Cercenar el quorum de funcionamiento de la AN ha sido lento y costoso para el PSUV

an

En tres años y medio el MP, el TSJ y la ANC solo han logrado vaciar cuatro curules. Desde 2015 al presente se ha violado la inmunidad parlamentaria por la vía judicial de 34 diputados entre principales y suplentes; 15 están en el exilio. El PSUV parece haber cambiado la idea de romper el quorum para disolver al Parlamento, por una más pragmática: el adelantamiento de las elecciones.

Caracas. La estrategia de acabar con el quorum de funcionamiento de la Asamblea Nacional (AN) por la vía de perseguir uno a uno a los diputados de la oposición y disidentes oficialistas ha sido más lenta y ha tenido más costos políticos de lo que probablemente se esperaba en el alto mando del PSUV cuando decidió redoblar la arremetida judicial, este 2019.

Desde diciembre de 2015 hasta el presente, primero el TSJ y luego el trío integrado por el Ministerio Público, el Tribunal Supremo y la Constituyente, solo han logrado desocupar cuatro curules: dos este año y otras dos en 2017.

Tres años y medio para anular a 4 diputados principales y a sus 4 suplentes parece una tarea lenta para quienes desde el mismo 6 de diciembre de 2015 prometieron recuperar el Parlamento para el oficialismo a como diera lugar. A ese ritmo, la meta de vaciar 29 sillas para romper el quorum de funcionamiento, parece una tarea titánica. Ello implicaría lograr el exilio o la prisión de 25 principales más y sus suplentes.

El quorum está amarrado. No hay forma de que ellos puedan meter presos a 25 diputados más y sus suplentes. Esa vía se les complicó, sobre todo por la reacción de la comunidad internacional que les ha caído encima y porque pensaban que los suplentes se iban a esconder, señaló esta semana una fuente del Parlamento consultada por Crónica.Uno.

Estrategia cara

La más reciente arremetida contra la integridad del Parlamento se produjo este 12 de agosto cuando la Constituyente acordó —sin tener competencias para ello— autorizar el enjuiciamiento en tribunales ordinarios de cuatro nuevos diputados: Tomás Guanipa, José Guerra, Juan Pablo García y Rafael Guzmán.

La comunidad internacional reaccionó de inmediato en rechazo a la decisión dictada por el trío integrado por Tarek William Saab, Maikel Moreno y Diosdado Cabello.

Sin embargo, la primera señal de alerta global por la persecución a los diputados se produjo en noviembre de 2017 cuando la Constituyente recién instalada decidió allanarle la inmunidad al primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara. En agosto ya habían atentado contra el fuero del disidente del PSUV, Germán Ferrer.

De ahí en adelante, los pretendidos allanamientos a la inmunidad parlamentaria de Juan Requesens y Julio Borges en 2018, y de 19 diputados más en lo que va de 2019 (incluyendo al presidente del Legislativo y encargado de la República, Juan Guaidó), provocaron las más duras condenas de parte de las democracias occidentales reunidas en el Grupo de Lima, la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de la Unión Europea. Además, el centenar de parlamentos representados en la Unión Interparlamentaria Mundial también alzó su voz de protesta en cada uno de los casos.

El costo político y económico de la persecución a la Asamblea Nacional y a sus diputados viene en el mismo paquete del costo de las violaciones de los Derechos Humanos documentadas por decenas de organizaciones y multilaterales.

Desde 2017 el precio de estas acciones se ha traducido en las sanciones financieras contra el propio Maduro, sus funcionarios y familiares, el aislamiento económico del país y la soledad político-diplomática de Miraflores, sobre todo el último año.

¿Cambio de ruta?
El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ha encabezado las acciones judiciales contra diputados de oposición. Foto: cortesía Prensa Vicepresidencia

Esa lentitud de resultados versus el alto costo de la persecución uno a uno, podría ser la razón de fondo que desde hace días ha llevado al vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, a cambiar la ruta de acción para el añorado “rescate del parlamento”. En los últimos días Cabello se ha dedicado a reforzar la tesis del adelantamiento de las elecciones parlamentarias para inicios de 2020.

Pese a todo el poder y peso político de Cabello en la administración Maduro y en la Fuerza Armada, el capitán del Ejército no logró el respaldo necesario para disolver al Parlamento por vías no previstas en la Constitución en 2017 ni en 2018, ni tampoco para adelantar las elecciones para este año.

Principios de 2020 parece la mejor propuesta que ha podido presentar el dirigente de Monagas a lo interno de su partido y de la coalición de gobierno.

Cuatro menos

Desde 2015, la inmunidad de 34 diputados (24 principales y 10 suplentes) ha sido suprimida arbitrariamente por el TSJ primero, y por el MP, el TSJ y la ANC después.

De los 34 un total de 20 han sido desaforados este año (17 principales y 3 suplentes).

Pese a ello, solo cuatro curules han sido vaciadas:

  • La curul correspondiente al circuito 5 de Táchira estaba ocupada por Sergio Vergara y Rosmit Mantilla. La ANC pretendió el allanamiento de la inmunidad de Vergara en mayo pasado y este optó por el exilio. Su suplente, Rosmit Mantilla (a quién el TSJ le había violado su inmunidad al impedirle salir de la cárcel para juramentarse como diputado en 2016), está en el exilio desde 2017.
  • El circuito 2 de Miranda corresponde a Freddy Guevara, asilado en la residencia del embajador de Chile desde noviembre de 2017 y a su suplente, Juan Andrés Mejía, quien se fue al exilio recientemente tras ser despojado de su inmunidad por la ANC en mayo.
  • La silla correspondiente al circuito 2 de Lara pasó de manos del oficialismo —que la ganó en 2015— a la oposición, cuando su principal, Germán Ferrer, abandonó el PSUV en junio de 2017. Ferrer se fue al exilio en julio de ese año cuando el TSJ le abrió un juicio y ordenó quitarle la inmunidad. Su suplente, Andrés Avelino, aunque fue electo por el Bloque de la Patria ganada por el oficialismo en 2015 está vacía actualmente el principal, el disidente del PSUV Germán Ferrer tuvo que optar por el exilio ante el inicio de un juicio en su contra en 2017; su suplente es un dirigente del partido oficialista Alianza para el Cambio, Andrés Álvarez, quien no volvió a la AN desde 2017.
  • La cuarta curul vacía es la del circuito 3 de Caracas, en manos del expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup y su suplente, Ramón López. Aunque Ramos Allup no se fue al exilio ni está clandestino pese haber sido despojado de su inmunidad en mayo pasado, decidió no asistir más al Palacio por razones de seguridad. Su suplente está en el exilio desde 2017.

http://

En riesgo

Aunque todos los diputados de la alternativa democrática y los disidentes del PSUV tienen sobre sus cabezas la espada de Damocles de la persecución judicial y el desafuero parlamentario, hay tres curules en especial riesgo porque los principales se fueron al exilio y los suplentes están incorporados pero tienen juicios abiertos.

Son los casos de la curul lista de Aragua, que corresponde a Dinorah Figuera (en el exilio por amenazas de cárcel) y está ocupada por su suplente, Gilberto Sojo. Sojo fue apresado en 2014. En diciembre de 2016 recibió medidas cautelares de régimen de presentación una vez al mes y prohibición de salida del país.

El otro es el caso del circuito 2 de Táchira. La principal es Gaby Arellano, en el exilio por amenaza de persecución judicial desde 2018. Su suplente, Renzo Prieto, fue apresado en 2014 y liberado en junio de 2018 sin que su juicio iniciara. También tiene medidas cautelares.

Y por último, la curul del circuito 4 de Miranda, cuyo principal es Rafael Guzman y el suplente, Gilber Caro. Guzman se fue al exilio recientemente, luego de que la Constituyente confirmara el allanamiento a su inmunidad solicitado por el TSJ en mayo de este año. Caro fue detenido en enero de 2017 y procesado por un tribunal militar pero su juicio no avanzó en ninguna dirección. En junio de 2018 fue liberado con medidas cautelares. En abril de 2019 el Sebin volvió a detenerlo sin orden y estuvo desaparecido por 53 días.

Suplentes atropellados
diputados suplentes
El diputado suplente Renzo Prieto se reincorporó a la cámara tras ser liberado en junio de 2018. Foto cortesía

El TSJ ha lesionado la inmunidad de principales y suplentes por igual. Los casos de Sojo, Prieto y Rosmit Mantilla por una parte, y de Caro por la otra, son un claro ejemplo. Todos fueron objeto de arbitrarias interpretaciones del TSJ sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria.

En el caso de Sojo, Prieto y Mantilla, los tres estaban presos cuando fueron electos en diciembre de 2015. Aunque la Constitución señala que todo diputado goza de inmunidad desde el momento de su acreditación (los tres tenían su acreditación), el CNE y el TSJ se hicieron la vista gorda y los mantuvieron presos. En julio de 2016, el Tribunal Supremo reinterpretó el concepto de inmunidad parlamentaria para determinar que por no haberse incorporado aún a la cámara, ninguno gozaba de inmunidad. Los tres estuvieron presos hasta 2017.

En julio 2017, el TSJ volvió a interpretar la figura de la inmunidad parlamentaria y decidió que el diputado suplente, juramentado, incorporado y apresado en enero de ese año, Gilber Caro, no gozaba de esa prerrogativa y debía seguir preso y procesado por tribunales militares porque al momento de su captura no estaba dentro de la cámara.


Participa en la conversación