Edison Lanza, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que el gobierno venezolano trata de evitar que los ciudadanos se mantengan informados, al tiempo que pidió visitar el país para documentar de primera mano la situación actual.

Caracas. Al menos 927 protestas hubo en abril de este año. Muchas de ellas motivadas a las fallas de los servicios públicos, la escasez de alimentos y la crisis en el sistema de salud.

Quienes salieron a las calles, hicieron uso de su derecho a la manifestación pública, contemplado en el artículo 68 de la Constitución de Venezuela. Sin embargo, con el paso del tiempo, este derecho ha sido restringido por el Gobierno, el cual ha buscado la manera de silenciar las protestas.

Así lo señaló Edison Lanza, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del foro “Comunicar en Venezuela”, organizado por Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) celebrado este 15 de mayo, en las instalaciones de la UCAB.

El relator, a través de videoconferencia, utilizó como argumento el informe “Situación de derechos humanos en Venezuela” —publicado en febrero por la CIDH— el cual reseña los problemas que deben enfrentar los venezolanos.

Como ejemplo de restricción mencionó la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, la cual indica en su artículo 38 que las manifestaciones deben ser notificadas con 24 horas de anticipación, “por escrito duplicado, en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persigue”, lineamientos contrarios a los estándares internacionales, indicó.

Para Lanza, esta ley da pie para que las protestas puedan declararse ilegítimas, en medio de un contexto de crisis en el que las manifestaciones se generan espontáneamente para exigir agua, gas o luz eléctrica y otros servicios básicos.

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Agregó que por parte del Gobierno hay una “sistematización y [el informe] muestra cómo el aparato del Estado moldea los derechos políticos. Hay detenciones arbitrarias, desconocimiento de la Asamblea Nacional, implementación de la Asamblea Nacional Constituyente. Estas decisiones se estaban tomando para evitar una implosión social”, sostuvo el defensor de derechos humanos.

Dicha implosión ocurrió entre abril y julio de 2017, en medio de protestas antigubernamentales que dejaron 130 muertos, según números registrados por el Ministerio Público de la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz, destituida por la ANC.

Estos eventos trajeron consecuencias en los medios de comunicación que informaron sobre los acontecimientos. Hay cierres de canales internacionales, no se permitió el ingreso al país de corresponsales, hay ataques permanentes a los medios. Esto es una tendencia que existe, señaló el experto en DD. HH.

Según cifras registradas en el informe “Libertad de expresión en Venezuela”, elaborado por Espacio Público, durante 2017, 54 emisoras de radio fueron cerradas por Conatel. El mismo destino corrieron ocho canales de televisión. Mientras que 17 periódicos cesaron su circulación, al tiempo que 13 portales digitales de información fueron atacados o bloqueados.

Con este tipo de acciones, Lanza indicó que el Estado busca evitar que los ciudadanos se mantengan informados.

Pero así como el Gobierno ha generado vías para la restricción, por otro lado aumenta el “régimen comunicacional”, como lo llamó Marcelino Bisbal, director de la revista Comunicación del Centro Gumilla y de la editorial Ediciones AB. De esta manera, el Ejecutivo se adueña de varios medios de comunicación, cuyos canales han aumentado desde 2013, cuando había 7 canales de televisión estatales, ese número subió a 17 estaciones.

Ante la situación, el relator de la CIDH pidió al Gobierno le autorice realizar una visita a Venezuela para documentar, de primera mano, cada uno de los escenarios que la comisión ha seguido desde afuera a través de organizaciones independientes.

Foto referencial: Francisco Bruzco



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