Los diputados oficialistas también acudieron a la Contraloría para pedirle que procese por usurpación de funciones a los legisladores, con lo cual se abren las puertas para que sean inhabilitados.
Caracas. El sitio al que el chavismo, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sometió a la Asamblea Nacional (AN) el año pasado seguirá en 2017 y al parecer otros organismos podrían sumarse. Así lo dejó en claro este viernes el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuyos representantes no solo acudieron al máximo juzgado para solicitarle que deje sin efecto la elección de la junta directiva del Parlamento —realizada el pasado jueves—, sino que además le pidieron a la Contraloría General de la República que procese a los diputados que la integran porque, a su juicio, incurrieron en “usurpación de funciones”.
“Lástima que arranque el 2017 por el mismo camino, como una mala copia de lo que hizo [Henry] Ramos Allup. Pareciera que apenas suben al hemiciclo se les disparan las ambiciones de ser candidatos presidenciales (…) Por eso el día hoy hemos venido al TSJ para declarar la ilegalidad, nulidad e inconstitucionalidad de la actual directiva. Un pseudo intento de nombrar una directiva pero sin acatar las sentencias del TSJ, sin retirar a quienes fueron por el estado Amazonas y cometieron fraude electoral (…) Esa directiva de la AN es ilegal e inconstitucional”, afirmó el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, tras consignar su escrito ante la Sala Constitucional.
Para el legislador, la sesión de instalación del jueves es irrita, por cuanto el Legislativo no ha superado el desacato que le declaró el TSJ en agosto pasado, pues no ha desincorporado en un acto público a los tres legisladores suspendidos de Amazonas.
“El primer problema que tenían que resolver quienes aspiran dirigir la AN es ver cómo salían del desacato y asumían lo que ellos mismos habían asumido en la misma Mesa de Diálogo”, afirmó, sin precisar qué esperaban de la Sala Constitucional en el supuesto, más que probable, de que atienda su petición y anule la elección de los diputados Julio Borges, Freddy Guevara y Dennis Fernández. No aclaró si esperaba que designara una directiva interina o si ordenaría que asumiera la anterior que encabezó Ramos Allup.
La Sala Constitucional, la cual se reincorporó cuatro días antes de lo previsto, aguardaba esta petición para actuar contra el Parlamento. En 2016, esta instancia dictó 42 fallos en los que anuló 11 leyes o reformas de leyes y le arrebató potestades como la aprobación del presupuesto nacional y la designación de dos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Rodríguez se sumó al planteamiento del presidente Nicolás Maduro de que el Parlamento va rumbo a autodisolverse y, por ello, abogó por elegir uno nuevo: “Creemos que si la oposición no corrige sus errores, no rectifica, los venezolanos vamos a tener que buscar una nueva AN. Coincido en que es necesario que tengamos una nueva AN”.
Minutos después, en entrevista para Venevisión, insistió en esa tesis, pero sin precisar cómo se elegiría a ese nuevo Legislativo, pues la Constitución solamente prevé una vía para ello. El artículo 240 permite al Jefe del Estado disolver el Parlamento y convocar elecciones para escoger otro siempre y cuando este censure a tres vicepresidentes suyos en un mismo período. Supuesto que no se ha cumplido.
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Simultáneamente, el también diputado oficialista Víctor Clark acudió a la Contraloría para permitirle a ese organismo que abra una investigación contra Borges, Guevara y Fernández por usurpación de funciones, porque, a su criterio, “no tienen cualidad para asumir la junta directiva”.
¿Pero por qué da este paso? “Para inhabilitar a los diputados”, respondió el catedrático de Derecho Administrativo de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello, José Ignacio Hernández, quien explicó: “El chavismo alega que por el desacato al TSJ los diputados están impedidos para tomar ninguna decisión y si lo hacen, sería nula, pero además como ellos manejan fondos públicos entonces podría sancionarlos bajo la excusa de que hay recursos públicos en riesgo”.
El jurista no descartó que las sanciones no se queden solo en los tres directivos sino que alcancen a los 112 diputados opositores y así “varios parlamentarios que seguramente aspiran a postularse como candidatos a gobernadores y alcaldes en las elecciones regionales, que el CNE dice que este año organizará, no podrán aspirar”.
Foto referencial: Miguel González
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