“El real efecto de las vigorosas sanciones [petroleras] apenas están asomando su rostro, con efectos considerables, pero lejos de ser la causa de la catastrófica crisis económica”, asegura el documento “El impacto y la naturaleza real de las sanciones económicas impuestas sobre Venezuela”.
Caracas. “El profundo colapso económico en que está sumido el país no tiene nada que ver con las sanciones”, expone un informe de la ONG de Derechos Humanos Provea titulado: “El impacto y la naturaleza real de las sanciones económicas impuestas sobre Venezuela”. Cada página revela el exceso de gasto público, corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de divisas de la nación, caída en la producción de la industria de 70 % (2008-2019); expropiaciones, entre otros descalabros que llevaron al país a un atolladero. Según el documento, la crisis estalló en 2014, varios años antes de la primera sanción económica de Washington que se aplicó en noviembre de 2018.
“Desde 2004 se han venido llevando políticas que facilitaron e incentivaron la exportación de la renta petrolera, puntualmente: la sobrevaluación de la moneda, la expansión importadora estatal y privada, la fuga de capitales a través de elementos financieros y la triada: endeudamiento externo, sobrefacturación importadora y sobreprecios en la importación. Todo ello condujo a la destrucción del aparato productivo tanto industrial como agrícola, ya que la importación tan artificialmente barata hacía imposible que la producción a nivel nacional fuese rentable. Así las cosas, la producción y productividad se vinieron en picada tan temprano como en 2009. Otro auge petrolero permitió estirar la dilapidación rentística de capital, porque el precio del petróleo subió a niveles nunca antes vistos”, se lee en el documento elaborado por el economista Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO).
En 2013 Venezuela comenzaba a registrar un “endeudamiento externo muy severo y costoso”, asegura el informe. Por otro lado, destacan que las primeras sanciones financieras arrancaron en agosto de 2017 y las primeras directamente económicas en noviembre de 2018. “Las sanciones petroleras (sin duda las más fuertes y destructivas de todas) apenas se han iniciado en enero de 2019, el real efecto de las vigorosas sanciones apenas están asomando su rostro, con efectos considerables, pero lejos de ser la causa de la catastrófica crisis económica”, afirman.
La economía de 2013 a 2016 experimentó una caída cercana a 25 %, por primera vez en su historia registraba una caída sostenida durante 12 trimestres. Las sanciones financieras aparecen en agosto de 2017, en los primeros dos trimestres de ese año la economía venezolana había disminuido casi 8 %, lo que acerca una contracción en el PIB de 30 %. “De las peores en la historia de América”.
La primera sanción financiera al gobierno venezolano ocurre en agosto de 2017 emitida por el presidente de EE. UU., Donald Trump, bajo la resolución OE 13.808. El argumento se basó en “violaciones a los derechos humanos” contra la población. En noviembre de 2018 se dan las primeras sanciones económicas, donde se prohibía y bloqueaba cualquier tipo de operación relativa a transacciones de oro o cualquier activo (determinado por el Departamento del Tesoro que el gobierno de Maduro ejerza con empresas estadounidenses). El 28 de enero de 2019 se elevaron las amonestaciones al embargar activos de Pdvsa en Estados Unidos.
La exportación de crudo en 2016 cayó 68 %. De acuerdo con Sutherland, se debe a varios factores “por completo ajenos” a las medidas recientes contra Pdvsa. Enumera “escasa inversión efectiva, la escasez de fuerza de trabajo calificada por los bajísimos salarios, la enorme corrupción en los manejos de la empresa, el escaso ingreso interno al regalar la gasolina, expropiaciones y problemas con transnacionales contratistas y el endeudamiento exagerado para captar divisas que posteriormente eran regaladas en el mercado interno” a precios irrisorios.
El tipo de sanciones aplicadas por Trump terminan por serle útiles a los gobiernos que las padecen, alertan los expertos. “Al ser en efecto políticas que buscan destruir la economía del país que la sufre, es decir, lograr la asfixia económica, sirven de excusa para culpabilizar al ‘enemigo externo’ de los propios errores locales. Permite moralizar a sus bases de adeptos y victimizar a los gobiernos que las sufren”.
Los gobiernos culpan de la imposibilidad de crecimiento económico a las sanciones y poco a poco la gente internaliza la situación política y tiende a naturalizar la crisis. De esta forma los gobiernos construyen tramoyas donde la responsabilidad de la crisis les es ajena, añaden. Recientemente, el canciller Jorge Arreaza responsabilizó a las sanciones de las muertes de niños del Hospital J. M. de Los Ríos que esperan conseguir trasplantes de médula ósea.
Las responsables de la escasez de alimentos
Si desde 2017 es más difícil para el Gobierno importar alimentos y medicinas, esta no es la causa de la fuerte escasez, asegura Sutherland. A juicio del experto, se debe “fundamentalmente” a la crisis económica que desde 2009 se gesta en el país. “La caída en ciclo económico depresivo ha destruido el agro, la industria y buena parte del comercio formal. Ello se debió a la exacerbación de políticas económicas rentísticas”, dice el informe.
Importar alimentos y medicinas de India, Rusia, China, entre otros, también es un problema que enfrenta la administración de Nicolás Maduro, debido a la escasez de divisas por la caída en las exportaciones petroleras, acero y petroquímica. En 2018 la importación de medicinas y alimentos fue de 2600 millones de dólares, cuando en 2012 llegó a ser ocho veces más. El informe insiste en que la disminución en la importación de ambos rubros no es causada por las sanciones, sino por la crisis de “economía capitalista centrada en el extractivismo petrolero”.
La imposibilidad de reestructurar la deuda externa
Las sanciones imposibilitan al gobierno de renegociar la deuda externa con los bonistas estadounidenses, algo que en el informe se califica de “grave”. “Es una acción hostil que atenta contra las posibilidades de superar enormes problemas que la crisis trae aparejada. Pero estas sanciones no implican que otras firmas no estadounidenses no puedan comprar los bonos, máxime, los bonos venezolanos tienen la denominación de junk bonds lo cual hace que tengan un precio muy por debajo de su valor facial. Países amigos pudieran hacer un increíblemente lucrativo negocio con los bonos venezolanos. Pero no lo hacen, no por las sanciones, sino por la seguridad de un default que ya en 2017 se había manifestado de diversas maneras, tras varias peticiones de prórrogas y períodos de gracia. Por ende, la imposibilidad de reestructurar la deuda no es culpa de las sanciones sino del devenir desastroso de la economía”, advierten.
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