Las asociaciones de Derecho Constitucional de Costa Rica, Ecuador y Perú cuestionan la iniciativa presidencial, por considerar que esta viola el espíritu y letra de la Carta Magna vigente, por cuanto no se consultó al pueblo sobre su idoneidad.
Caracas. Las dudas en torno a la legalidad de la Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro han traspasado las fronteras venezolanas y por ello juristas, catedráticos de Derecho Constitucional y magistrados y exmagistrados de tribunales constitucionales de la región han pedido al Jefe del Estado que dé marcha atrás con su iniciativa.
Cuando restan cuatro días para que abran los colegios electorales a fin de celebrar el proceso donde se elegirán los 545 miembros de la instancia que redactará una nueva Constitución, 19 constitucionalistas ecuatorianos emitieron un comunicado, en el cual le piden al Ejecutivo desistir de sus intenciones, por considerarla “inconstitucional, contraria al Estado de Derecho y a los principios de la Democracia”.
Los expertos, entre quienes se encuentran Hernán Salgado Pensantes, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y Santiago Velásquez Coello, expresidente del Tribunal Constitucional de Ecuador, consideran que el actual proceso constituyente transgrede la Constitución de 1999 pues ella “solo permite tal convocatoria mediante un referendo” previo.
“El Ejecutivo invocó el artículo 348 de la Constitución que no le otorga poderes para convocarla directamente, sino para iniciar los trámites para la convocatoria. Esto es, acudir ante el Poder Electoral para convocar a un referéndum vinculante, para que sea el pueblo venezolano quien decida si se convoca o no tal Asamblea Constituyente” (sic), escribieron, al tiempo que lamentaron que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya avalado esto.
Asimismo, cuestionaron las condiciones fijadas por el Presidente Maduro para elegir a los miembros de la Constituyente, por serle abiertamente favorables. “La representación en la pretendida Asamblea Nacional Constituyente no [es] en base al criterio poblacional, sino en base a la integración con sectores y entidades municipales. Así se violarían los principios de la universalidad, la igualdad del sufragio y conculcaría el derecho del pueblo venezolano a ejercer el poder de decidir sobre la necesidad o no de reformar su carta fundamental y de las instituciones”, alertaron.
En similares términos se pronunciaron los miembros de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, quienes en otro comunicado manifestaron su “profunda preocupación por las constantes violaciones a los Derechos Humanos, al orden democrático y al Estado constitucional que se vienen produciendo en la hermana República de Venezuela”.
Para los juristas peruanos, el Gobierno incurrió en una “grave tergiversación” de la Carta Magna al pretender convocar una Constituyente sin una consulta previa, situación que ha contado con el aval del máximo juzgado; y por ello, también le pidieron dar marcha atrás.
Desde Costa Rica también se han escuchado duros cuestionamientos a la propuesta presidencial. Así, el Instituto Costarricense de Derecho Constitucional la ha calificado de “espuria” y ha reclamado de las autoridades dejarla sin efecto, por constituir “una violación flagrante contra el Estado de Derecho y los principios democráticos que inspiran la Constitución Política venezolana”.
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