Así lo afirma Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, organización que publicó su informe semestral de 2018, en el que advierte que más de 160 personas han fallecido en estos centros, principalmente, debido a motines generados por hambre y al hacinamiento, que supera 270% con una sobrepoblación de más de 8000 personas.

Caracas. Carlos Nieto Palma, coordinador de la organización Una Ventana a la Libertad, fue uno de los redactores del artículo 272 de la Constitución en el que se especifica:

“El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización”.

Excluidos de esa ley se encuentran los más de 100.000 privados de libertad en Venezuela. Hacinamiento en centros de detención preventiva, que rebosa el 270%, retardos procesales, muertes por desnutrición y tuberculosis son algunas de las situaciones que se presentan actualmente en los sistemas penitenciarios del país.

Para Nieto Palma, los centros penitenciarios, lejos de ser lugares que eduquen y brinden las herramientas adecuadas a los reclusos para reinsertarse a la sociedad, son universidades del delito. Con su experiencia de más de 20 años en defensa de los derechos humanos de los presos, se atreve a decir que estos espacios enseñan al que es delincuente a perfeccionar su delito, y al que no lo es y está injustamente encarcelado a aprender lo necesario para cometerlos.

El Gobierno no ha entendido que las cárceles no son ni deben ser el castigo. El castigo es la privativa de libertad. Las infraestructuras penitenciarias deben ser espacios para reeducar, pero si lo que hacen es encerrarlos sin permitirles ver el sol y los torturan, es muy difícil lograr ese objetivo. Es preferible que estén libres bajo vigilancia que en un calabozo en las condiciones que sabemos”, explicó.

Alertó que los centros de detenciones preventiva se han convertido en “pequeñas” cárceles desde que se creó el Ministerio de Sistema Penitenciario en 2011 y la responsable de la institución, Iris Varela, publicó una circular, el 3 de agosto de ese año, que prohíbe los nuevos ingresos a las cárceles, al menos que ella otorgue la autorización. Por ende, hay una sobrepoblación en los centros de detención preventiva de más de 8000 personas. De acuerdo con investigaciones que realizó la organización en 93 centros que debían albergar un total de 5.900 personas, encontraron 14.525.

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Así mismo, el informe del primer semestre de 2018 de la ONG arrojó que 163 personas murieron en estos calabozos policiales en 12 estados y en 93 CDP, cifra que supera, en solo seis meses, la total del año pasado, de 65 fallecidos en comisarías.

Este año la principal causa de muerte fue debido a los motines, que, según estudios de la organización, se generaron principalmente por hambre. La mayoría de la veces los policías no les permiten a los familiares el ingreso de los alimentos y, además, los mismos funcionarios manifiestan que el Estado no tiene recursos para brindarles comida a los presos. 71 personas murieron en estas revueltas. Seguidamente, 34 fallecieron por tuberculosis y 15 por falta de atención médica. También resaltaron que los suicidios aparecieron como un método de escape para muchos de los reclusos. En los primeros seis meses de este año se reportaron dos en estos centros de detención preventiva.

El artículo 4 del Código Orgánico Penitenciario establece que se debe “implementar, controlar, evaluar y aplicar actividades de enfermería, programas de medicina, suministros e insumos de salud y programas especiales de prevención de enfermedades endémica y/o pandémicas, procurando el bienestar físico y mental de los privados de libertad o personas sujetas a alguna medida restrictiva de libertad”.

Esto no ocurre en el caso de Francisco Guitérrez, obrero  de 39 años, quien lleva desde enero de este año detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, luego de que efectivos de la FAES llegaran a su casa en El Valle y se lo llevaran sin ningún tipo de orden judicial. Su cuerpo está lleno de abscesos en la piel y su esposa cuenta que, para trasladarlo al Centro de Diagnóstico Integral  (CDI) más cercano, los policías le cobran 150 bolívares soberanos. No ha recibido ningún tipo de atención médica y las medicinas que le llevó su esposa, escondida entre su camisa, no le hicieron efecto.

Esta no es la primera vez que los efectivos le piden dinero a Yamilé Hernández. Todo en esta sede tiene precio. “Hasta por abrazarlo tengo que pagar”, dice. Por cada visita especial debe cancelar seis bolívares soberanos; una visita que dura 20 minutos y que le permite a su esposo salir del cuarto subterráneo en el que hay más de 150 personas. “Muchas veces se encandila por la luz y dice que le arde la piel”, agrega.

Bajo esa misma tarifa de seis bolívares soberanos le aprueban, algunas veces, el ingreso de ciertos alimentos.

Hay veces que no nos dejan pasar caraotas o granos porque podemos esconder algo allí. Pero eso es lo único que tengo en mi casa. Frutas nunca me han permitido. Le he intentado llevar jugos de guayaba, por ejemplo, y me dicen que no y que se los deje a ellos, a los policías”, detalló.

Lamenta que en cada visita observa a su esposo más flaco. Está convencida de que la comida que le lleva nunca se la entregan completa. Calcula que su pareja, en siete meses, ha perdido seis kilos; es decir, casi un kilo por mes.

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Angélica Lugo, periodista e investigadora de Una Ventana a la Libertad, afirmó que en estos calabozos policiales no hay infraestructura carcelaria, por lo tanto, se improvisan espacios administrativos para encerrar a los reclusos.

“Conozco casos de personas que estuvieron más de un año amarrados a una silla en una oficina del Cicpc en Caracas”, apuntó. Igualmente, recordó que, según la ley, en estos centros la persona puede estar un lapso máximo de 48 horas. Seguidamente debe ser presentado a tribunales y, luego, si es acusado, debe ser inmediatamente trasladado a una cárcel.

Al mismo tiempo, alertó que uno de los problemas del hacinamiento en estos lugares es que altera la rutina comercial, estudiantil o residencial, ya que son centros que colindan con colegios, centros comerciales o edificios. Muchas veces, si un recluso se escapa, puede caer en el patio de un liceo o si hay algún enfrentamiento, el peligro acecha a la comunidad más cercana.

En el primer semestre de este año, 192 personas se han fugado de centros de detención preventiva. Marzo fue el mes en el que más presos se escaparon con un resultado de 55 personas, 89 % pertenecía a calabozos en el estado Nueva Esparta. Sin embargo, Carabobo y Miranda han sido los estados con más fugas; en ambos lugares 105 personas se escaparon de los calabozos.

Tragedias 2018

Lugo recordó algunas tragedias en los CDP este año. Destacó la muerte de un recluso en Bolívar que, para mitigar el hambre, se comió una rata. Por otro lado, resaltó la estrangulación de Carlos Enrique Pérez Gómez, de 21 años, a quien le tocó hacer sus necesidades en el mismo sitio donde dormía.

Los familiares de los presos temen por la seguridad de sus hijos. Una madre que tiene a uno de los suyos detenido en la sede de la PNB El Valle expresó que le da miedo que se ahorque. Cada dos semanas debe llevarle unas sábanas o hacerle un parche a las que ya tiene, ya que las utilizan como “aéreos”, una especie de hamaca improvisada. No hay espacio suficiente en el calabozo para dormir. De hecho, esas es otra de las razones de los motines: el turno que hacen los presos a pie para conseguir un rincón en el que acostarse.

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El joven, quien es su único varón, también fue detenido por el FAES y acusado por robo a mano armada. Sin embargo, en las audiencias nunca se ha presentado la supuesta víctima. Han intentado resolver el caso con un abogado público, pero la madre asevera que los mismos defensores están vinculados con los fiscales y lo único que les interesa es el dinero. Un dinero que no poseen.

Su hijo está en un sótano que convirtieron en prisión. Describe que el calor en el estacionamiento es insoportable y que no hay ningún tipo de ventilación. La situación en la sede de Boleíta es similar. Se encuentran en un estacionamiento y los reclusos prefieren dormir en cartones que en colchones porque los desagües de cloaca son constantes y es muy costoso comprar colchones todas las semanas. Por otro lado, la FAES no ha dejado de visitar a sus prisioneros. Familiares denuncian que, por lo menos una vez al mes, llegan a los CDP y hacen requisas donde los desnudan, les pegan, les roban la ropa y sus utensilios de aseo personal.

Una Ventana a la Libertad registró un total de 500 centros de detención preventiva en Venezuela. Nieto Palma subraya que a todo recluso se le deben garantizar sus derechos independientemente del delito que haya cometido.

“No se puede olvidar que él único responsable de violar los derechos humanos es el Estado. Pero nosotros los ciudadanos siempre debemos buscar las formas de que estos sean respetados”, concluyó Nieto Palma

Bajo esta premisa, Lugo recodó una de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos: la regla 22, en la que se especifica que todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, una alimentación de buena calidad y agua potable cuando la necesite.

No obstante, en su informe semestral de este año, denuncian que si los centros de detención preventiva observados no ofrecen ni aire fresco para respirar ni para sentarse a reflexionar sobre la propia conducta, mucho menos garantizarán mínimos de dignidad civilizatoria. En estas condiciones, establecen que los centros de detención policial son “depósitos de personas, que no cumplen ninguna función socializadora o correctiva y que representan un verdadero riesgo para los reclusos, sus familiares, los funcionarios que los custodian y las comunidades donde se encuentran ubicados”.

*Los nombres de los entrevistados y reclusos fueron cambiados por resguardo a su identidad

Infografías: Una Ventana a la Libertad

Foto: AVN


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