Colectivos tienen luz verde para “aplacar” descontento hacia Maduro

Grupos paramilitares, escudados en el trabajo comunitario, utilizan la violencia para intimidar y evitar que quienes protestan en contra del presidente Nicolás Maduro salgan a las calles. Han participado en robos, golpizas y agresiones a residencias, según denuncias.

Caracas. Derribaron las puertas y corrieron hasta el baño donde se ocultaban. Ahí los golpearon. El estudiante de la Universidad Monte Ávila —a quien se le resguardará el nombre por motivos de seguridad— corrió hasta el hotel Listor, en la calle Negrín, huyendo de colectivos armados a bordo de motos.

Había asistido a la marcha opositora el pasado 4 de abril. Mientras trataba de alejarse de las bombas lacrimógenas que lanzaba la Policía Nacional Bolivariana, alrededor de 20 motorizados comenzaron a perseguirlo. Un señor gritó: ‘¡Colectivos!’ Y mis amigos y yo corrimos.

Concebidos como “colectivos” estos grupos paramilitares se escudan en el trabajo comunitario para intimidar por medio de la violencia y evitar que quienes protestan en contra del presidente Nicolás Maduro salgan a las calles. Han participado en robos, golpizas y agresiones a residencias.

El historiador y profesor de la Universidad Simón Bolívar (USB), Luis Alberto Buttó, dijo que un gobierno se sostiene porque tiene apoyo popular o por el uso de la violencia. Y [en Miraflores] han perdido de manera notoria el apoyo y responden con violencia frente a la gente que quiere cambio.

Los sujetos vestidos de negro y a bordo de motos, irrumpieron en el hotel y derribaron puertas de habitaciones y baños, solo para encontrarlos. Los persiguieron desde donde estaba la protesta.

El estudiante fue golpeado y despojado de sus pertenencias, junto con cuatro compañeros de clases —tres mujeres y un hombre—. Los paramilitares rompieron las puertas de las habitaciones y baños del hotel donde se ocultaban.

A una de las chamas le lanzaron las llaves de su casa en la cara. A nosotros nos golpearon muchísimo en la espalda y en la pierna con un rolo. Nos amenazaron de muerte y nos quitaron el dinero, y los celulares, contó.

El presidente Nicolás Maduro dijo en un acto en Caracas, hace unas semanas, que “si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. ¡Nosotros jamás nos rendiríamos! ¡Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria con las armas!”.

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Amparados bajo estos argumentos los colectivos actúan a sus anchas y bajo la mirada de los organismos de seguridad del Estado. Es común verlos llegar en motos, no menos de seis parejas, con la cara cubierta, chalecos antibalas y armados.

Incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, los caracterizó como “grupos civiles armados al margen de la ley” y temidos por la población en general.

Hacen el “trabajo sucio” del Gobierno

“Esto es para que nos respetes viejo. La Constituyente sí va”, gritaban varios sujetos a Pedro —nombre ficticio por seguridad—, mientras lo golpeaban con unos cascos, en la bomba de gasolina de la avenida Teherán en Montalbán III.

Luego de la severa golpiza, le pasaron por encima el caucho delantero de una motocicleta y efectuaron un disparo muy cerca de su oído.

Los sujetos, que vestían con chalecos antibala color verde oliva y que llevaban los rostros cubiertos, huyeron ante la mirada de un grupo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que no intervino, ni siquiera para trasladar al herido a un centro asistencial.

Pedro recién llegaba a la protesta en contra la ANC, el pasado 4 de julio, cuando llegaron 15 motorizados con parrilleros, efectuando dispararos al aire. La gente corrió para resguardarse de las balas y se dispersó. Momentos después, los individuos irrumpieron en la urbanización disparando hacia los apartamentos.

Entre seis hombres —según recuerda— le dieron por todo el cuerpo con los cascos para las motos y objetos contundentes. Caminó durante 12 días con un bastón y quedó con dolores en la espalda. Esa tarde, además de Pedro, un joven resultó herido de bala en el tobillo.

Residencias Loreto, junto con cinco edificios más de El Paraíso, fueron atacadas por grupos de choque cuando los vecinos protestaban en las calles

En La Candelaria, San Martín, Caricuao, Montalbán, El Valle, Coche y El Paraíso diversas protestas han sido disueltas por los colectivos —o grupos paramilitares— quienes llegan luego de que uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la PNB les abren paso durante la represión.

Desde que iniciaron las protestas de la oposición, el 1° de abril, estos grupos han agredido y robado a quienes asisten a las manifestaciones.

También han sido responsabilizados por destrozar o atacar instalaciones residenciales y vehículos, en zonas que han expresado su rechazo hacia el gobierno de Maduro. Y hasta han participado en saqueos, según fuentes extraoficiales.

En la última encuesta de Datanalisis  27,9 % de los ciudadanos responsabilizan de la violencia a los colectivos y 23,3 % a la GNB.

Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OCVS), coincidió con el profesor Buttó en que la función de estos grupos es controlar por la fuerza a quienes se oponen al Gobierno. Pero también buscan sembrar miedo e intimidar a los ciudadanos para que no asistan a las acciones de calle.

Los colectivos surgieron como iniciativas comunitarias, deportivas y culturales, siempre con apoyo político que recibe recursos financieros, con los que se armaron. Son el brazo armado de la Revolución y la visión gubernamental es que ellos “representan al pueblo!.

El Conjunto residencial El Paraíso, conocido como “los verdes”, ha sido víctima de constantes ataques de grupos armados, desde el pasado 19 de abril, cuando se sumaron a las manifestaciones opositoras. Vecinos aseguran que las visitas las reciben en horas de la noche, escoltados por la GNB.

Usando la fachada del colectivo muchos se han convertido en grupos paramilitares, que presuntamente cometen delitos y tienen nexos gubernamentales. Dominan comunidades y deciden cuándo pueden entrar los funcionarios y cuándo no.

Aunque siempre han estado ligados a la política, en las protestas que inició la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), hace más de tres meses, han tenido autoridad pública para ejercer funciones de la GNB y PNB que no les competen, como en el Plan Zamora.

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Están envalentonados porque actúan con permisividad. Estos civiles armados forman parte del organigrama del Estado con el Plan Zamora, que los incorpora a la estructura de represión, detalló Ponce.

En 2014 varias organizaciones de Derechos Humanos denunciaron en instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que grupos civiles armados reprimían manifestaciones opositoras ante la actitud complaciente de los organismos de seguridad.

Una historia que se repite

Durante las protestas opositoras del año 2014, el 5 de marzo, desde el Cuartel de la Montaña, el Presidente Maduro convocó a los colectivos para reprimir las manifestaciones.

“Hago un llamado a las UBCh, a los consejos comunales, a las comunas, a los colectivos: candelita que se prenda, candelita que se apaga”.

Marco Antonio Ponce recalcó que los colectivos cada vez actúan con más violencia e impunidad y toman mayor protagonismo para callar a la sociedad civil. Tienen carta blanca para cometer cualquier fechoría porque cuentan con el respaldo del Ejecutivo.

No hemos visto que estén tras las rejas, sino que al contrario están desafiando a las autoridades porque les han hecho críticas. No hay garantías de que no sigan actuando cuando el venezolano salga a protestar, sostuvo.

Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita del 23 de Enero, quien es candidato a la Constituyente por el sector territorial, ha sido señalado, presuntamente, por homicidio, porte ilícito de arma y narcotráfico, y sigue en libertad.

Tras diversos allanamientos en Catia, luego de la muerte de Xiomara Scott en la avenida Sucre durante el plebiscito de la oposición el 16 de julio, Santana responsabilizó a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en caso de que llegara a pasarle algo.

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Por este caso, el Ministerio Público dictó medida de privativa de libertad para tres hombres identificados como José Gregorio Rangel, de 43 años; Gregooriths Solórzano, de 33 años y Yosbe Libera de 22, supuestos integrantes de un colectivo.

El director del Cicpc, Douglas Rico, le respondió a través de su cuenta en Twitter, alegando que el mensaje de Santana parecía un chiste de Emilio Lovera y sin iniciar alguna actuación policial en contra de Santana.

Poder que se extiende más allá de la comunidad

Un residente del 23 de Enero, zona dominada por estos grupos, contó que debe ocultar su posición política por seguridad. Y que ha recibido amenazas por oponerse a Maduro.

Agregó que muchos miembros de colectivos integran los consejos comunales y por eso les quitan las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) como castigo. “Hay mucho miedo por ellos, la gente está descontenta con Maduro pero no se atreve a decir nada porque podrían hacernos algo”.

Pero el poder político de los colectivos traspasa las fronteras de las comunidades en las que están asentados. La presión ejercida por estos grupos ha logrado sacar de sus cargos a figuras con alto rango.

En 2014, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, fue destituido días después del asesinato de José Odreman, miembro del colectivo 5 de Marzo de Cotiza y sucesos relacionados con Juan Montoya, quien fue asesinado el 12 de febrero de ese año, en ataques a una manifestación opositora.

Odreman responsabilizó a Rodríguez Torres por si le pasaba algo, momentos antes de su muerte. Días después fue destituido de su cargo por el Presidente Maduro.

Odreman se encontraba en el edificio Manfredir de Quinta Crespo, el 7 de octubre de 2014, donde se registró un operativo del Cicpc y murió abaleado junto con tres compañeros de otros colectivos. Horas antes de su muerte, había responsabilizado a Rodríguez Torres si le pasaba algo. El  24 de octubre, el ministro fue removido de su cargo y en su lugar fue designada la almirante Carmen Meléndez.

Otro de los “logros” de estos grupos fue la destitución del general Eduardo Serrano Díaz, jefe de Operaciones de la PNB y otro funcionario, en junio de 2016, luego de una protesta en el 23 de Enero, por la detención de varios miembros.

Y más recientemente, está el caso del alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, Bruyerby Suárez, quien fue detenido por funcionarios del Cicpc en flagrancia cuando presuntamente se encontraba encapuchados con colectivos, cometiendo actos vandálicos en un centro comercial.

“Quedó claro por la vocería oficial que están dispuestos a utilizar ese tipo de mecanismos y siempre han amenazado con ello”, Luis Francisco Buttó, historiador. 

El diputado Conrado Pérez confirmó esta versión.

Aunque las autoridades gubernamentales de Aragua sostuvieron que se trató de una confusión, los vecinos aseguran que se encontraba con estos grupos armados.

También son conocidas las historias de allanamientos en casas o zonas en las que colectivos han alertado a los órganos de seguridad acerca de actividad o manifestaciones de opositores.

En el interior del país también han sido responsabilizados en algunas muertes de manifestantes y ataques a civiles que estaban protestando en Táchira, Barquisimeto y otras zonas.

Fotos: Luis Miguel Cáceres, Francisco Bruzco, cortesía Efecto Cocuyo, cortesía Run Runes


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