Manuel Galindo aseguró que su decisión de intervenir la instancia que tiene que velar por el buen uso de los fondos del Parlamento, la adoptó cumpliendo las instrucciones que le giró la Sala Constitucional en su sentencia número 7.
Caracas. Una mano lava la otra y dos lavan la cara. El contralor general de la República, Manuel Galindo, apeló a este castizo refrán y, tras actuar contra la Asamblea Nacional (AN) por instrucciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ahora le solicitó al máximo juzgado que le ayude a imponer su decisión, así sea con la ayuda de la “fuerza pública”.
Galindo acudió la mañana de este miércoles a la Sala Constitucional para denunciar el supuesto desacato en el que ha incurrido el Parlamento al impedir que Mayren Díaz Ríos, a quien la semana pasada nombró como auditora interventora del Legislativo, asuma su cargo; y para pedirle, a través de una medida cautelar, fuerce al organismo a acatar dicha designación.
“Con el amparo cautelar que presentamos hoy, el TSJ tiene un lapso de 48 horas continuas para tomar una decisión y obligar que reciban a la auditora interventora, de ser posible con la fuerza pública”, declaró el funcionario una vez consignada su petición.
Esto implicaría que agentes de la policía, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ingresarían al edificio de Pajaritos, sede administrativa de la AN, para asegurarse de que la nombrada asuma su cargo.
Después de asegurar que no intervino la Dirección de Auditoría Interna del Parlamento por “un capricho”, sino que cumplió una orden que le dio la Sala Constitucional, en su sentencia número 7, el contralor defendió la legalidad de dicha medida:
“Es necesario aclarar a Venezuela y al mundo que la Contraloría tiene competencia para intervenir todas las unidades de auditoría interna del país, en todos los órganos y entes de la administración pública, inclusive en los entes descentralizados, como podrían ser fundaciones, corporaciones, asociaciones y cualquier otra figura”, afirmó, luego de aseverar que “las unidades de auditoría interna en los tres niveles de gobierno dependen de manera directa del sistema de control fiscal y no de las máximas autoridades de los órganos y entes para los que prestan servicio”.
La defensa que Galindo hizo de sus potestades en este caso contrasta con el silencio que ha guardado frente a la sentencia número 1421 que el pasado 15 de diciembre dictó la Sala Político Administrativa. En dicho fallo, el máximo juzgado le arrebató a la Contraloría la potestad de controlar a las fundaciones, empresas y demás organismos descentralizados militares y se la asignó a la Contraloría de la Fuerza Armada.
En la Sala justificó su decisión alegando que “tal control (…) obedece a la especialidad del Sector Defensa, que involucra a la Fuerza Armada y demás entes u órganos vinculados con la misión de dicha organización militar, y que por ello mismo exige de un órgano de control especializado; de allí que pueda sostenerse que la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional ejerce la rectoría del control fiscal en el Sector Defensa”.
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Ni por cortesía
Galindo le salió al paso a las quejas de la directiva de la AN en relación a que su despacho no les había notificado oficialmente de su decisión, alegando que no estaba en la obligación de hacerlo.
“Los diputados electos o ningún diputado electo tiene el conocimiento ni la atribución suficiente solicitar que se le presente el escrito que inicia el procedimiento de intervención ante la Junta Directiva”, dijo, al tiempo que agregó: “Este es un acto de carácter administrativo y no legislativo”.
Sin embargo, el Contralor no dudó en advertirle a los diputados que su actitud acarreará consecuencias, las cuales “pueden estar desde una multa hasta inhabilitación, si fuera el caso”, apuntó.
Asimismo, confirmó que el hasta ahora auditor, David Solórzano, había sido destituido: “El contralor decidió intervenir la Dirección de Auditoría Interna de la AN sin procedimiento previo alguno, por cuanto el auditor saliente, ya removido de su cargo, es interino. El ciudadano David Solórzano de manera directa y sin necesidad de procedimiento fue destituido y sustituido por una auditora interventora”, dijo sin precisar los motivos ni razones.
Desde el año 2000, el Parlamento no ha designado por concurso a su auditor interno, tal y como mandan las normas dictadas por la Contraloría, organismo que, sin embargo, durante todo ese tiempo no hizo más que recomendaciones y observaciones. Una de las últimas fue en su informe de gestión correspondiente a 2011, donde instó al organismo a “tomar las previsiones pertinentes a los fines de que sea convocado el concurso público”.
El lunes, en un comunicado, la directiva encabezada por el diputado Julio Borges aseguró que lo haría a la brevedad posible.
Foto referencial: AVN
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