En documento remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales de la AN refieren la clara y evidente amenaza y riesgos que corren luego de que fueron acusados por el magistrado del TSJ, Juan José Mendoza Olver, de cometer “hechos subversivos que ameritaban persecución penal por encontrarse en flagrancia permanente”.
Caracas. Los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN), designados por el Parlamento para llevar a cabo la evaluación y selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solicitaron medidas preventivas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en razón de las amenazas proferidas por el magistrado del TSJ Juan José Mendoza Olver, quien el pasado 21 de julio advirtió tanto a los diputados de la AN, como a los miembros del Comité y a los aspirantes a magistrados —ya juramentados— de incurrir de “manera flagrante en los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones”.
En documento remitido a la CIDH, Laura María Bastidas Zambrano, Perkins Asdrúbal Rocha Contreras, Juan Carlos Apitz Barbera, Joel Antonio García Hernández, Nelson Rafael Riedi Cabello, Olnar Alberto Ortiz Bolívar y Carlos Segundo Luna Ramírez, miembros de la sociedad civil e integrantes del Comité, refieren la clara y evidente amenaza y riesgo que corren no solo ellos sino también sus familias, toda vez que el “magistrado” Juan José Mendoza, segundo vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala Constitucional, aseguró que con la selección y designación de los nuevos magistrados del máximo juzgado, habrían incurrido en “hechos subversivos que ameritaban persecución penal” por encontrarse en “flagrancia permanente”, e instó a las autoridades civiles y militares a coordinar las acciones pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional.
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El magistrado Mendoza manifestó que hay toda una asociación entre las personas que cometieron estos delitos, dejando entrever que se cometió el delito de asociación tipificado en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, lo que significa que las posibles instrucciones que iban a ser impartidas a los órganos de seguridad eran la detención inmediata de todos aquellos que participaron en el proceso de selección de los nuevos magistrados.
A tal efecto, en esa misma fecha, en horas de la tarde, uno de los magistrados recién designados, ciudadano Dr. Prof. Ángel Zerpa, fue detenido sin mediar orden de aprehensión en su contra, encontrándose totalmente incomunicado, lo que generó alarma en todos los miembros del Comité que buscan “el restablecimiento del orden constitucional y el Estado de Derecho en Venezuela”.
“Los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, ante el peligro inminente que corren con ocasión a la intervención actual, futura o eventual por parte de las autoridades del Gobierno a través de los diferentes órganos de seguridad del Estado, entre ellos el Sebin, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), solicitan ante la CIDH, se admita la petición incoada en contra de las autoridades responsables del gobierno venezolano y se dicten medidas preventivas cautelares de carácter integral, para ‘proveer la seguridad necesaria’, de protección de la integridad física de cada uno de nosotros, como de nuestra familia; ordenar a las autoridades responsables del gobierno venezolano, abstenerse de ejecutar cualquier acto que lesione, vulnere, menoscabe o suprima Derechos Fundamentales en los ciudadanos que conformamos la sociedad civil, miembros del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional de Venezuela y cualquier otra medida aconsejable que garantice su protección, de conformidad con artículos 23 y 25, numerales 1, 2, 3 y 4 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por encontrarse claramente en situación de urgencia extrema e inminente vulnerabilidad de sus derechos fundamentales”; reza la solicitud.
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Los solicitantes basan su petición ante la CIDH, bajo la amenaza de violación de Derechos Fundamentales por parte de representantes del gobierno de Venezuela, que conlleva a la flagrante violación de los artículos 1, 18, 25 y 26, relativos a las Garantías de Derechos Fundamentales, consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la cual Venezuela es Estado circunscrito a la aplicación de esta legislación de carácter internacional y, por consiguiente, debe garantizar a sus nacionales el pleno goce y ejercicio de los derechos, como el derecho a la Seguridad y Libertad Personal, derecho a la Justicia, derecho a la protección frente a una detención arbitraria, y derecho al debido proceso.
“Es importante recordar que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fecha 05 de agosto del 2008 (Caso Apitz, Rocha y Ruggeri contra el Estado Venezolano), emitió decisión en la cual dictó medidas de protección para quienes actualmente también son miembros de este Comité de Postulaciones Judiciales, pues se trataba de una persecución y atentado en contra de dos personas que en la actualidad ya están protegidas por este organismo internacional al que hoy acudimos“, señalan.
Foto referencial: cortesía CIDH
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