Militares, abogados y biólogos discutieron las razones por las que la explotación minera arriesgaría la soberanía del país y vulneraría derechos constitucionales, además de mutilar la fauna y flora en el país.

Caracas. Las denuncias de Mayor General y excomandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana, Cliver Alcalá, siguen siendo críticas y tajantes. En un foro que organizó la Asociación Civil Visor 360 para debatir si el decreto del Arco Minero vulnera derechos humanos, Alcalá advirtió:

“Nos cercena un territorio y pone a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a ser un vigilante de esas grandes empresas que no tienen ni sustento financiero en el mundo, sino que pretende que nosotros se lo demos para continuar depredando el territorio nacional (…) Se juega, además, la soberanía nacional y seguridad fronteriza del país: un total  2800 kilómetros  de esa frontera”.

En su intervención, el Mayor recordó que anteriormente, por disposición del presidente fallecido Hugo Chávez, se elaboraron dos decretos que impedían la actividad minera en esa área. Sus palabras coincidieron con los argumentos de Ana Elisa Osorio, ex ministra del Ambiente y miembro de la Plataforma Ciudadana por la Nulidad del Decreto del Arco Minero del Orinoco, quien recordó que el Gobierno ha hecho uso del término de “ecosocialismo”, pero asumió la explotación minera aún cuando el expresidente sentenció: “Mientras yo esté vivo eso [el oro] se mantiene bajo tierra”.

El gobierno del fallecido presidente Chávez hizo bandera de “lucha ecológica” con la expropiación y cancelación de actividades por perjudicar a las comunidades indígenas. Chávez se refirió a la empresa Gold Reserve, Inc. y a la empresa Crystallex, quienes explotaban los yacimientos Las Brisas y Las Cristinas, las cuales son las que llaman a participar de la explotación de las riquezas de la zona.

La Asamblea Nacional advirtió el año pasado que el Arco Minero abarca una amplia zona de gran biodiversidad que está protegida por decretos de reserva forestal: Imataca de 3,8 millones de hectáreas; La Paragua y El Caura con 5,1 millones hectáreas, monumentos naturales como el caso de Guanay decretados en 1991. También la Cuenca del Caroní de 96.000 kilómetros cuadrados, que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país y generadora de 60 % de la energía hidroeléctrica que alimenta la represa de Guri y el complejo hidroeléctrico.

Osorio además precisó que esta explotación de oro profundizará el modelo rentista, no solo petrolero, sino ahora minero. Además de la pérdida de capa vegetal que llevará a incrementar cambios climáticos y  cambios de régimen de las lluvias.

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Problema social

El biólogo Gustavo Montes, especialista en problemática ambiental de Venezuela, explicó que previo al Decreto del Arco Minero, ya en el año 2000 había un daño severo en la zona de 5672 kilómetros cuadrado y en 14 años el daño se agrandó a 34.498 kilómetros cuadrados; otros 7975 kilómetros presentan daño moderado y 12.999,50 kilómetros daño leve.

“No solo existe el Arco Minero sino la Corporación Venezolana Faja Diamantífera del estado Bolívar que está parcialmente superpuesta que afectaría a ocho poblaciones indígenas, cinco reservas forestales,  4 áreas boscosas, zonas protectoras y una zona de seguridad fronteriza”, dijo Montes a los presentes.

El abogado Freddy Gutiérrez, quien participó en la asamblea constituyente de 1999, desmenuzó las razones por las que el decreto es inconstitucional y alertó que con este los derechos civiles y políticos se amputan en el país.

“Se trata de una acto reglamentario del señor Presidente que arrolla de modo abierto la Constitución. Contraviene cuestiones que atañen la soberanía porque tiene que ver con tierra, áreas marinas, áreas vitales en su artículo 11. Tiene que ver con la gente también y la Constitución que reside intransferiblemente en el pueblo. En ese ese sentido, no es al señor Presidente de la República a quién le corresponde adelantar una iniciativa de amputar 112.000 kilómetros cuadrados. Eso es contrario a la carta fundamental que se acordó en 1999”, detalló

Además de no proteger la diversidad biológica, monumentos naturales y parques nacionales. Tampoco se les consultó a los pueblos indígenas, no hubo actos licitatorios y el Presidente se atribuye el poder de exonerar de impuestos en las actividades mineras.

El abogado sostuvo que se prohíbe la creación de sindicatos por lo que las condiciones de trabajo no estarían garantizadas. Agregó que queda en riesgo cualquier periodista que adelante opiniones o un investigador que adelante un examen sobre lo que ocurre en ese espacio.

“Todos los derechos civiles y políticos están en riesgo y nosotros, como sociedad, debemos tener un alerta para que no sean amputados del alma de la República”, concluyó Gutiérrez.

Foto: Yolvik Chacón Valero


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