En lo que va de año, Perú y Colombia también han tomado medidas para regularizar la situación de la diáspora venezolana que reside en esos países. Para la especialista Claudia Vargas, los gobiernos de la región están apuntando al control y a la organización de la migración.
Caracas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó que a partir del 16 de abril los venezolanos podrán solicitar una “visa de responsabilidad democrática” tras considerar como difícil la situación política de Venezuela. El anuncio lo hizo como parte de las medidas que incluirá la Ley Migratoria y el conjunto de instructivos presidenciales y decretos que firmó en materia migratoria.
Tomando en considerando la grave crisis democrática que actualmente afecta a Venezuela y recordando la política humanitaria que tuvo Venezuela al acoger a muchos chilenos en tiempos que ellos lo necesitaban y que buscaban refugio en sus fronteras, se crea una visa de responsabilidad democrática. Esta deberá solicitarse en el consulado chileno en Caracas u otros en Venezuela. Y que otorgará un permiso de residencia temporal por un año prorrogable por una vez y que también permitirá la solicitud de la residencia definitiva”, explicó.
Piñera también dijo que se abrirá un proceso gradual de regulación extraordinaria para los extranjeros que permanezcan en el país en situación irregular y que hayan ingresado a territorio chileno antes del 8 de abril de 2018. Este trámite promoverá la integración y reconocimiento de los derechos de los extranjeros, señaló. Aclaró que no se contempla a ciudadanos que tengan antecedentes penales.
Países abren sus fronteras
En lo que va de año, países como Perú y Colombia también han tomado medidas para regularizar la situación de la diáspora venezolana que reside en esos países. Esto en un contexto económico de hiperinflación, escasez de alimentos y medicamentos, conflictividad social, en que los venezolanos huyen en busca de condiciones mínimas de vida.
En el caso de Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó en enero que los ciudadanos venezolanos que recibieron el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) a inicio de 2017, podrán tramitar la Calidad Migratoria Especial Residente en el marco del decreto N.° 001-2018-IN, que amplió el otorgamiento del PTP a todos los venezolanos que ingresen al territorio hasta el 31 de diciembre de este año.
El PTP, en sus dos etapas, regularizó a 25.000 venezolanos, más de 1200 correspondientes a menores de edad. El documento permite un empleo formal, acceso a la educación, servicios de salud y banca.
Para Claudia Vargas, sociólogo y especialista en migración, ante el inminente crecimiento de la diáspora y su perspectiva de que siga en aumento ante el deterioro de las condiciones en el país, la región está apuntando al control y a la organización de la migración.
Los gobiernos de la región están tratando de darle una organización a la migración. Hasta cierto punto, aprovechar todo lo que es la fuerza de trabajo, capital intelectual, capital humano que allí está emigrando. Al darles cierto estatus lo que se hace es integrarlos a la sociedad y de alguna manera se obtiene un mayor control”, puntualizó.
Advierte que esto no significa que no va a haber migración ilegal o que no van a existir problemas de xenofobia.
En febrero, Migración Colombia —pese a que puso fin al registro de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza— decidió otorgar por segunda vez un Permiso Especial de Permanencia para regularizar la situación migratoria de los venezolanos, permitirles trabajar y la afiliación al Sistema de Seguridad Social.
En 2017, de acuerdo con el informe Radiografía Migratoria Colombia Venezuela, cerca de 69.000 venezolanos legalizaron su estatus a través del Permiso Especial de Permanencia.
En marzo, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) emitió una nota de orientación sobre el flujo significativo de venezolanos. El organismo internacional instó a los Estados receptores a garantizar los estándares mínimos como legalidad, accesibilidad, acceso a los derechos básicos y garantías de no retorno.
Foto referencial: Cristian Hernández/CU
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