Los representantes de las etnias temen que en la explotación del oro y otros minerales no se respetarán las zonas donde están esos pueblos.
Puerto Ayacucho. El Arco Minero molesta a los pueblos indígenas. La decisión del Gobierno de crear empresas mixtas y ceder áreas en Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro para explotar oro y otros minerales incumple con la Constitución, a juicio de los representantes de las organizaciones que defienden los derechos de los indígenas.
Claudia Álvarez, de la etnia Piaroa y miembro de la Organización de Mujeres Indígenas Autana, asevera que el Arco Minero tiene un impacto para las comunidades, porque esa actividad puede afectar las áreas donde habitan los indígenas. “Existe una amenaza. El artículo 120 de la Constitución Nacional es claro y el Gobierno tiene que cumplirlo”.
Tras la caída de los ingresos petroleros, en febrero el Gobierno arrancó con la entrega de bloques para la explotación de oro, lo cual no fue consultado, según los representantes de las etnias. La Carta Magna establece que “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos, e igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades respectivas”.
Ponce Colina, de la etnia Yekuana, apunta que “el Estado puede realizar su actividad, pero no puede lesionar a los indígenas y tiene que hacer una consulta. Ya estamos golpeados por la minería igual y estas nuevas acciones no garantizan el desarrollo del pueblo indígena”.
Las acciones
En 2011 el Estado nacionalizó la explotación del oro y modificó los marcos legales para contemplar las empresas mixtas. Tras esos cambios, se planteó la conformación del Arco Minero con el fin de aumentar la producción en las áreas manejadas por el sector privado, pero las trasnacionales no aceptaron los términos del Gobierno y la explotación quedó a cargo de Minerven, empresa estatal que fue intervenida en dos oportunidades por problemas de gestión.
Entre 2012 y 2013 el Ejecutivo pactó con China un convenio para la certificación minera y luego retomó el Arco Minero con la participación de Pdvsa, que estructuró la Corporación Minera. Las autoridades anunciaron la conformación de bloques, pero los avances fueron pocos hasta que en febrero de 2016 el Gobierno volvió con dicho programa por el menor flujo de ingresos.
En ese contexto, la administración de Nicolás Maduro firmó dos acuerdos con las empresas chinas Camc Engeerering y Yakuang Group para las labores de exploración en dos bloques. También acordó un convenio con la empresa minera de la República del Congo y autorizó la conformación de una empresa mixta con la canadiense Gold Reserve a fin de solucionar la disputa con esa compañía.
El Arco Minero abarca más de 111.800 kilómetros cuadrados (Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro), donde se encuentran aproximadamente 200 millones de toneladas de bauxita y 44.000 toneladas de oro y diamantes.
A la par de las concesiones, y bajo el argumento de preservar el ambiente, el primer mandatario autorizó el Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico, pero para las comunidades indígenas ese despacho no tiene sentido.
Aquilino Conde, quien trabaja en la defensa de los derechos indígenas, dice que “la minería jamás ha sido ecológica” y al igual que los otros miembros de las organizaciones mencionadas, apunta que “el Estado al no realizar consultas con las concesiones ataca a los indígenas”.
Fotos: Miguel González
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