La recomendación se produjo a petición de la directiva del Parlamento tras conocerse el fallo de los magistrados en el exilio que exhortó a los diputados a llenar vacante presidencial por un mecanismo no contenido expresamente en la Constitución. En la sesión del martes 21 de agosto, los diputados acordaron iniciar una consulta nacional para promover el restablecimiento de la Constitución.
Caracas. Un mes y medio tardó en hacerse pública la respuesta de la Consultoría Jurídica a la solicitud de la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) para que le extendiera una opinión sobre la sentencia de los magistrados en el exilio de fecha 2 de julio de 2018, en la que se exhortó a los diputados a llenar vacante presidencial por un mecanismo no contenido expresamente en la Constitución.
El documento tiene fecha de emitida el 30 de julio y de recibida en Presidencia el 13 de agosto, pero no fue sino hasta este martes 21 de agosto —6 días después de culminado el juicio contra Maduro— cuando su contenido se hizo de conocimiento público.
La recomendación central de la consultoría es que la AN debe encontrar una fórmula consensuada con los más amplios sectores del país para llenar el vacío institucional que, según los magistrados en el exilio y la propia Asamblea Nacional, se ha generado a partir de la declaratoria de abandono de cargo de Maduro el pasado 9 de enero de 2017, y de su pase a juicio el 17 de abril de 2018.
Tanto la consultoría como los magistrados en el exilio coinciden en que la vacante de la Vicepresidencia se originó por la renuncia de Tareck El Aissami el pasado mes de junio, cuando pasó a ser ministro; y que por haber abandonado su cargo y haber sido pasado a juicio, todo acto administrativo de Maduro carece de validez, incluyendo la dessignación de Delcy Rodríguez como vicepresidente en sustitución de El Aissami.
Señala la oficina jurídica del Parlamento, en manos de Isaura Pacheco Medina en calidad de encargada, que si bien la Constitución prevé varios escenarios de ausencia temporal y absoluta del primer mandatario y cómo suplirlos —unas veces por el vicepresidente ejecutivo y otras por el presidente de la Asamblea Nacional—, el actual es “un caso no previsto expresamente en la Constitución, de ausencia simultánea del Presidente y del Vicepresidente Ejecutivo”.
Esa ha sido una de las objeciones de los diputados de la oposición ante el dictamen de los altos jueces, según lo comentaron a Crónica.Uno recientemente.
En consecuencia, Pacheco Medina recomienda al Poder Legislativo que intensifique las acciones para rescatar la vigencia de la Constitución y del orden democrático: “Para definir con el mayor consenso posible la manera de lograr ese objetivo, la Asamblea Nacional debe realizar una amplia consulta nacional con la participación de representantes de organizaciones políticas y sociales diversas, con las academias nacionales, las Universidades, las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, los gremios y federaciones laborales y empresariales, entre otros sectores. En esa consulta nacional se debe incluir a la fiscal general de la República sobre actuaciones que pudieran emprenderse desde el punto de vista jurídico”.
Sostiene la abogada que la crisis institucional venezolana es de tal magnitud que no basta solo con llenar la ausencia de la presidencia de manera formal o documental, sino que “se requiere una recomposición profunda de los órganos del Estado”.
Pero al mismo tiempo le advierte a los diputados que deben “actuar con sentido de la realidad, pues lo cierto es que la declaración de abandono del cargo fue abiertamente ignorada por el Ejecutivo, como lo ha sido la decisión de los magistrados en el exilio de la suspensión de Maduro en el ejercicio de la Presidencia y de su inhabilitación política”.
Consulta sin fecha ni dolientes
Reglamentariamente el documento emanado por la Consultoría Jurídica no tiene por qué ser llevado a plenaria para su debate. Sin embargo, en el acuerdo aprobado por la plenaria el martes 21 de agosto, donde se ratifica el abandono de cargo de Maduro y se da un espaldarazo político a la condena emitida en su contra por los magistrados en el exilio, los diputados acogen parcialmente la recomendación.
En el último punto del acuerdo, la Asamblea Nacional se compromete a “iniciar, a los fines de suplir efectivamente ese vacío de poder en el marco de la Constitución y de los Tratados vigentes, las consultas correspondientes con todos los sectores de la sociedad venezolana para promover un proceso de restablecimiento de la Constitución”.
Tal consulta, señalan, se realizará conforme a los artículos 333 y 350 de la Carta Magna y acogiendo uno de los mandatos emanados de la consulta popular del 16 de julio de 2017.
No obstante, destaca el hecho de que en esa misma sesión no se definió a una comisión parlamentaria encargada de la consulta, ni se aclaró si la misma sería dirigida por la junta directiva. Tampoco se fijó un plazo para recabar las recomendaciones, ni se estableció el procedimiento consultivo, a diferencia del procedimiento aplicado en noviembre del año pasado a propósito de la consulta nacional sobre la pertinencia del diálogo político con el Gobierno, cuando todos los aspectos antes señalados fueron especificados.
¿Consulta el Frente o la AN?
Crónica.Uno preguntó al jefe de fracción de AD, Edgar Zambrano, sobre la instrumentalización de la consulta. El diputado larense consideró que “el Frente Amplio Venezuela Libre sería el canal más idóneo para canalizarla”.
Acotó que “vista la situación sobrevenida en la que nos encontramos, tenemos que valorar cuidadosamente el momento idóneo para iniciar esta consulta”.
Otros diputados que pidieron no citar su nombre, indicaron que dicho proceso “debería ser adelantado por la Asamblea desde la Asamblea”.
Entretanto, la fracción 16-J, que durante todo el mes de julio y agosto remitió al menos 7 comunicaciones a la directiva exigiendo un pronunciamiento sobre el exhorto de los magistrados a llenar la vacante presidencial, respondieron a Crónica.Uno que no han analizado la recomendación de la consultoría.
“Con relación al informe de la consultoría jurídica, la fracción 16-J no se ha reunido, no tiene una posición, no le ha preocupado observar los reparos que tiene por ahora. Vamos a reunirnos próximamente. En mi caso particular considero que esa opinión no es relevante para el perfeccionamiento del acuerdo aprobado el 21 de agosto”, dijo la jefa de fracción de ese bloque, Dignora Hernández (VV-Monagas).
Consulte aquí el texto completo emanado de la consultoría jurídica.
Foto archivo Crónica.Uno, Luis Miguel Cáceres
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