Para Héctor Rodríguez, el Parlamento continúa en desacato, pese a que en su primera sesión de este año desincorporó a los tres diputados opositores por Amazonas que habían sido impugnados.
Caracas. Para el chavismo, la situación de la Asamblea Nacional (AN) lejos de mejorar, ha empeorado: pese a que el pasado lunes desincorporaron a los tres diputados impugnados de Amazonas, al declarar en esa misma sesión que el presidente Nicolás Maduro abandonó el cargo, volvieron a desacatar un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y, por ello, le pidieron a la institución que “juzgue” a los parlamentarios.
La solicitud la formuló el diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada oficialista del Parlamento, quien acudió al mediodía de este martes a la Sala Constitucional para solicitarle que anule el acto legislativo al que tachó de “ilegal e inconstitucional”, porque “no está en ninguno de los artículos de la Constitución”.
El legislador chavista por lo visto no ha leído el artículo 233 de la Constitución, el cual establece: “Serán faltas absolutas del Presidente de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato”.
Tras afirmar que “no son los órganos legislativos los responsables de evaluar si les gusta o no la gestión de un gobernante”, Rodríguez afirmó:
“Según esa lógica pudiéramos decir que los diputados abandonaron su cargo porque no asistían a las sesiones el año pasado o no designaron a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) antes del 4 de diciembre o deberíamos concluir que el alcalde de Sucre [Carlos Ocariz], que no puede recoger la basura, abandonó el cargo; o que el gobernador de Miranda [Henrique Capriles], quien encabeza el estado que tiene mayor número de homicidios y que no construyó una vivienda, abandonó el cargo y por lo tanto debemos destituirlo, es una lógica absurda que pone en riesgo la institucionalidad”.
Bajo este argumento, Rodríguez solicitó al máximo juzgado que “juzgue el comportamiento de los diputados e indique cuáles son las responsabilidades de que deben asumir”.
La petición oficialista está en sintonía con las decisiones de la Sala Constitucional, la cual en dos fallos ya ha amenazado a los legisladores con represalias. En la número 614 pidió a la Fiscalía que los procesará por desobedecerla y tratar nuevamente de dejar sin efecto las designaciones de magistrados hechas por el anterior Parlamento en diciembre de 2015; y en la 948, donde les ordenó “abstenerse” de seguir el llamado “juicio político” contra el mandatario, les advirtió que sus desobediencias les acarrearán “consecuencias”.
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¿Incurrieron en delito los diputados? A la luz del artículo 233 de la Constitución, no, pero el jurista José Ignacio Hernández, en un artículo publicado en Prodavinci, advirtió, sin embargo, que el problema de esta figura reside en su vaguedad, por cuanto la Carta Magna no estipula cuándo se puede considerar que el Jefe del Estado dejó el cargo.
“Hay dos posibles interpretaciones. Bajo la primera tesis, el abandono del cargo solo procede cuando el Presidente, físicamente, se ha separado del cargo de manera definitiva, pero sin renunciar. La segunda tesis considera que el abandono del cargo lo declara la Asamblea Nacional cuando jurídica y políticamente considere que existen las condiciones adecuadas, incluso, en caso de abandono derivado la omisión del Presidente en el cumplimiento de sus deberes”, escribió.
El oficialismo, por su parte, es de la tesis de que los legisladores sí se extralimitaron, porque no acataron la sentencia 948 que la Sala Constitucional dictó el pasado 15 de noviembre. No obstante, en dicho dictamen la instancia le ordenó a los diputados “abstenerse de continuar con el pretendido juicio político y, en definitiva, de dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales y que, en fin, contraríe el Texto Fundamental, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala Constitucional”, pero no se refirió a la declaratoria del abandono.
Sigue el desacato
Rodríguez —como ya lo hiciera el lunes el también diputado Diosdado Cabello— consideró que la AN sigue en desobediencia ante el máximo juzgado por tres razones:
“En primer lugar, porque es un conjunto de sentencias del TSJ que no cumple la Asamblea. En segundo, porque lo que hoy funge como directiva [del Parlamento] fue juramentada en condiciones de desacato, y tercero, porque inmediatamente que votan la carta [para desincorporar] a quienes fueron candidatos a diputados [por Amazonas] hacen esta barbaridad de declarar una ausencia de presidente cuando el TSJ ya les había dicho que no fueran por esa dirección”.
Sin embargo, desde el máximo juzgado admitieron que la desincorporación de los tres diputados de Amazonas, en un acto público, implicaría el fin del desacato declarado en la sentencia 808 del pasado 2 de septiembre; y, por tanto, la declaración de que “resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia” ya no tendría valor.
“Ahora habría que analizar cada acto o decisión del Parlamento, no se podrían anular automáticamente como hasta ahora”, aseguró un confidente del organismo.
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