Los integrantes de las organizaciones indicaron que la mora electoral les impide participar en la distribución de los Clap y limita su accionar.

Caracas. Integrantes de los consejos comunales de la ciudad capital expresaron su rechazo a la suspensión de las elecciones para la conformación y legitimación de estas instancias. Explicaron que esto ocasiona inconvenientes para la distribución de las bolsas y cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

El 22 de de julio de 2016, el Ministerio para las Comunas emitió la resolución número 28, en Gaceta Oficial No. 40.950, para la suspensión de las elecciones de los consejos comunales, durante un lapso de 180 días. Sin embargo, integrantes de esas asociaciones denuncian que los comicios siguen sin realizarse.

En el mes de abril de este año está prevista la activación de las jornadas electorales, pero miembros de las organizaciones señalaron que no han coordinado convocatorias para la renovación de las nuevas directivas comunales.

Marco Manzabel, exintegrante del consejo comunal La Gran Parada de la calle Monserrat en Carapita, sostuvo que los integrantes de esa organización se eligieron de forma ilegal.

“En ese tiempo no se hicieron las elecciones. La directiva de ese consejo comunal reeligió por su cuenta a la vocería”, aseveró.

El también dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) calificó de ilegal a la directiva  actual: “Ellos usaron artimañas para imponer una directiva fraudulenta, ahora se mantienen activos pese a que no se hizo la elección electoral” (sic).

Denunció que varios miembros que pertenecían a la plancha de oposición para la jornada fueron expulsados de la organización de manera arbitraria por parte de la nueva directiva que se mantiene activa en el grupo vecinal.

Manzabel manifestó que la suspensión de las elecciones, emitida por el Ministerio de las Comunas, es una medida para obstaculizar y colocar más trabas en la renovación de las vocerías del consejo comunal.

“Suspendieron las elecciones porque han perdido popularidad en el sector,  y sabían que ganaría la plancha de oposición. Ese consejo comunal esta ilegalizado”, señaló.

El dirigente puntualizó que los mismos vecinos del sector han denunciado que el consejo comunal no responde a las exigencias de la comunidad con la distribución de las bolsas y cajas de los Clap.

Expresó que el partido ABP realiza jornadas en la comunidad de Carapita con la instalación de una cancha deportiva de básquet, pero hizo patente su rechazo contra el consejo comunal que ha intentado “sabotear” las actividades con los vecinos de la zona.

María González, miembro activo del consejo comunal La Gran Parada, criticó que los directivos electos mantienen sus puestos por más de cinco años. Solo los vecinos que son afectos al oficialismo pueden permanecer en la organización. Ellos expulsaron a miembros por pertenecer a grupos de la oposición, aseguró.

Expresó que la organización no está habilitada para la distribución de las bolsas y cajas de los Comités, lo que dificulta el acceso de los alimentos a los vecinos del sector. Descartó denunciar la situación ante organismos competentes.

“Nadie va a escuchar respuestas de nosotros porque ese sitio está controlado por la misma gente que apoya al Gobierno”, sentenció.

Manuel Palacios, miembro del consejo comunal Domingo Distinto de la Calle Real de Alta Vista en Catia, expresó que mientras unas organizaciones vecinales no renovaron sus vocerías, en el caso de su grupo vecinal se les impidió inscribirse como nueva organización.

Comentó que en junio del año pasado se presentaron problemas para registrar el consejo comunal. Además, aseguró que “estamos de manos atadas con esto, al parecer se dieron órdenes para que se suspendieran las elecciones. Los consejos comunales fueron sustituidos por los Clap”, señaló.

A su vez, indicó que los miembros encargados expusieron la denuncia ante la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal), al Ministerio de las Comunas y al Ministerio Público sin recibir respuesta sobre el caso. Palacios añade que los otros miembros del grupo comunal no tienen expectativas de que la situación se resuelva, con todo, están coordinándose por su cuenta para tomar medidas respecto a la suspensión del registro.

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Evelyn Martínez, dirigente comunitaria de la parroquia Antímano, contó que han recibido denuncias de los vecinos del sector, reclamando que los consejos comunales no están legalizados: “Se han evidenciado muchos casos en los que los consejos comunales están vencidos por dos años”.

Agregó que se le asigna a otro grupo comunal de la zona la distribución de las bolsas Clap, lo que ocasiona que la comunidad no pueda recibir los productos básicos. Martínez esgrimió que no hay un control sobre quienes reciben y entregan los rubros.

Esperanza Salazar, miembro del consejo comunal José Rosales en la zona de Alta Vista de la calle Orinoco, en Catia, relató que en el caso de la renovación de las vocerías, su organización logró hacer el proceso electoral un mes antes de la medida publicada en Gaceta. De manera que la se mantienen vigentes, funcionan con normalidad y han recibido recursos para desarrollar actividades con los vecinos del sector.

Entre las actividades llevadas a cabo en la comunidad, destacó los trabajos en conjunto con otras entidades del Estado, como Pdvsa Gas, para las distribuciones de las bombonas correspondientes a los habitantes de la zona. También mencionó la activación del plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor para la remodelación y reestructuración de las fachadas de las viviendas.

Indicó que el grupo vecinal no tiene autorización para la distribución de los Clap en la comunidad debido a que los Comités tienen su propia logística interna para el proceso de entrega de los alimentos en el sector.

Foto: AVN



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