La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por quinta vez hace un llamado a la Defensoría del Pueblo ante la crisis humanitaria. Para este organismo, la suspensión de todos los procesos de procura y trasplante del donante cadáver en el ámbito nacional, cercena el derecho a la vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica.

Caracas. Codevida y Provea alertaron sobre el peligro inminente para la vida de cerca de 1500 personas en diálisis peritoneal, 3500 trasplantados y 5000 pacientes en lista de espera por un trasplante de órgano, ante la suspensión de las terapias sustitutivas de diálisis peritoneal y de los trasplantes en Venezuela por el agotamiento de materiales, además de la interrupción del suministro de medicamentos.

Las ONG sostienen que esta grave situación ocurre en el contexto de una emergencia humanitaria en salud no reconocida ni atendida debidamente por el Estado venezolano, con un ascenso exponencial de muertes sanitariamente evitables, enfermedades para las cuales se han acabado medicinas y tratamientos, epidemias en expansión sin controles adecuados y daños irreparables a la integridad física y mental de las personas con problemas de salud, como consecuencia de una sistemática y prolongada desestructuración de las instituciones y de la infraestructura pública sanitaria en todo el territorio nacional, causando la inhabilitación de la mayoría de los servicios de salud públicos para prestar una atención mínima adecuada.

De acuerdo con una comunicación de fecha 12 de mayo de 2017 por la empresa Dialysis Care, único proveedor de materiales para realizar terapias de diálisis peritoneal a personas con insuficiencia renal crónica que reciben en unidades públicas y privadas especializadas con financiamiento del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), se han agotado la totalidad de los inventarios después de un retraso no resuelto por las autoridades sanitarias para la entrada de estos materiales al país.

En vista de ello, la empresa solicita a las unidades el apoyo a fin de reservar cupos de Hemodiálisis a personas que puedan entrar en situación crítica antes de su descompensación.

Asimismo, en comunicación de Fundavene con fecha 29 de mayo de 2017 dirigida a la directiva del hospital J. M. de los Ríos, se notificó la suspensión temporal de todos los procesos asociados a la procura y trasplante renal de donantes cadáver a nivel nacional y, por lo tanto, de cirugías y actualización de listas de espera, hasta hacer una “reevaluación en el mes de septiembre”, conforme a decisión de esta institución el 19 de mayo de 2017.

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La comunicación señala que “a pesar de las implicaciones médicas que esta medida puede acarrear, resulta la estrategia más responsable a tomar ante la actual situación que atraviesa la salud pública a nivel de infraestructura, así como el suministro oportuno de medicamentos inmunosupresores para la inducción en el trasplante de órganos”.

En respuesta a estas medidas, la Sociedad Venezolana de Nefrología (SVN) comunicó a la opinión pública el 29 de mayo su preocupación por los altos riesgos de muerte que corren las personas con enfermedades renales crónicas a causa de la suspensión definitiva de la terapia peritoneal, el cierre de los programas de procura de órganos de cadáveres a nivel nacional y la escasez de medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo de los órganos en personas trasplantadas.

Peticiones urgentes 

Ante esta grave situación, Codevida y Provea firman un comunicado conjunto en el que exigen  al ministro de Salud, al presidente del IVSS, a la Defensoría del Pueblo y el presidente de la República lo siguiente:

  1. Activar de manera inmediata todas las medidas necesarias para permitir la regularización de la entrada al país de los materiales, medicinas e insumos que permitan a todas las personas que lo requieran, sin exclusión alguna, continuar con sus terapias de salud renal, diálisis y trasplante, usando la ayuda internacional ofrecida por otros países y organismos internacionales especializados.
  2. Revocar las medidas de suspensión del programa de procura de órganos para trasplantes de donantes cadáveres y asegurar las medicinas, insumos, materiales y servicios en condiciones seguras y adecuadas para continuar la realización de trasplantes en Venezuela, garantizando el derecho a la vida y a la integridad física y mental de las personas trasplantadas y en espera de trasplantes.
  3. Desistir de conductas de negación, omisión y manipulación sobre el grave abatimiento del sistema sanitario a nivel nacional, lo cual compromete responsabilidades nacionales e internacionales del Estado con el derecho a la salud y la vida de la población venezolana, entre ellas miles de personas con problemas renales crónicos y millones con diabetes e hipertensión arterial por causa de la escasez de medicinas y la inutilización de los servicios y programas sanitarios, incapacitados para prestar una atención mínima adecuada.
  4. Garantizar plena participación de manera informada a todos los familiares y organizaciones de personas afectadas, gremios y sociedades médicas, personal de los centros de salud, proveedores e instituciones de salud públicas y privadas, en todas las decisiones relativas a los programas y servicios de salud renal, diálisis y trasplantes.

Por quinta vez ante la Defensoría

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría entregó un comunicado ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el IVSS y el Ministerio para la Salud, con fecha 1° de junio, en donde manifiesta preocupación por la grave situación de los enfermos renales crónicos.

Ante la  Defensoría, este sería la quinta vez que la Sociedad se pronuncia y lo hace apropósito de la suspensión del programa de diálisis peritoneal, que a su juicio representa un nuevo riesgo para la salud de estos pacientes, problema que se suma a la falla y contaminación de las máquinas de hemodiálisis, la falta de insumos para estos procedimientos, la escasez de medicamentos inmunosupresores, entre otros.

Para este organismo, la suspensión de todos los procesos de procura y trasplante del donante cadáver en el ámbito nacional, cercena el derecho a la vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica.

Además, alertó a los organismos gubernamentales de que deben atender la contaminación de la planta de osmosis inversa en el hospital J. M. de Los Ríos, por falta de mantenimiento preventivo y correctivo, que produjo la muerte de tres pacientes y otros tantos contaminados.

Condenó en su comunicado la falta de antibióticos y el silencio de las autoridades hospitalarias ante las denuncias por parte del servicio de Nefrología.

Otros aspectos en los que la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría —que preside el doctor Huníades Urbina— pidió atención fueron  la escasez de vacunas en el ámbito nacional, lo que se traduce en bajas coberturas vacunales con el incremento de enfermedades prevenibles, que en algunos casos estaban controladas o erradicadas, como la Difteria; y la desnutrición aguda y crónica a la cual está sometida la población venezolana y en especial los niños.

“Hacemos un llamado a los entes involucrados a buscar la solución a esta crisis humanitaria en conjunto con las sociedades científicas, pues el pueblo venezolano no merece morir de mengua” (sic), se lee en el documento.

Foto referencial: Archivo Crónica.Uno



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