Asimismo, hizo un llamado a todos los empleados públicos del país a sumarse a una jornada nacional de protesta el 4 de septiembre, Día nacional del Empleado Público.
Caracas. Representantes de distintas federaciones y sindicatos del sector público y privado, agrupados bajo la Coalición Sindical Nacional, denunciaron y rechazaron un supuesto aumento salarial que pretende hacer efectivo la administración de Nicolás Maduro a partir de septiembre porque el mismo “no cumple las expectativas de los trabajadores”.
La vocería estuvo a cargo de Carlos Salazar, coordinador de dicha coalición, quien aseguró que la información del aumento les llegó de forma extraoficial. Según Salazar, a los 100.000 bolívares mensuales del supuesto nuevo salario mínimo se le sumarían 50.000 bolívares de bono de alimentación, es decir, poco más de 4900 bolívares diarios.
A juicio de Salazar, un ingreso mínimo mensual de 150.000 bolívares no es suficiente para que los trabajadores cubran necesidades básicas como la alimentación y la salud, por lo que, en representación de la Coalición Sindical, recalcó la exigencia de que el sueldo mínimo sea ajustado a 400 dólares.
El dirigente sindical resaltó que el ingreso mínimo mensual del venezolano debe permitir cubrir el monto de la canasta básica, la cual, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), en el mes de junio fue de Bs. 2.018.191,88 (274,21 dólares estadounidenses a la tasa de cambio oficial del BCV del 25 de junio).
Consultado por Crónica.Uno acerca de la viabilidad del ajuste salarial que exige la Coalición Sindical, Carlos Salazar señaló que el mismo sería solo para los empleados públicos y que el sector privado, junto con sus trabajadores, se encargaría de aumentar los salarios según la capacidad de cada empresa.
Jornada nacional de protesta
Asimismo, la Coalición Sindical hizo un llamado a todos los empleados públicos del país a sumarse a una jornada nacional de protesta el 4 de septiembre, Día Nacional del Empleado Público.
En dicha jornada, los trabajadores exigirán la eliminación del instructivo Onapre y del memorándum 2792 del Ministerio del Trabajo, la liberación de los dirigentes Rubén González y Rodney Álvarez, el cese de la persecución a líderes sindicales y la supresión de los convenios laborales macro —o únicos— por los sectoriales.
En Caracas la protesta iniciará en la plaza Las Mercedes de la parroquia Altagracia y culminará en la sede de la Vicepresidencia de la República, en la avenida Urdaneta.
Reclamos por aquí y por allá
A la convocatoria hecha por la Coalición Sindical acudieron representantes sindicales de varios sectores de la administración pública, así como de sindicatos del sector privado y jubilados.
Sorfany Maita, presidenta de la Unión Venezolana de Trabajadores de la Salud (Uvetrasalud) denunció el despido masivo y la persecución a trabajadores llevado a cabo por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y afirmó que más de 3500 trabajadores dependientes de dicho organismo han sido despedidos sin que la Inspectoría del Trabajo dé respuestas o se pronuncie al respecto.
A su vez, Maita resaltó el estado precario en el que se encuentran quienes laboran en las instituciones de salud dependientes del Estado, al igual que las instalaciones y servicios que prestan dichos centros.
No hay medicamentos ni para pacientes ni para trabajadores. No hay agua, los baños dan asco y lástima. No podemos cubrir los gastos de alimentación y salud con lo que ganamos de sueldo. Lo último que hicieron fue entregar un bono de 10.000 bolívares por concepto de uniforme, que no sirve para nada”, exclamó Maita.
Por su parte, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Carlos Pinto, resaltó que los empleados públicos no son los únicos trabajadores afectados por las políticas económicas implementadas durante los últimos veinte años pues 95 % de la industria de la construcción se encuentra paralizada, lo cual afecta a cerca de 1,8 millones de trabajadores del sector.
“Es necesario reactivar la producción y crear políticas que garanticen seguridad jurídica a los empresarios para así recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores”, expresó Pinto. De igual forma, resaltó que los sindicatos discuten continuamente los ajustes salariales con los patronos, así como la entrega de bonos, dotación de uniformes y útiles escolares, entre otros beneficios.
Según Pinto, el ingreso diario de un obrero oscila entre 6000 y 7000 bolívares mientras que un oficial puede ganar entre Bs. 10.000 y 11.000 por día, lo que se traduce en ingresos entre Bs. 180.000 y 330.000 al mes, más de ocho veces el salario mínimo oficial, pero aún así insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
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