Con el aumento recurrente del salario mínimo, algunos condominios han precipitado la decisión de salir de su personal. Solo en 2018 el Gobierno ha decretado seis aumentos, lo que ha desatado el temor de algunas juntas de no poder honrar los pasivos laborales que generen sus empleados.
Caracas. La hiperinflación y la pérdida del poder adquisitivo cercan los condominios. El plan de ahorrar gastos para recortar las facturas, pasa, en algunos edificios, por prescindir del personal de consejería, vigilancia y de firmas para la administración de los servicios básicos. Para algunas familias habituadas a la comodidad, la crisis económica pone fin a una vida próspera. En panorama luce complicado para una porción de país asentada en zonas residenciales y que, a juicio de algunos economistas, son los últimos en padecer las consecuencias de la recesión.
De alrededor de 7,6 millones de viviendas que hay en el país, según el capítulo Vivienda y sus Servicios de la Encovi 2015, 10,3 % de los inmuebles corresponde a apartamentos y 26,3% a quintas en zonas urbanizadas. Los montos mensuales de las facturas se multiplican conforme se robustece el clima de incertidumbre y la crisis parece abrumar lo que queda de la entonces clase media. La situación afecta por igual los condominios del este y oeste de Caracas.
Salario mínimo como condicionante
Una residencia que retrata el problema en el centro de Caracas es Boconó, ubicada en Quinta Crespo. Carolina Ferreira, residente del inmueble que agrupa 43 apartamentos, relata que allí la mayoría de los vecinos acordó desincorporar a la conserje para liquidarla y ahorrar gastos administrativos. Pero la decisión, que fue tomada por consenso, ahora ha generado malestar en algunos propietarios, quienes deben asumir el aseo de los espacios comunes.
Con el aumento recurrente del salario mínimo, algunos condominios han precipitado la decisión de salir de su personal. Solo en 2018 el Gobierno ha decretado seis aumentos, lo que ha desatado el temor de algunas juntas de no poder honrar los pasivos laborales que generen sus empleados.
Con la inamovilidad laboral en curso, en nuestro caso tuvimos que negociar el monto de la liquidación de la conserje en tres ocasiones. Hay quienes creen que los pasivos laborales son una carga muy pesada para el edificio y ella comprendió el problema y estuvo de acuerdo con su retiro”, relató Ferreira.
Autogestión que enreda a los condominios
El temor, fundado en la inflación, lleva a un sinnúmero de residencias a poner fin a sus contratos con la promesa de autogestionar los servicios, una tarea que genera discordia entre quienes se niegan a restarle holgura a sus días y los que están dispuestos a recortar el pago de los condominios. En el caso de Residencias Boconó, Carolina Ferreira cuenta que también despidieron a la administradora. Ahora deben reponer el material de limpieza, las bolsas negras y los bombillos para mantener los espacios comunes.
Pero la estrategia de autogestionar los espacios comunes no siempre rinde buenos frutos.
Iraida Camacho, presidenta de la junta de condominio del San Judas Tadeo, una residencia ubicada en San Pedro, cuenta que después de liquidar al personal de aseo optaron por contratar a una compañía de mantenimiento, que en lugar de bajar el monto del condominio lo incrementó.
A propósito de ello, la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores enfatiza que la hiperinflación incide sobre la oferta de bienes. Los condominios, una nomenclatura de ciudad que ha sido arrinconada por la pérdida del poder adquisitivo, no están exentos. Se trata de un problema que, en la práctica, se traduce en el deterioro de las construcciones y en la falta de mantenimiento.
Al igual que en Residencias Boconó, en Quinta Crespo, donde 50 % de los propietarios están morosos con el condominio, el rezago de los pagos no deja de ser un problema. Igual sucede en los edificios ubicados en zonas que gozan de cierta exclusividad. Cristian Jiménez, habitante del edificio El Rosal, en Bello Campo, cuenta que los vecinos han incumplido sus propios acuerdos para reparar las filtraciones. “En una reunión la mayoría propuso pagar cuotas especiales en dólares, pero no todos los residentes están en el país y los que promovieron esa decisión son los primeros que incumplen”, comenta.
Morelvis Acosta, una vecina de la avenida Victoria, que presume su experiencia en la administración de condominios, cuenta que en condiciones económicas como la que atraviesa Venezuela, lo ideal es que las familias puedan salvar el poder adquisitivo de los condominios con moneda dura, pero no todas tienen acceso a divisas.
“Nuestros ascensores tienen casi dos años dañados y la empresa nos está cobrando la reparación en dólares. La nueva junta de condominio asomó la posibilidad de pagar en divisas, pero eso no es viable. Ni siquiera las familias que tienen familiares en el extranjero reciben dólares”, aclara la vecina. Acosta asegura que la mayoría de los dueños son personas de la tercera edad, jubilados y pensionados, cuyos ingresos se han venido a menos por la crisis económica.
Según la Encuesta Sobre Condiciones de Vida 2017, alrededor de 676.000 núcleos familiares, lo que equivale a 9,7 % de los hogares del país, son receptores de remesas o tienen entre uno y cinco de sus miembros en otras latitudes. El dato delinea las dimensiones de una diáspora sobre la cual pretenden sustentarse algunos condominios. Lismar Flores, de Consorcios XXI, una firma que administra media docena de condominios en Chacao, afirma que las familias priorizan la comida y las medicinas por encima de otros servicios.
El Estado es la opción B
En las residencias ubicadas en Los Jardines de El Valle sobran las juntas que recurren al Gobierno para rehabilitar sus edificios. Lo hacen a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el programa que gana indulto en los edificios de fachadas ruinosas, que son renovadas con algo de cemento y pintura. La uniformidad de las fachadas de los grandes edificios de la avenida intercomunal de El Valle muestra el paso de la novia, un camino de edificios de fachadas simpáticas con graves filtraciones.
Jazmín Camejo, una vecina de la parroquia El Valle, dice ser testigo de ello. De una docena de obras que solicitaron a Barrio Tricolor, solo una fue ejecutada: el arreglo de la fachada. “Cada apartamento tiene un alícuota por material de limpieza, conserje, vigilancia y estacionamiento, pero la gente paga lo que puede y en algunos casos, lo que quiere”, comenta.
La situación es aún más compleja en las ciudades dormitorio. En el Conjunto Residencial El Torreón, en Guarenas, la morosidad compromete los servicios de aseo y vigilancia de la etapa II. Además del pago mensual del recibo, han tenido que aportar cuotas adicionales para comprar las bolsas para recolectar la basura.
Con la crisis en curso, los condominios han tenido que redoblar las iniciativas para sortear el deterioro. Hay repuestos e insumos, coinciden los vecinos, que son importados y que deben adquirirse fuera del país y ello obliga a recurrir a mecanismos extraordinarios de cobro. A juicio de la organización MiCondominio.Com, lo peor ocurre cuando algunas comunidades desconocen u olvidan sus facultades, lo cual acarrea excesos y conflictos que afectan la convivencia.
Fotos: Archivo Crónica.Uno
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