para garantizar los derechos de la población en materia alimentaria.

“Los Clap llegaron para quedarse nadie podrá con ellos…Hemos invertido importantes recursos y voy a seguir invirtiendo, para regularizar la distribución de alimentos”, acotó.

Estos comités se instalaron el 3 de abril, y el objetivo es que coloquen los productos de forma directa en los hogares venezolanos.

“Pero eso es lo que no está pasando. La primera vez que repartieron las bolsas a mí no me dieron y pasado el mes me entregaron una con un paquete de harina, otro de arroz y un litro de aceite. Ahora vengo aquí a los chinos y me dicen que no van a vender nada. No queremos ese sistema aquí en las FF AA”, dijo Doris Ochoa, residente de la parroquia San José-Cotiza.

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